Vecinos y vecinas de los barrios Los Pinares y Los Crespones de la localidad de Cerrillos vienen advirtiendo ya desde noviembre de 2020 que la empresa Metalnor quiere instalar allí una planta de fundición de metales que denuncian podría acarrear problemas ambientales y a la salud de los pobladores.
Pese a que llegaron hasta la Secretaría de Ambiente de la provincia con sus reclamos y el Concejo Deliberante realizó una audiencia extraordinaria a finales de diciembre pidiendo más estudios, la firma sigue levantando un enorme paredón de más de 1.000 metros de largo a escasos metros de las viviendas con el visto bueno de las autoridades municipales. La Municipalidad de Cerrillos adujo que como cualquier vecino, la empresa es libre de cerrar su predio.
A través de una nota que presentaron en la Secretaría de Ambiente provincial en noviembre último, y que acompañó el diputado local Gonzalo Caro Dávalos, a finales de ese mes los vecinos lograron que como principio precautorio se paralizara la obra por unos días, “pero fueron los titulares de Metalnor los que trajeron la autorización por parte del municipio para levantar ese paredón”, dijo a Salta/12 el subsecretario de Ambiente provincial, Normando Zuñiga.
El funcionario recordó que ese organismo puede realizar observaciones pero que el visto bueno final lo dan las autoridades municipales en caso de que cuenten con una ordenanza particular y un Plan de Desarrollo Urbano Ambiental (PIDUA), y Cerrillos cuenta con ambas herramientas desde hace algunos años.
Eduardo Soria, un vecino que vive justo frente a la tapia de cinco metros que está levantando la empresa, aseguró que no solo se oponen a ese emprendimiento en pleno desarrollo urbano en donde habitan miles de personas, sino que la estructura que están construyendo no tiene las condiciones necesarias y ya hubo derrumbes, “se le puede caer en la cabeza a cualquiera de nuestros hijos”, “está a solo seis metros de nuestras casas”, agregó mientras mostraba fotos para dimensionar el riesgo que conlleva.
Asimismo, resaltó que los paredones están construídos de una manera tan precaria que temen por los vientos que llegan con más fuerza a partir de la mitad del año, "estos se cayeron solitos en diciembre con una lluvia, en julio o agosto con el viento se van derrumbar todos", enfatizó.
Otra vecina, Claudia Villalpando, también denunció la precariedad de esa construcción y subrayó que “ni siquiera espacio para el cordón dejaron”.
Pero el principal motivo por el que se oponen quienes allí viven con sus familias es el temor por el daño ambiental y el deterioro a la salud que pueda provocar la instalación de una planta de fundición de metales en donde además se acumulará chatarra. Villalpando, que además trabaja en la Secretaría de Ambiente, advirtió que ya saben que allí quieren instalar dos hornos eléctricos de fundición, “que son más contaminantes y peligrosos que los de gas”, porque el mismo propietario de Metalnor, Diego Yobi, lo habría admitido en una reunión que mantuvieron junto a la intendenta y los concejales a finales de diciembre, "y la misma Yolanda Vega lo dice en cada entrevista que da", añadió Soria.
La vecina agregó que antes de comenzar con el cierre perimetral de las 44 hectáreas, desmontaron toda la zona sin siquiera un pedido de autorización, “era monte que se estaba recuperando, ahí había iguanas y pavas”, lamentó.
Por eso mismo acusan a Vega de actuar en connivencia con la empresa al permitirle avanzar sin los permisos y la aprobación previa de los estudios de impacto ambiental. A la reunión extraordinaria convocada por el Concejo Deliberante local el pasado 22 de diciembre, asistió el coordinador de Obras Públicas, el ingeniero de la municipalidad, quien habría contestado a los vecinos que no se dispuso ningún cartel informando de la obra “porque no había obra, sino una construcción de un paredón y un obrador”.
Tanto Villalpando como Soria aseguran que detrás del alto muro están haciendo algo más que un obrador, y que están avanzando con las instalaciones, “desde la ruta se puede ver que están haciendo una plataforma de unos 60 por 30 metros y con 20 centímetros de hormigón”, indicó el vecino. Ambos subrayaron que la única vez que la empresa les mostró algún papel con un estudio de impacto fue en un encuentro con la misma intendenta, pero que el documento que esgrimían los representantes de la firma “no estaba firmado por nadie que se haga cargo del estudio y tampoco tenía el aprobado correspondiente”.
Los dos vecinos consultados por este medio coincidieron en que no quieren perjudicar a la firma, “pero no puede instalarse una industria de esa magnitud en medio de las viviendas, se tienen que ir a un parque industrial”.
De hecho, el primer proyecto de Metalnor estaba dirigido hacia la zona industrial de General Güemes, sin embargo, no pudo avanzar porque la disponibilidad de hectáreas que ofrecían en esa localidad no cubría las necesidades del emprendimiento. Así lo confirmó Gustavo González, subsecretario de Industria de Salta y a cargo de la intervención de los Parques industriales de la provincia. “El proyecto industrial incluso ya estaba aprobado”, dijo a el funcionario, “pero no les alcanzaba la extensión del terreno porque necesitaban más”, añadió.
El coordinador de Obras Públicas municipal, Carlos Infante, dijo a Salta/12 que la empresa, como cualquier titular dominial, “está en todo su derecho” de realizar la demarcación de su terreno con un tapiado, y que allí no puede intervenir el municipio. Pero negó rotundamente que se le haya permitido avanzar en otro tipo de construcción, “lo único que se les aprobó son los planos para levantar dos galpones en donde depositarán materiales”, contó.
El funcionario aclaró que no permitirán ningún tipo de desarrollo industrial hasta que las autoridades de Ambiente e Industria de la provincia no den su visto bueno a los estudios de factibilidad presentados. Confirmó que el PIDUA municipal permite ese tipo de explotación en esa zona del pueblo pero resaltó que no entiende a quienes se oponen a “que una empresa se pueda instalar y generar trabajo y desarrollo en medio de esta crisis en la que vivivmos”.
Flojos de papeles
Los habitantes de la zona que se oponen a la radicación de la planta de fundición también cuestionan el supuesto poco sustento legal que tendría la firma para poder establecerse.
Hasta aquí, no pudieron mostrar ningún estudio de impacto ambiental sustentable. A la Secretaría de Ambiente de la provincia, luego de haber paralizado las obras por unos días, llegó un estudio de impacto ambiental que presentó Metalnor en la municipalidad cerrillana “pero sin la factibilidad del uso del suelo”, es decir, un examen que diga si se puede o no realizar una explotación en un lugar urbanizado y cuáles serían los daños que genera, algo que para el subsecretario de esa cartera, Normando Zuñiga, según el PIDUA de Cerrillos y la normativa que rige allí desde 2016, sería posible. Ese año se cambió la categorización de la zona de la ruta provincial 26 de urbana a mixta.
Pero tampoco presentaron el informe de avance de obra, que determina si allí hay que evaluar lo que la empresa quiere realizar “o si hay que hacer una auditoría de lo que ya hicieron”. Por lo que todo el estudio volvió al municipio para que se complete la documentación.
Zúñiga reiteró que el organismo provincial competente en la materia es “solo un apoyo para los municipios que no tienen capacidad para realizar los estudios”, y que ellos devuelven observaciones con la “factibilidad”. Pero si al analizar la situación determinan que se puede producir un impacto “no mitigable”, se realiza una advertencia “y se recomienda no aprobar el proyecto”.
Por otro lado, desde la Secretaría de Industria, esperan el análisis que realizará Ambiente para luego evaluar el Proyecto Industrial y entregar su visto bueno.
Por último y quizá el dato más llamativo y que subrayaron los vecinos de la zona, tiene que ver por un lado con un servicio esencial como la luz: el 10 de diciembre, Edesa contestó que al no registrar ningún pedido de factibilidad, no tienen habilitado el servicio. “Se cuelgan de la luz para trabajar, y lo mismo hacen con el agua”, sostuvo Claudia Villalpando.
Pero por otro lado, y quizá aún más preocupante, es la situación laboral de los obreros contratados para realizar el supuesto obrador y la tapia. Villalpando y Soria aseguran que ninguno de ellos está registrado, y que en una inspección realizada por la Secretaría de Trabajo de la provincia, “los operarios disparaban para esconderse en el medio del monte” por miedo a perder su fuente laboral.
