Una tercera pericia balística en la causa donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido en noviembre de 2017, estableció que el proyectil que lo mató salió de un arma que pertenecía a otro integrante del grupo Albatros y no al que hasta ahora había sido identificado como posible autor del disparo. Las idas y vueltas en la causa, que lleva más de tres años, perpetúan el riesgo de que sigan sin establecerse quién o quiénes fueron responsables, aunque lo que el resultado de este estudio deja en claro es que hay responsabilidad estatal y que los hombres de Prefectura que ingresaron al predio donde se encontraba la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu desplegaron una cacería que terminó con la vida de “Rafita”, como lo recuerdan al joven asesinado, acribillado por la espalda. Antes de nuevas definiciones sobre la situación de los prefectos implicados se hará un análisis comparativo de las pericias.

La causa tramita en la justicia federal de Bariloche y el primer juez que tuvo, Gustavo Villanueva, encomendó la pericia inicial al experto Roberto Nigris. Como el papel de la Prefectura estaba claramente en la mira, se evitó la intervención de cualquiera de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio por entonces al mando de Patricia Bullrich. Aquella pericia mostró una compatibilidad entre el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel y las huellas que dejaban en las balas los disparos desde el arma que había estado asignada aquel 25 de noviembre de 2017 al cabo primero Francisco Javier Pintos. Era un subfusil MP con el número de serie B 05-C335508. Pintos fue procesado por homicidio agravado, pero apeló y su planteo central era que no había utilizado ese fusil.

Pese a que el cabo acusado no pidió ninguna nueva pericia, el juez dispuso su realización y en esa segunda oportunidad la encomendó a la Gendarmería, que no analizó todas las armas secuestradas (que son una veintena) sino la atribuida a Pintos y otra más. La conclusión fue que la bala que mató a Rafael no era de ninguna de ellas. En el ínterin la Cámara de Casación desprocesó al cabo Pintos. Todos los implicados están con falta de mérito, lo que implica que no hay definición y se los sigue investigando. Fueron seis los Albatros que desplegaron la persecución en el predio de la comunidad mapuche y que terminó en el asesinato. Quien le disparó al joven estaba a 700 metros de la ruta, ya arriba de la montaña, y gatilló desde atrás, según mostró claramente la autopsia, lo que implica que Nahuel huía, no lo estaba atacando.

Así las cosas, el juez que interviene actualmente, Gustavo Zapata, ordenó una tercera pericia al Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, un organismo especializado que suele hacer este tipo de estudios en casos resonantes. Lo que se hace es disparar las armas utilizadas en el hecho real y observar con microscopios y otros instrumentos muy precisos las marcas y estrías que deja sobre los proyectiles. Para sorpresa de la mayoría de las partes, el resultado de este análisis lo que concluyó es que la bala alojada en el cuerpo de Rafael Nahuel había salido de una pistola Beretta modelo 92 con el número de serie 05-P833327. Es la que tenía asignada el cabo primero Sergio Cavia, sobre quien ahora se trasladan las sospechas. Cavia tenía falta de mérito, igual que el resto. Los fusiles y las pistolas que llevaban los prefectos el día del asesinato todos usaban proyectiles de 9 milímetros.

A partir de estos nuevos resultados el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, pidió las nuevas medidas de cotejo entre esta última pericia y la primera del perito Nigris. Lo que se hará es comparar las balas que se dispararon en cada una de las pericias para despejar todas las dudas posibles.

Como es previsible, la defensa de Pintos anunció que iniciará accione civiles contra quienes comprometieron a su cliente. El abogado de Pintos es Marcelo Rochetti. Como informó el periodista Santiago Rey en el sitio “En estos días”, fue jefe de gabinete de Cristian Ritondo en el ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires y abogado del Rafael Di Zeo durante la presidencia de Daniel Agelici en Boca. Rey plantea dudas sobre la segunda y la tercera pericia ya que no estaría claro si efectivamente el proyectil supuestamente que se cotejó y peregrinó de un lado a otro era realmente el original que causó la muerte de Nahuel.

De lo que no quedan dudas es de la responsabilidad del Estado en el asesinato y la persecución del grupo Albatros, pero habrá que ver de qué modo eso queda reflejado en la causa.