Miembros de la Comunidad Wichí Árbol Solo lograron hablar ayer con un técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y pidieron agilizar la aprobación de la carpeta técnica territorial y la cartografía que enmarca su territorio.
Sin embargo, solicitaron por nota a la titular del INAI, Madgalena Odarda, que les envíe la copia de la carpeta antes de su aprobación. El pedido se motiva en la diferencia entre la cantidad de hectáreas que mencionó el técnico de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, Rafael Montaña, como reconocidas de propiedad ancestral en el relevamiento que realizó la provincia y las que la propia Comunidad considera como parte de su territorio. Si en una semana no obtienen respuestas, los integrantes de la Comunidad anunciaron que volverán a cortar la ruta nacional 81 que conecta con Formosa y con Paraguay.
Árbol Solo se encuentra ubicada a 5 kilómetros de Hickman, pueblo de Embarcación, sobre la ruta nacional 81, dentro del departamento San Martín. Según se pudo conocer, los titulares registrales que reclaman las tierras como suyas son integrantes de la empresa AGV Obras y Servicios, con quienes la comunidad ya fue a mediación sin lograr acuerdos. Según la cédula parcelaria, esta empresa tiene la titularidad del 75% de estas tierras, el porcentaje restante sería de una persona oriunda de España. Estos titulares registrales compraron las tierras en 2010.
El niyat (cacique) de la Comunidad, Fidencio Flores, aseguró que el territorio de uso ancestral alcanza unas 6 mil hectáreas. Pero en un diálogo anterior con Salta/12 Montaña aseguró que en 2017, cuando el Equipo Técnico Operativo (ETO) de la provincia realizó la demarcación del territorio, se registraron unas 400 hectáreas como de uso tradicional de los integrantes de Árbol Solo. El relevamiento se hizo en el marco de la ley 26160, de Emergencia Territorial Indígena.
Este jueves Javier Pinto, técnico territorial del INAI en la zona, fue hasta la Comunidad con el fin de escuchar las quejas de los originarios. Al hablar con este medio, dijo que se solicitó al INAI el envío de un informe preliminar de la carpeta técnica para tener claridad sobre lo que se volcó allí en 2017. “(La carpeta) Se hizo en pleno macrismo”, dijo Pinto al deslizar que en ese momento se filtraban intereses empresarios. Además, con el informe se busca conocer cuáles son las causas de la demora para que se formalice el relevamiento territorial de la comunidad.
Flores, por su parte, graficó la situación que deben atravesar las comunidades cuando los empresarios llegan con los papeles en el que se imprime la compra de las tierras y que son emitidos desde la Dirección General de Inmuebles de la provincia. “Te dicen ‘vos no tenés papel’, y entonces la Policía está de su lado y así empiezan a desmontar”, detalló el líder. En este caso la Comunidad viene denunciando que la empresa que disputa las tierras tiene previsto realizar un desmonte para instalar un feedlot.
Estas situaciones se podrían replicar, pues en lo que va de enero la Provincia ya convocó a audiencias públicas de desmonte por más de 21 mil hectáreas.
Al ser consultado sobre esta circunstancia, Pinto indicó que en el INAI se busca impulsar un servicio jurídico para las comunidades. Añadió que también se evalúa contar con un área de ambiente dentro de este organismo.
Los desmontes afectan a los habitantes originarios de forma directa. Cada vez que hay un desmonte en un lugar donde hay un asentamiento indígena, la comunidad recién toma conocimiento cuando las topadoras ya arrasaron con la vegetación.
Las audiencias públicas por pedidos de autorización de deforestaciones no son comunicadas y, además, suelen carecer de un traductor para facilitar a los habitantes originarios el entendimiento de todos los informes técnicos incluidos en los expedientes. Solo en aquellas audiencias que logran difusión y suelen causar revuelo se dispone de una persona que pueda traducir del castellano al wichí.
