Personas que se desempeñan en los dispositivos proteccionales de la Secretaría de  Niñez y Familia se movilizaron ayer exigiendo su regularización laboral y un aumento de sus salarios. En su mayoría son mujeres, muchas sostienen sus hogares y se desempeñan en los centros de Primera Infancia, los hogares estatales o en los equipos técnicos, aunque no están registrados. 

Según informaron, alrededor de 560 trabajadores y trabajadoras de éstas áreas se encuentran en situación de precariedad laboral. El gobierno solo les ofrece contratarles como monotributistas, incluso a quienes ejercen la jefatura de los hogares estatales. También trabajadoras de la Secretaría de Discapacidad manifestaron sus reclamos.

Los dispositivos proteccionales dependen de la Secretaría de Niñez y Familia que a su vez está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular es Verónica Figueroa. Por otro lado, la Secretaría de Discapacidad depende del Ministerio de Salud.

Delegadas y un delegado elegidos en asamblea entraron a la Casa de Gobierno con un petitorio. Allí dialogaron con el secretario de gestión de Recursos Humanos, Eilif Riisse, y con la contadora Lourdes Azcarate, quienes les mostraron un acta digitalizada firmada por los gremios. 

"Nosotros íbamos con la idea de pedir el pase a designación temporaria, nos queríamos cerrar en eso para tener aguinaldo, ART y obra social, pero nos dijeron que ATE y UPCN ya habían firmado", contó a Salta/12 Tatiana Castellanos, trabajadora de un CPI (Centro de Primera Infancia). "Estamos en un plan de lucha por algo que ya está firmado", lamentó. Los gremios estaban en una negociación salarial y llegaron a un acuerdo. Estos trabajadores, que se denominan autoconvocados, consideran que esa acta les dificulta la continuidad de sus reclamos. 

Por su lado, ATE informó que representan a monotributistas afiliados a este gremio, no a los autoconvocados. También explicaron que firman lo que se decide en asamblea pero aseguraron que aún no lo hicieron. Hoy hay otra audiencia en la Secretaría de Trabajo.

El psicólogo Matías Zurita, monotributista autoconvocado que integra los equipos técnicos de la Secretaría de Niñez, contó que pedían que anulen los contratos porque recibían presiones para firmarlos y reclamaban designaciones y el pase a planta permanente. "Viendo la imposibilidad de seguir por ese camino, planteamos cuestionamientos al contrato que nos ofrecen", dijo.

Sostuvo que el Estado puede realizar las designaciones pero para eso debe haber voluntad política. Para hoy está prevista otra reunión en el Grand Bourg. Zurita dijo se obtuvieron algunos logros con la movilización y el diálogo de ayer. El gobierno ofreció hacerse cargo de una parte de la carga impositiva de la AFIP, $1800, y el resto correría por cuenta de los trabajadores. En vez de ser anuales, los contratos serían de 6 meses para dar lugar a que a mediados de año una discusión por la recomposición salarial a mediados de año. "Otra de las cosas, que pedimos es un incremento de la grilla salarial que ofrecen actualmente porque nunca hubo una discusión. El Ministerio la impuso", sostuvo. También solicitaron un bono por haber prestado servicios en la pandemia como trabajadores y trabajadoras esenciales. 

Castellanos sostuvo por su parte que ve una mejora sobre la base de lo que conversaron con el gobierno: "tenemos esperanza de que después nos puedan pasar a designación temporaria", afirmó.

Las trabajadoras de los hogares contaron que hay al menos tres jefas con antigüedad de 7 o 3 años a quienes presionaron desde la Secretaría para firmar contratos como administrativas u operadoras, les pagarían $28 mil pero deben seguir asumiendo las funciones y responsabilidades de la jefatura. Además informaron que los hogares no cuentan con la infraestructura edilicia necesaria para la protección de niños, niñas y adolescentes y en algunos casos ni con los elementos de higiene necesarios. 

En plena pandemia, las operadoras contaron que el Ministerio no les proveyó elementos de bioseguridad y tuvieron que comprarlos ellas. "Hay operadoras precarizadas hace 7 años. En el hogar donde estoy somos 6. Hubo 5 psicopedagogas que firmaron contrato por 2 meses y se retiraron porque no les sirven $14 mil cuando pueden ganar más. La ministra nos prometió que iba a regularizar nuestra situación con un contrato, nunca pensamos que iba a ser con monotributo en el cual no dependemos de nadie y estamos prestando un servicio", dijo una trabajadora. 

El sueldo de las operadoras no registradas es de $14 mil y les ofrecen ahora una suba a 28 mil. Señalaron, sin embargo, que las operadoras de planta están ganando "de $45 a 60 mil de acuerdo a la antigüedad y hacen el mismo trabajo". 

Durante el aislamiento por la pandemia el Ministerio tomó operadoras monotributistas. “Se armó un hogar para chicos por si tenían covid. Estaban 15 días con nosotros y los llevaban a distintos lugares de acuerdo a las edades. Trabajamos 15 personas. Ahora es un hogar de tránsito, se llama Caminito", explicó una de las trabajadoras. Contaron que en el caso de quienes contrajeron covid-19 trabajando, tuvieron que devolver los días de aislamiento y que al no estar registradas no tenían cobertura social.

"Queremos que el gobernador vea por nosotras. Trabajamos con chicos y chicas que son retirados de sus casas, judicializados, chicas que están en la calle, con problemas de adicciones, adolescentes con patologías psiquiátricas. Estamos 8 horas brindándoles contención, a veces hacemos turno de 12 horas. Es injusto que cobremos tan poco por el trabajo que realizamos", expresó otra trabajadora.

También denunciaron precarización laboral en los centros de Primera Infancia también. “Estamos trabajando en algunos casos hace 8, 5, 3 años y de forma no registrada. Se nos ha prometido en noviembre del año pasado el pase a designación temporaria y ni siquiera eso se ha cumplido. Salió el gobierno a hacer anuncios con bombos y platillos de un programa que se llama 'Cuidando a los que cuidan' y este es el cuidado que nos ofrecen, precarización", manifestó otra operadora.

Varias trabajadoras pidieron no ser identificadas por temor a represalias. También tenían fotografías para recordar a Graciela Flores, trabajadora precarizada de estos dispositivos que fue víctima del primer femicidio de este año en Salta y que no contaba ni con servicio de sepelio para que su familia pudiera velarla. 

Más reclamos 

Mariela Ruiz es acompañante terapéutica. Relató que trabaja hace 7 años en la Secretaría de Discapacidad de forma precarizada, y hay alrededor de 200 compañeros y compañeras en esa situación. "No nos absorven desde hace muchísimos años, trabajamos con personas judicializadas que tienen alguna dispacidad", explicó. Señaló que con un aumento del 20%, no llegan a cobrar "7 mil por paciente en un módulo de 80 horas mensuales". Para llegar a $14 mil deben trabajar 8 horas diarias, de lunes a viernes. Ruiz dijo que están pidiendo que se revea esta escala salarial y se les otorgue un incremento del 40%.

"En la pandemia nunca dejamos de trabajar", enfatizó. Indicó que se atrasan los pagos y que a un grupo de 6 trabajadores no les pagaron una guardia hecha en ese período.