La jueza de Garantías 1 del departamento Anta, Patricia Rahmer, elevó a juicio la causa contra el comisario Walter Mamaní y otros cuatro policías que se desempeñaban en la Subcomisaría de Apolinario Saravia. Entre otros delitos, se los acusa por privación ilegitima de la libertad y vejaciones agravadas.

La jueza sostuvo que hizo el control de la investigación realizada hasta aquí "sin advertir irregularidad alguna", y encontró cumplidos los requisitos formales de la acusación. Por eso, en este estado del proceso, indicó que corresponde ordenar la remisión a juicio, lo que hizo, enviando el expediente al Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, que se encuentra en la ciudad de Metán.

La causa contra Mamaní generó gran revuelo en la provincia porque se trata de un jefe policial conocido que tuvo a su cargo la investigación de hechos resonantes en la historia criminal de la provincia. Por otro lado, en el proceso terminó involucrado colateralmente el auxiliar fiscal Sergio Dantur, que está siendo investigado a su vez por haberle pasado información sobre la investigación.  

La causa contra el comisario, que se encuentra detenido, se inició con una denuncia del joven Luciano Diez, que lo acusó por una detención irregular y maltratos. Aquella primera acusación fue contra Mamaní; el jefe de la dependencia de la subcomisaría El Dorado, Juan Giménez; y dos policías más cuya identidad desconocía. Después se estableció identificó a los policías Julia Díaz, Sergio Argañaraz y Matías Vizgarra. 

El 27 de junio de 2020 poco después de las 4 de la madrugada, cuando circulaba en automóvil por la avenida 9 de Julio, en inmediaciones del “Parque Norte-Sala Nido” de Apolinario Saravia, apareció circulando en sentido contrario una camioneta de la Policía de Salta, de la que descendieron policías e hicieron varios disparos. A pesar de esa circunstancia, Diez siguió hasta su casa, de donde rato después fue sacado por Mamaní y tres policías que lo llevaron detenido acusándolo de "haber evadido un control policial y darse a la fuga". 

En la Comisaría, el joven fue introducido en una celda propinándole golpes con la mano y puntapiés al mismo tiempo que le gritaban "de acá no salís más". Una vez en la celda, en una madrugada de baja temperatura, le tiraron agua fría cuatro veces y golpeaban los barrotes de la puerta con un palo, cachiporra o algo similar. 

La detención duró siete horas. Su madre, Iris Waidelich, dueña del canal de cable local, consiguió los videos de la Cámara de Seguridad de la Sala Nido donde se observaba que Diez conducía despacio y que los policías dispararon en dirección a su vehículo. Esta prueba fue clave para contrarrestar la versión del comisario Mamaní, que en una entrevista en una radio local aseguró que Diez quiso atropellarlo y que conducía a alta velocidad. No conforme, el comisario volvió a intentar detener al joven en la misma semana cuando circulaba por el pueblo de General Pizarro. Más tarde Waidelich difundió otro video, del frente de su casa, en el que se ve al comisario doblando la patente del automóvil que usaba su hijo. 

La fiscala Verónica Simesen de Bielke, a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga denuncias contra miembros de la fuerzas de seguridad de la provincia, estuvo a cargo de la investigación y logró la identificación e imputación de los cinco policías. Ya cuando el proceso estaba concluido fue apartada por el juez de Impugnación Luciano Martini, por presuntas irregularidades en la inspección del celular del auxiliar fiscal Sergio Dantur. 

La inspección del teléfono que el auxiliar fiscal usaba para su tareas oficiales reveló que intercambiaba mensajes con el comisario Mamaní y lo informaba de medidas que la fiscala tomaba en la causa en su contra, e incluso le ofrecía las llaves de la fiscalía para revisar el expediente. Por estos hechos, Dantur fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

Otra consecuencia de esta situación fue que el procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso el cierre de la delegación en Apolinario Saravia de la fiscalía de Anta y la apertura de otro sumario contra el auxiliar, que ya venía siendo objeto de otros dos sumarios .

Tras el apartamiento de Simesen de Bielke la causa pasó a la fiscala penal Mónica Poma. También había sido recusado el juez de Garantías Héctor Guzmán, en este caso por la fiscala de Derechos Humanos, y en su lugar la causa pasó a la jueza Rahmer.

Mamaní, Giménez, Díaz y Argañaraz irán a juicio por abuso de armas agravado, privación ilegitima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza. La jueza rechazó el pedido de prisión domiciliaria para el comisario.

Por otro lado, Vizgarra irá a juicio por privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas. Se lo sobreseyó de los delitos de abuso de armas y falsedad ideológica.