Raúl Zaffaroni anunció que no tiene intención de renovar su mandato como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y quedarse por seis años en el tribunal con sede en Costa Rica. El Gobierno deberá decidir si presenta a un candidato o candidata para el cargo, aunque, según pudo saber PáginaI12, hay al menos cuatro juristas interesados y con aval de organizaciones de la sociedad civil.

“No presentarme a la reelección es una decisión exclusivamente mía, en razón de que no quiero ser el ‘juez eterno’ y terminar un mandato casi a los 90 años”, explicó el juez en un comunicado que distribuyó para desmentir versiones que indicaban que se debía a una decisión del gobierno de Alberto Fernández.

Zaffaroni asumió en la Corte IDH en febrero de 2016, pero su candidatura se promovió durante el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los mandatos de los integrantes del tribunal regional --que examina la responsabilidad de los Estados frente a violaciones de los derechos humanos-- se extienden por seis años, por lo que Zaffaroni debe cumplir funciones en la Corte IDH hasta el 31 de diciembre de este año. Si renovara por un período más, llegaría con 88 años de edad, por eso el penalista recalca que quiere que su lugar sea ocupado por alguien más joven. Lo mismo hizo cuando en diciembre de 2014 dejó la Corte Suprema, días antes de cumplir los 75 años. “Creo que, como un día me fui de la Corte Suprema cuando la Constitución lo marcaba, ahora debo dejar la Interamericana para que otro/a argentino/a más joven ocupe mi lugar”, agregó Zaffaroni, que acaba de cumplir 81 años.

El penalista explicó que la decisión de no continuar la tomó él y la conversó tanto con el canciller Felipe Solá como con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y que se los comunicó por carta al Presidente y a la vicepresidenta. En Cancillería confirmaron a este diario que hubo una charla entre el jurista y Solá en abril pasado, por lo que esta resolución nada tiene que ver con las presentaciones que hicieron Elisa Carrió y compañía ante el tribunal, molestos por las declaraciones públicas del jurista en torno a las causas que proliferaron en el macrismo contra funcionarios kirchneristas.

Argentina es un actor importante en el sistema interamericano de derechos humanos por su compromiso con el tema. Si el Ejecutivo decide postular a un candidato, deberá hacerlo en las próximas semanas. Ya existen tres precandidatas y un precandidato para ocupar el lugar que Zaffaroni dejará vacante. Los nuevos integrantes del tribunal deberán ser elegidos en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se llevará adelante en junio, aunque todavía no se conoce la fecha exacta.

La Corte Interamericana está integrada por siete juristas del más alto nivel de la región, pero sólo una es una mujer, la costarricense Elizabeth Odio Benito, su actual presidenta. El movimiento feminista en la región y en el país reclama también que esos lugares sean ocupados por mujeres. En ese sentido, se conoció un comunicado del Colectivo Mujeres del Derecho que reclama que el Gobierno postule a una jurista para la Corte IDH. “Nuestro país tiene una importante presencia en organismos internacionales, pero la proporción de mujeres argentinas en esos espacios internacionales es muy reducida”, apuntaron.

Precandidates

Por Argentina, las precandidatas son Verónica Gómez, Laura Clérico y Claudia Martín. Gómez es la presidenta del Global Campus of Human Rights --una red de centros de estudios en derechos humanos fundada por la Unión Europea-- y ejerce como directora de Investigación, Enseñanza y Comunicación del Centro de Internacional de Estudios Políticos (CIEP), que dirige Jorge Taiana en la Universidad Nacional de San Martín. Además, trabajó doce años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se desempeñó en la Cancillería. 

Clérico, por su parte, es doctora en derecho y se desempeña como investigadora en el Conicet, donde realiza estudios de derecho comparado sobre la jurisprudencia de la Corte IDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Fue abogada del Estado en el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y asesora en el Ministerio de Educación. 

En tanto, Martín es co-directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y profesora residente en American University Washington College of Law. Allí también es codirectora de la Maestría (LL.M) en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

También con apoyo de militantes feministas y otros sectores se encuentra Fabián Salvioli, que fue el primer precandidato en carrera. Desde 2018, ejerce como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Su mandato en esa oficina concluye este año. Antes integró y presidió el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Dirige también la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Salvioli también litigó en el sistema interamericano y actualmente ejerce como perito en el caso de los múltiples asesinatos de la Unión Patriótica en Colombia, que está en la Corte IDH.

El lunes deberán los cuatro candidatos asistir a una audiencia con las organizaciones de la sociedad civil para explicar sus perfiles y planes de trabajo. Será el primer paso para que la Argentina defina su candidato o candidata. Después el Gobierno tomará una decisión y la informará a la Secretaría General de la OEA.

Los países ya empezaron las campañas para posicionar a sus postulantes para el tribunal regional. El martes pasado, el candidato de Brasil, Rodrigo Bittencourt Mudrovitsch, visitó la Cancillería. Se sabe que Paraguay impulsa a Miriam Josefina Peña Candia, exintegrante de la Corte Suprema paraguaya, mientras que Perú promueve a César Landa Arroyo, el expresidente del Tribunal Constitucional de ese país. La Cancillería de Costa Rica ya anunció que postulará a una mujer para reemplazar a Odio y es probable que Chile también privilegie la candidatura de una jurista.