El gobierno avanza en la redacción de un proyecto para reformar la ley de inteligencia con miras a ponerle fin al fantasma del espionaje político --que se acrecentó durante la gestión macrista-- y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país. La interventora Cristina Caamaño trabajó en la propuesta que ahora debe ser analizada por el Presidente Alberto Fernández.

Al ser designada al frente de la AFI, el presidente le encomendó a Caamaño la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional --que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad-- para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo.

“En el ámbito del Parlamento tenemos el espíritu de sancionar una ley de inteligencia con amplísimo consenso, como se hizo con la ley de Defensa Nacional en el gobierno de Raúl Alfonsín y con la de Seguridad Interior en el gobierno de Carlos Menem”, le dijo a Página/12 el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, que preside la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. “Queremos una ley que deje atrás una etapa nefasta en esta materia como lo fueron los cuatro años de macrismo”, añadió. 

La ley de Inteligencia se sancionó durante la presidencia de Fernando de la Rúa y se reformó durante el último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner tras la salida bastante traumática de Antonio Horacio "Jaime" Stiuso de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI). Quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los "sótanos de la democracia", como los llamó el Presidente al asumir.

Caamaño terminó de redactar un borrador, que tiene guardado bajo siete llaves, a la espera de que Fernández lo evalúe. Para esa elaboración existieron conversaciones de la interventora con Seguridad y Defensa, pero, sobre todo, hubo meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia. El consejo consultivo está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo. Los expertos elevaron una serie de sugerencias a la interventora, pero la elaboración final quedó en manos del equipo de Caamaño. En la Bicameral también circulan borradores, pero están a la espera del proyecto del Ejecutivo y descuentan que harán propuestas.

Según pudo saber Página/12, el borrador se inscribe en la misma lógica de los decretos que firmó el Presidente o las resoluciones que emitió la interventora:

  • Ruptura con la lógica de los servicios como auxiliares de justicia. En marzo, el presidente por decreto modificó el artículo 4 de la Ley 25.520, que daba un resquicio para que los servicios trabajaran con jueces y fiscales. Fernández estableció que ningún organismo de inteligencia tiene facultades represivas o compulsivas ni puede cumplir funciones policiales o de investigación criminal.

  • Énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia: se trabajó en la idea de la inteligencia nacional o inteligencia estratégica como aquella que es necesaria para el desarrollo integral del país, como surge de una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Esto involucra que la inteligencia esté enfocada, por ejemplo, en la preservación de los recursos naturales o en evitar que el país sea víctima de los fondos buitres, lo que conlleva un alto nivel de profesionalización.

  • Política de transparencia: Con el decreto de la intervención a la AFI, el presidente también derogó el decreto 656/16, que había sumido a la AFI en el oscurantismo no sólo en lo que hacía a sus presupuestos, sino a sus agentes y todas sus actividades, y retomó la vigencia del decreto 1311/15, en el que se había diseñado la doctrina de inteligencia, cuya ingeniería estuvo en manos de Marcelo Sain. Dentro de esta política se encuentran las iniciativas de desclasificación de información o las que rompen con prácticas arraigadas como es el uso de un nombre supuesto para cualquier agente sin importar qué función cumple.

Hasta el momento, el borrador no contempla sugerencias sobre la oficina de las escuchas, que desde el gobierno de Mauricio Macri está en manos de la Corte Suprema, aunque es sabido que Caamaño entiende que deben pasar al Ministerio Público Fiscal. Cuando se produjo el traspaso de la legendaria Dirección de Observaciones Judiciales --Ojota-- de la SIDE a la Procuración fue ella quien comandó esa oficina y siempre se ha destacado que durante su gestión no hubo ni una filtración de escuchas telefónicas. La Bicameral entregó un informe muy crítico en diciembre y situó a esa oficina como uno de los enclaves del lawfare.

Diversas fuentes también aseguraron que no se menciona el capítulo de la inteligencia penitenciaria, que hizo eclosión en los últimos meses cuando quedaron al descubierto las tareas conjuntas entre la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) --e incluso con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)-- para espiar a los presos kirchneristas. Caamaño anuló un convenio entre la AFI y el SPF de 2018, que facilitó esa coordinación que se supone delictiva y que actualmente es investigada por la justicia federal de Lomas de Zamora.

Caamaño realizó una reestructuración interna de la Agencia, que involucró la desaparición de la figura del subdirector, que siempre facilitó el doble comando y la proliferación de camarillas. La interventora también dividió a la Agencia en tres grandes secretarías: la de Producción de Inteligencia Nacional, la de Planificación de Inteligencia Nacional y la de Administración y Apoyo. Había trascendido que una de las propuestas era la creación de un asesor general, que hiciera de enlace entre la AFI con el Ejecutivo y el Legislativo, mientras que el director general de la Agencia sería un agente de carrera. Sin embargo, ese punto no figura en el borrador, aseguraron a este diario.

Es probable que se sumen modificaciones al texto una vez que el Presidente lo estudie y lo haga público, ya que el saneamiento de los organismos de inteligencia es una de las piedras basales en las que sustentó tanto su discurso de asunción como el de la apertura de las sesiones ordinarias el año pasado. Hay quienes especulan que podría estar entre los anuncios que formule el próximo 1 de marzo.