Desde Washington, DC.En los primeros cien días de su administración, el demócrata Joseph Biden tiene la tarea de hacer frente a “cuatro crisis convergentes”, tal como las llama el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Por un lado, la pandemia. El país apenas vacunó al 5 por ciento de la población y enfrenta el desafío logístico de alcanzar a casi 330 millones de personas. El inicio de la gestión también está marcado por una economía en aprietos, que no puede recuperar el nivel de empleo de febrero pasado, el cambio climático y la injusticia racial.

Con sus primeras medidas, Biden marcó un quiebre con las políticas implementadas por Donald Trump en esas cuatro áreas. A través de una serie de decretos, intentó marcar el camino de su gestión y devolver a los Estados Unidos a las épocas de la administración de Barack Obama, en la que él era el vicepresidente. “El gobierno federal debe actuar con rapidez”, se repite en los distintos documentos que firmó en la semana.

La crisis más apremiante es la de salud. Con 24 millones de casos y 400.000 víctimas fatales, el impacto de la pandemia en Estados Unidos fue desproporcionado comparado con el resto del mundo. El país representa solo el 4 por ciento de la población mundial, pero tiene un cuarto de los contagios totales y el 20 por ciento de las muertes.

El objetivo de Biden es dar un millón de dosis por día en los primeros días de su gestión. No parece inalcanzable. Durante los últimos días del gobierno de Trump, la vacunación en los Estados Unidos ya había alcanzado ese ritmo. Hoy el país contabiliza más de 16 millones de primeras dosis aplicadas. Eso representa apenas el  cinco por ciento de la población del país.

En cuanto a la búsqueda de justicia racial, el presidente no solo comenzó su mandato con una ceremonia de investidura en la que predominó el mensaje de diversidad. También firmó un decreto que sostiene que la política de su administración será la de que el gobierno federal “busque un enfoque exhaustivo para avanzar en la equidad para todos e incluir a grupos racializados y otros que han sido históricamente postergados, marginalizados y afectados negativamente por la pobreza y la desigualdad persistentes”.

Biden gobierna todavía con un gabinete interino. Hasta ahora, el Senado solo confirmó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, y a la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines. El resto de los candidatos y las candidatas a ocupar las distintas carteras aguardan la aprobación de la Cámara alta. En algunos casos, como el de Janet Yellen, nominada como secretaria del Tesoro, ya terminaron las audiencias previas y la votación será en los primeros días de esta semana.

La confirmación de Yellen es clave para completar el equipo económico. Esta es una de las prioridades de Biden, quien espera que se apruebe un paquete de rescate de 1,9 mil millones de dólares. Lo considera fundamental para apuntalar una economía dañada profundamente por la pandemia.

Según los números que maneja el gobierno, hay más de 10 millones de personas desempleadas y 14 millones que están atrasadas en el pago del alquiler de su hogar. La Casa Blanca también dice que hay 29 millones de adultos y por lo menos ocho millones de niños que no tienen un acceso seguro y constante a los alimentos necesarios.

“Está bastante claro que estamos en un momento precario en cuanto al virus y a la economía. Sin una acción decisiva, nos arriesgamos a caer en un agujero económico muy serio, incluso más serio que la crisis en la que nos encontramos”, dijo el viernes a la prensa el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese.

Una de las diferencias más marcadas de la nueva gestión con la anterior es la importancia que le da al cambio climático. Esta es otra de las crisis que figuran en la lista de Biden. Entre sus primeros tres decretos firmados estuvo el que devuelve a los Estados Unidos a la lista de países que se enmarcan en el Acuerdo de París.

Además, rescindió el permiso del oleoducto y gasoducto Keystone XL, un polémico proyecto aprobado por Trump para transportar petróleo desde Canadá hasta Estados Unidos. La decisión no fue bien recibida por el vecino del norte y el primer ministro, Justin Trudeau, se mostró “decepcionado”. No es una sorpresa: Alberta, una de las provincias del oeste de Canadá, es una de las dueñas del proyecto.

Trudeau fue el primer líder de otro país con el que habló Biden tras asumir su cargo. En la llamada, el flamante mandatario “resaltó la importancia estratégica de la relación Estados Unidos-Canadá”. Según la Casa Blanca, el presidente también reconoció la “decepción sobre la decisión de rescindir el permiso del oleoducto Keystone XL” y reafirmó “su compromiso de mantener un diálogo bilateral activo y profundizar la cooperación con Canadá”. Ambos coincidieron en la “visión de promover una recuperación sostenible de la economía”. Volverán a hablar en un mes.

El diálogo de Biden con el exterior por ahora prioriza a los vecinos. El viernes, el mandatario también habló con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Casa Blanca informó que trataron “un abanico de temas bilaterales y regionales”, pero el foco de la llamada fue inmigración. “Los dos líderes acordaron trabajar para contener el flujo de migración irregular de México hacia los Estados Unidos, así como también promover el desarrollo en el Triángulo Norte de América Central”, informó el gobierno.

En la llamada, el demócrata también discutió las líneas generales de su plan para reducir la migración. Este incluye abordar las raíces de las causas, aumentar la capacidad de reasentamiento y las vías legales de ingreso al país, mejorar el procesamiento de las solicitudes de asilo y, sobre todo, revertir las políticas de la anterior administración.

El gobierno todavía no presentó su plan de reforma migratoria, pero el documento podría llegar al Senado en “unas tres semanas”, según publicó Univision en base a las palabras de Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey.

El futuro de la iniciativa es incierto. El Senado todavía trata de acomodarse a la nueva situación de paridad entre los dos partidos, con 50 bancas cada uno, y es difícil que los republicanos acompañen la medida. Además, tiene una agenda completa.

En las próximas semanas, la Cámara alta no solo será protagonista de las negociaciones en torno a la reforma migratoria y al paquete de rescate económico. A partir del 9 de febrero, también empezará a tratar el juicio político a Trump. Esto pondrá nuevamente al magnate en el centro de la escena, en el mismo momento en que Biden necesita del bipartidismo para empezar a implementar sus planes.