La inversión pública en adolescentes y jóvenes de los sectores populares del conurbano se redujo en un 20 por ciento en los últimos diez años. Así lo advierte una investigación del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales (CECSO- UBA) realizada con apoyo de la Unicef. “Hoy, en el conurbano, hay muy pocos programas destinados a los adolescentes. Son políticas del Estado que llegan, además cuando es tarde, porque las que existen están destinadas, mayormente, a jóvenes en conflicto con la ley. El adolescente es atendido por el estado cuando se ha convertido en un problema para el otro”, señalan los autores del trabajo. En su presentación, los investigadores --acompañados por funcionarios vinculados al territorio-- advirtieron que con la pandemia, la situación se agravó, debido al prolongado cierre de las escuelas y los clubes.

En el conurbano viven 2 millones de adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años; cerca de la mitad pertenecen a familias con ingresos insuficientes. De cada diez adolescentes, cuatro dejan la escuela. Y de los que no estudian, sólo el 50 por ciento consigue trabajar, pero en relaciones laborales que en 6 de cada diez casos son precarias, reseña el informe.

Funcionarios municipales entrevistados en  las intendencias en las que se realizó la investigación señalaron como los principales problemas que afectan la vida de los adolescentes “la salud mental, las adicciones y los consumos problemáticos”, temas para los que los gobiernos locales no tienen capacidad de respuesta. La conflictividad con la familia y las situaciones de violencia con adultos y pares le siguieron en cantidad de menciones.

“El bajísimo presupuesto era una sospecha que todos teníamos, y ahora contamos con los datos. Encontramos que los programas para adolescentes son mínimos. Ya era un gasto residual en los gobiernos kirchneristas, de los que puedo decir que me sentí parte”, señaló a PáginaI12 Adriana Clemente, directora de la investigación.  “El macrismo, en sus cuatro años de gobierno, dejó caer ese gasto, que ya era poco, y lo concentró en asistencia alimentaria”.

El estudio fue realizado en 17 municipios del conurbano. Los investigadores encontraron que las intendencias vienen asumiendo como pueden el sostenimiento de los programas que fueron ajustados. Con sus recursos, por ejemplo, complementan los sueldos de los talleristas. Un ejemplo citado es el caso del programa Envión. Creado en 2009, se trata de un plan provincial destinado a mejorar la inclusión educativa, con una beca para los chicos que concurren a sus talleres. Durante la gobernación de María Eugenia Vidal el programa fue desfinanciado, pero muchas  municipalidades lo mantuvieron activo, reforzándolo con recursos en lo que pudieron; y en algunos lugares lo reformularon.

Las intendencias también desarrollaron programas propios. “Hay hermosas experiencias”, asegura el relevamiento. En los 17 partidos los investigadores encontraron espacios de trabajo destinados a adolescentes. Sin embargo, indican que su escala no alcanza frente a la magnitud de lo que necesita hacerse, ya que ninguna de las iniciativas llegaba a cubrir siquiera todo un municipio.

La investigación será difundida como libro electrónico. Su presentación se hizo mediante un zoom en el que hablaron funcionarios vinculados al trabajo con adolescentes.  Antonio Colicigno, de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, puso el foco en un problema que agravó la pandemia: la escuela, como canal para implementar medidas, no llega a la totalidad de los adolescentes. “Necesitamos redefinir políticas públicas y tener en cuenta que el ámbito educativo no es el único que puede garantizar la inclusión de nuestros jóvenes. Muchos que no están en el sistema educativo. De 2015 a 2019 ha bajado la cantidad de adolescentes que terminan el secundario, y hoy existe una preocupación agregada, y es que la pandemia va a aumentar el número de los que quedan al costado de la educación".

Coincidente con esa mirada, la titular del Sedronar, Gabriela Torres, aportó otras dos cuestiones: la primera, que el estado no debe sólo aportar presupuesto, sino también formar adultos que puedan implementar políticas. "Sin un cuerpo a cuerpo no hay resultados”, definió. En ese sentido, marcó como un error pensar que los adolescentes no necesitan de la presencia de adultos para su desarrollo. Y consideró necesario “amigar la gestión estatal con las organizaciones que intermedian en el territorio, porque ahí hay una alianza fundamental, que todavía falta".

También el secretario de Desarrollo Humano de la Matanza, Nicolás Fusca, consideró quela pandemia trajo "un desafío extra, porque no va a ser suficiente con transferir recursos a las familias”. Para Fusca, “vamos a necesitar ejércitos de compañeros, de organizaciones con mucho cuerpo, para que los pibes que dejaron vuelvan a la secundaria”.

Para Clemente, otro aspecto del problema es que las direcciones de Juventud hoy no existen. “Podrían ser pensadas como un lugar de acción política, que asuman el diseño de políticas para esta etapa de la vida, no sólo para los sectores populares sino también para los medios y altos. Pero no están, y por eso son las áreas de Desarrollo Social las que cargan con toda la acción”.

Así, las políticas de promoción de derechos para los adolescentes de los sectores populares del Conurbano son totalmente insuficientes. La tendencia es que el estado llega cuando los chicos ya tienen conflictos con la ley o cuando han sido vulnerados. Se hace poco por la promoción de sus derechos. Tampoco tienen abierta una puerta al mundo del trabajo al que puedan dar el salto. Por el contrario, la precarización laboral en esta franja de edades es mayor a la de los adultos.