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El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) marcó otro hito en la búsqueda de verdad el lunes pasado, cuando sobrevoló la guarnición de Campo de Mayo desde un avión equipado con tecnología de última generación de escaneo terrestre para buscar indicios de enterramientos clandestinos en el lugar. La tarea ahora será extensa -- tan extensa como las 5000 hectáreas que componen el predio -- y llevará varios meses analizar las imágenes y el terreno del lugar donde funcionaron, al menos, cuatro centros clandestinos durante la última dictadura y por los que se estiman pasaron 5000 detenidos-desaparecidos.
Un sol radiante esperaba a los tripulantes del avión que despegó el lunes pasado desde la base aérea de Morón a las 9.30. Iban, nada más y nada menos, a tomar imágenes desde el aire en toda la superficie de Campo de Mayo para determinar si detectan movimientos de tierras que puedan mostrar que allí existen fosas clandestinas. Si bien se habían hecho excavaciones localizadas en el predio, nunca antes se había aplicado una técnica semejante -- llamada LIDAR aéreo-- para delitos de lesa humanidad en el país que permite observar la totalidad del predio, que equivale a un cuarto de la Ciudad de Buenos Aires. “Es una tecnología que estamos desarrollando en paralelo con el mundo”, explicó a PáginaI12 Marcelo Castillo, el integrante del EAAF abocado hace quince años al estudio de Campo de Mayo.
“Está surgiendo mucha información en los tres juicios que se están llevando a cabo en San Martín (Contraofensiva, Vuelos y megacausa Campo de Mayo). Este esfuerzo conjunto nos va a permitir buscar esa información que surge y cotejarla con la investigación preliminar que venimos haciendo desde hace quince años. Esto, más la lectura del terreno, nos va a permitir decir si hay enterramientos clandestinos o no”, agrega Castillo.
La necesidad de buscar si hay restos de los desaparecidos en Campo de Mayo es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos, que viene motorizando Abuelas de Plaza de Mayo y contó con el aval de la jueza federal de San Martín Alicia Vence y el impulso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que dirige Horacio Pietragalla. El Ministerio de Defensa, que comanda Agustín Rossi, autorizó todos los trabajos en Campo de Mayo y está aportando documentación clave para conocer el terreno en el que el EAAF indagará en los próximos meses.
“Cuando fui diputado asumí el compromiso con los organismos de derechos humanos de Zona Norte de impulsar un sitio de memoria en ese lugar, pero eso no es posible sin este paso previo que se está realizando", explica Pietragalla a Página/12.
“A 45 años del golpe es necesario descartar esta dolorosa duda, por los familiares y por nuestra democracia --- agrega el Secretario de Derechos Humanos nacional --. Alberto (Fernández) en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias habló de la importancia de crear un sitio en este lugar, y esto es parte del inicio de esa promesa. Estamos trabajando en crear el espacio donde funcionó El Campito y contar la historia de este centro clandestino de detención, tortura y exterminio."
Etapas
El trabajo que el EAAF consensuó con la jueza Vence el año pasado consta de dos etapas: una sobre el predio general y otra, focalizada en el área del centro clandestino El Campito, donde los antropólogos hicieron excavaciones entre 2010 y 2017. El análisis de las imágenes que se tomaron en el vuelo del lunes demorará entre dos y tres meses, y se hará en conjunto con geofísicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Después, el EAAF deberá hacer aproximaciones en terreno y determinar en qué zonas se debe excavar o no.
El miércoles pasado, los expertos del EAAF estuvieron en Campo de Mayo nuevamente para tomar puntos de referencia con los que analizar las imágenes que se tomaron desde el avión. Hay algunas zonas que son de especial interés: los lugares que funcionaron como centros clandestinos -- El Campito, Las Casitas, el Penal de Encausados y el Hospital Militar -- y otros espacios que aparecen mencionados en distintos testimonios.
La otra tarea importante que tiene por delante el EAAF es hacer un análisis del terreno, que puede ser clave para el juicio sobre los vuelos de la muerte que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín y que tiene en el banquillo de los acusados a la estructura del Batallón de Aviación 601 -- con asiento en Campo de Mayo. El 14 de diciembre, el Tribunal hizo una visita al terreno. Los acompañó un exconscripto, Raúl Escobar Fernández, que había hecho el Servicio Militar Obligatorio (SMO) entre 1976 y 1977 en la Compañía de Servicios del Batallón de Aviación. Su sección, la de Apoyo de Vuelos, se dedicaba a cortar el pasto cerca de la pista de despegue y aterrizaje, al balizamiento de campaña, al manejo de los señaleros y de las ambulancias y a recibir los partes meteorológicos en la torre de control. Como parte de esas tareas, contó ante el TOF 2 que solían encontrar montañas de ampollas de la droga Ketalar, un sedante que se habría inyectado a los detenidos-desaparecidos antes de subirlos a los aviones. Durante la visita, Escobar Fernández señaló un lugar cerca de la cabecera norte, donde el EAAF hará excavaciones en las próximas semanas.
Para los primeros días de febrero, quedará una inspección a la zona conocida como Plaza de Aguas, que ya no forma parte del predio de Campo de Mayo porque se dispuso su venta en 1978. En una carta que le envió en enero de 1984 al presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Ernesto Sábato, un agente de inteligencia apodado “Pepe” señaló el lugar como un campo de concentración de mujeres. Hasta ahora esa línea no fue investigada, pese a que las tareas de reconocimiento en la zona de Campo de Mayo arrancaron en 1984. Desde 2006, el EAAF trabaja en la zona. En los primeros tiempos lo hizo de la mano del sobreviviente Juan Carlos “Cacho” Scarpati, quien desde 1979 aportó información clave para entender el funcionamiento de ese campo de concentración, y con la Secretaría de Derechos Humanos, especialmente con Stella Segado.
Hay otras declaraciones de interés sobre el funcionamiento de Campo de Mayo como la que brindó en 1984 ante la Conadep un integrante del Batallón de Inteligencia 601 que había sido destinado a Campo de Mayo, Oscar Edgardo Rodríguez. En esa declaración, Rodríguez -- que se reportaba en el área de Contrainteligencia del Batallón como fotointerpréte, pero que casualmente era fotógrafo aéreo -- dio detalles de los lugares donde vio detenidos, donde se los interrogaba y también habló de "traslados" desde la pista del Batallón de Aviación -- justamente lo que surge en la causa de Vuelos. Rodríguez fue procesado en 2002 por Claudio Bonadio en la causa del Batallón 601, que terminó juzgando Ariel Lijo, pero no tuvo demasiados problemas con la justicia.
