La renuncia forzada del titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Alejandro Cacetta, puso en alerta a la comunidad del cine y la cultura, con muestras masivas de apoyo al renunciante, pero también con una alerta que crece: “vienen por la caja del Incaa”. Las declaraciones que hizo ayer la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, sobre la “urgente” necesidad de “encarar una reforma completa del Incaa”, más allá de que se comprueben o no las denuncias de corrupción lanzadas sobre Cacetta, hicieron crecer esta alerta. Una  inédita asamblea con la participación de más de mil personas del sector cinematográfico y audiovisual votó el pedido de renuncia al ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y fijó un nuevo encuentro para el próximo miércoles, en coincidencia con la inauguración del Bafici. La asociación Proyecto Cine Independiente (PCI), que reúne a muchos de los principales cineastas en actividad, y los críticos de la filial local de la  Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (Fipresci) denunciaron ayer que la autarquía del Incaa está en riesgo, mientras se suman voces de repudio  –desde Lucrecia Martel a Mariano Llinás– a lo que se ha calificado como una “infamia” y una “torpe opereta”.  

Lo de “torpe” puede ser cuanto menos puesto en suspenso tras las declaraciones de ayer de Laura Alonso, respecto de que el organismo que dirige encarará junto al Ministerio de Cultura “una reforma integral” del Incaa, para “transparentar al máximo” el otorgamiento de subsidios y el control de esos recursos públicos. “Lo bueno es que empieza una nueva etapa para el Incaa”, aseguró la funcionaria en una entrevista radial, y contó que ya acordó con Avelluto “empezar a trabajar en una solución institucional integral”. Admitió también que, desde el inicio de la gestión de Cambiemos, señalaron “con semáforo rojo” al Instituto Nacional de Cine, como uno de los organismos del Estado que requería “una reforma integral en materia de transparencia”.

“No se trata de un nombre o de una persona que dejó su cargo sino de encarar una reforma completa del Incaa, porque hay muchas áreas opacas y quizás no hubo tiempo, oportunidad o un poco de compromiso para modificar esas cuestiones”, insistió Alonso. Habló también de la necesidad de “detectar quiénes son los intermediarios que se ofrecen como gestores para acelerar el otorgamiento de subsidios”, dando por sentado que tal situación existe de hecho. Al ser consultada sobre la denuncia que se lanzó sobre Cacetta, la funcionaria indicó que aún no está “en condiciones” de referirse al desempeño de Cacetta en el organismo porque “los papeles” que recibió la Oficina Anticorrupción para evaluar “son varias cajas y hay que analizarlas”. 

Repasando, el miércoles pasado el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, pidió la renuncia a Cacetta por “manejos pocos claros” en las finanzas del Incaa. La medida se tomó luego de que en el programa Animales sueltos, que se emite por el canal América, se difundiera un informe sobre sospechas de corrupción e irregularidades en su gestión, presentado con errores e inexactitudes varios como la confusión de nombres, fotos y cargos. Tras la acusación del director de cine Juan José Campanella, quien había dicho que la decisión de echar a Cacetta fue parte de una “torpe opereta”, el ministro aseguró tener pruebas. “Hay expedientes, hay números, los tuve en mis manos, no me lo contaron”, respondió. La denuncia no está relacionada con el manejo del millonario fondo de fomento del Incaa, sino con gastos en hoteles, reformas en la Escuela de Cine, y compras de mobiliario. “No actuamos en función de operetas sino porque hay cosas que no son claras”, defendió la denuncia el ministro. 

El fondo de fomento cinematográfico, que maneja el Incaa y está establecido por ley, significa más de 800 millones de pesos anuales, y abarca en una compleja composición el 25% del impuesto aplicado a la facturación publicitaria que el actual Enacom recauda. Todo ese dinero que se recauda básicamente de los canales de televisión y las radios, es girado, también por ley, diariamente por el Banco Nación al Incaa. Un porcentaje mínimo de ese fondo de fomento está compuesto por el 10% del impuesto a las entradas de cine, que hace un tiempo el gobierno evaluó suprimir, dando luego marcha atrás tras la previsible reacción en contra de todos los sectores involucrados y una dura declaración de la Multisectorial del Audiovisual. Esa “caja” millonaria, que por ley pertenece al Incaa –o, más precisamente, al fomento del cine argentino a través de la gestión de este organismo autárquico– es la que hoy se visualiza en juego. 

El apoyo a la autarquía del Incaa fue claramente expresado por entidades como la asociación de directores PCI y la Fipresci Argentina. En un comunicado de ayer, el PCI señala que “éste es un eslabón más en el ataque al sector audiovisual que acarrea la intención de reducir el Fondo de Fomento del Cine. Pero existe otra fuente que alimenta a este fondo: el canon que las empresas de radio y televisión deben pagar por el uso de las frecuencias nacionales. Este es otro punto crítico, ya que se excluiría este pago, que es el que conforma el Fondo Audiovisual, establecido en la Ley 26.522”. El comunicado denuncia también que esta situación “derivaría en el incumplimiento de la Ley de Cine, política ejemplar a nivel internacional que fue modelo para muchos países y que orgullosamente ha sido herramienta fundamental para la construcción de la identidad cultural y nacional”. Y concluye: “Los miembros de la Asociación de Directores de Cine PCI expresamos nuestro estado de alerta ante las operaciones mediáticas y políticas que tienen como objetivo un recorte de la cultura, la educación y los derechos de nuestra sociedad”. 

En las últimas horas se fueron sumando nuevas voces de repudio. Desde Salta, la directora Lucrecia Martel se sumó a la autoconvocatoria que realizaron los directores de su provincia, y allí declaró: “Cacetta estaba tomando buenas decisiones y no tuvo una posición mezquina cuando entró al Instituto, en el sentido de que nunca fomentó esta idea absurda de la grieta”. Una contundente toma de postura fue la de la productora que dirigen Mariano Llinás, Alejo Moguilansky, Laura Citarella y Agustín Mendilaharzu: “El Pampero Cine, que desde hace más de quince años combate las políticas industrialistas y excluyentes del Incaa, acompaña esta vez los reclamos de las diversas organizaciones cinematográficas, ante la evidente infamia orquestada por el gobierno nacional, y repudia enérgicamente cualquier intento de vaciamiento institucional o de intervención mafiosa impulsada desde el poder que pueda acarrear tan grotesca operación mediática”, expresan.