El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intimó a las telefónicas y cableras que aumentaron sus tarifas en enero por encima del 5 por ciento autorizado en diciembre a través de la resolución 1466/20. Los usuarios se quejaron en los últimos días por estar recibiendo incrementos superiores al tope. No fue un error de facturación. Telecom, Telefónica y Claro, entre otras firmas, aplicaron subas que van del 12 al 20 por ciento desconociendo la regulación oficial.

Página/12 consultó a Telecom sobre si iban a retrotraer la suba del 20 por ciento para adecuarse al tope oficial y desde la compañía respondieron: “El aumento informado oportunamente se mantiene vigente. La Cámara que representa a las empresas del sector, ATVC ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas. Cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes”.

Desde Telefónica, por su parte, aseguraron que la resolución de Enacom está judicializada. “De todas formas, no hemos sido notificados formalmente aún de una intimación por parte del Enacom”, agregaron fuentes de la compañía.

Ante la desobediencia de las compañías, que están a la espera de un fallo judicial que las ampare, Enacom aseguró a través de un comunicado que “la citada resolución se encuentra plenamente vigente y operativa, por lo que Enacom, como autoridad de aplicación, procedió a intimar a las empresas a que ajusten su facturación de manera inmediata, retrotrayendo los aumentos mal aplicados y reintegrando a los usuarios y usuarias el dinero facturado indebidamente, e inició los procedimientos administrativos correspondiente para aplicar las sanciones que corresponden”.

A su vez, desde el organismo regulador recordaron que el objetivo del Decreto 690/20 y su reglamentación “consiste en asegurar el acceso a los servicios TIC de calidad para todas y todos los ciudadanos, y así garantizar el derecho humano a la comunicación”. “Enacom hará uso de sus facultades como ente regulador para resguardar el
cumplimiento de las normas vigentes y articulará las herramientas correspondientes que la ley le otorga, como parte de un Estado presente que asume el compromiso de garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los usuarios y usuarias a los servicios de información y comunicación”, concluyó el organismo.

Las empresas, por su parte, resisten el tope de 5 por ciento para todos sus servicios (para las firmas con menos de cien mil accesos se autorizó un 8 por ciento), pues sostienen que el ajuste no tiene relación con la inflación de 36,1 por ciento registrada en 2020 ni con el incremento que han debido afrontar en sus costos.