La Justicia ordenó reabrir una investigación contra Elisa Carrió por presunto enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal determinó la nulidad del archivo del expediente dictada por el juez Daniel Rafecas a fines del año pasado. Los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah entendieron que hubo falencias al notificarle al denunciante que debía presentarse a ratificar su denuncia. Por ese motivo, consideraron que la conclusión a la que arribó Rafecas (el archivo de la causa sustentado en la incomparecencia) fue nula “por fundamentación aparente”. La denuncia había sido realizada por Saúl Enrique Paz en noviembre de 2016, al conocerse una serie de viajes al exterior de la líder de la Coalición Cívica que según Paz serían inconsistentes con sus ingresos como diputada nacional. En marzo de este año, otra persona, el abogado Mariano Valdez, presentó una denuncia similar contra Carrió (fundada también en los viajes al exterior) que recayó en el juzgado federal de Luis Rodríguez, donde continúa su curso sin novedades.
Elisa Carrió, conocida por sus múltiples denuncias penales, deberá enfrentar en medio de un año electoral dos acusaciones en su contra. Fuentes judiciales estimaban ayer que, tras la reapertura ordenada por la Cámara, lo más probable es que ambas causas se unifiquen en alguno de los dos juzgados. Tanto la denuncia de Paz como la de Valdez se sustentan principalmente en los viajes de la chaqueña al exterior. Sostienen que la diputada estuvo fuera del país 103 días entre febrero de 2013 y mayo de 2015 y, según la denuncia, siempre habría viajado a través de la agencia Fun Time/Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvitky. Lilita y Lili incluso habrían compartido varios de esos viajes a Estados Unidos y Europa. La presentación judicial no descarta que la líder de la CC sea “socia no declarada” de la empresa. La amiga de Lilita es hija de Herman Miedvietzky, fundador del poderoso grupo empresario chaqueño Amarilla Gas, que maneja el negocio de las garrafas de gas licuado en gran parte del Litoral y posee 17 plantas en 7 provincias. La denuncia de Valdez se basa en publicaciones periodísticas para sostener que Carrió realizó tareas de lobby al interior del gobierno de Cambiemos para que Amarilla Gas sea concesionaria de las redes de distribución del Gasoducto del Nordeste Argentino, que se encuentra en plena ejecución. En el escrito se vincula la gestión a favor de la empresa con la denuncia penal hecha por la diputada en noviembre pasado contra funcionarios del Ministerio de Energía por conflictos de interés. Estas denuncias advierten la “escasa transparencia impositiva” de la diputada, quien no habría presentado sus declaraciones juradas en 2012 y 2013.
En una carta de descargo dirigida a PáginaI12, Carrió consideró que esas denuncias se tratan de una “operación” en su contra igual que la que supuestamente habría sufrido en 2013, cuando el abogado Gustavo Ogni pidió que se investigue la construcción de su casa en una chacra de Exaltación de la Cruz. En aquel momento la socia de Mauricio Macri se presentó en la justicia para que se investigue si “la AFIP facilitó una operación mediática” en su contra. “Las nuevas denuncias también están siendo investigadas en el marco de lo que puede ser una operación de mayor envergadura tendiente a inhibir mis facultades parlamentarias. Existen razonadas sospechas que los señores Saúl Enrique Paz y Mariano Noel Valdez actúan con el mismo objetivo de 2013 y en el marco de una maniobra de mayor”, evaluó Carrió en marzo de este año.
Ahora, los camaristas Irurzun y Farah dieron lugar a los planteos de la fiscal de primera instancia Paloma Ochoa y al fiscal de Cámara, Germán Moldes, que con distintos argumentos plantearon la nulidad del archivo dispuesto por Rafecas. El tercer integrante del tribunal, Horacio Cattani, no firmó el fallo fechado el 11 de abril último por encontrarse en uso de licencia.
