La Inspección General de Justicia (IGJ) denegó este martes un pedido para crear la asociación civil "Cámara de Influencers y Líderes Digitales" al argumentar que "hay hechos recientes que evidencian" que sus actividades en redes sociales "conspiran contra el interés general y el bien común". En la resolución firmada por su titular, Ricardo Nissen, la Inspección hizo referencia a las publicaciones discriminatorias de influencers y jugadores de Los Pumas que salieron a la luz el pasado mes de diciembre, así como a la utilización de Twitter por parte del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en tanto "líder digital", para alentar los hechos que derivaron en la toma del Capitolio.

"Con los antecedentes de promoción de misoginia, homofobia, xenofobia, racismo y discriminación que observamos, la IGJ no tenía ninguna razón para autorizar el funcionamiento de esta asociación civil", explicó a Página/12 Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector General de Justicia, quien agregó que, "por más que algo resulte una tendencia social, no necesariamente va de la mano con el bien común, que es lo que debe consagrarse cuando se tiene que autorizar una asociación civil".

Para justificar su decisión, la IGJ puso sobre la mesa tres hechos recientes. En primer lugar, citó una nota publicada por este diario el pasado 1º de diciembre, en la que se dieron a conocer viejas publicaciones con notoria carga racista, xenófoba y sexista de los influencers Nati Jota, Julián Serrano y Miguel Granados, "en cuyo contenido se advierte hasta la banalización de notorios femicidios", según remarca la resolución. En segundo lugar, se hace mención a otra nota de Página/12 sobre los tuits discriminatorios del capitán de la selección argentina de rugby, Pablo Matera, y de sus compañeros Guido Petti y Santiago Socino, que salieron a la luz también en diciembre de 2020. Para la Inspección, todas esas publicaciones expresaron "indiscutibles disvalores sociales". 

Por último, la resolución refiere a los hechos acaecidos en los últimos meses en Estados Unidos, durante el proceso de traspaso de mando presidencial. La IGJ sostiene que Donald Trump, "mientras estaba en funciones, siendo un consumado influenciador seguido por más de ochenta millones de personas, promovió una suerte de insurrección civil entre sus partidarios, que derivó en la ocupación transitoria del Capitolio". En ese apartado, la Inspección trae a colación una investigación titulada "Trump: de la campaña al Gobierno", realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en colaboración con la investigadora del Conicet, Silvina Romano. Allí se destacaba, entre otras cosas, que Trump "gobierna por Twitter, cual influencer". 

"No ponderamos la utilidad o el beneficio para los que hacen el pedido sino para el conjunto de la sociedad", dijo ahora Cuiñas Rodríguez, quien además advirtió que, detrás del intento de creación de la Cámara, "había un ánimo de lucro", y que justamente "esa es otra de las circunstancias por las que se aplica la denegatoria, si desean hacer algo que tienda a su interés personal pueden constituir una simple asociación, que no requiere autorización para funcionar como sí la asociación civil". 

El pedido de creación de la Cámara había sido efectuado por un grupo de tres personas con el objetivo de "agrupar a los influencers" y "propiciar la interacción para facilitar la creación y desarrollo de oportunidades de expansión de sus actividades", compartir información, realizar estudios sobre la actividad, "profesionalizar y potenciar su desarrollo".

Sin embargo, el subinspector señaló que, según consta en los registros a los que accedió la IGJ, ninguna de estas tres personas tenía "conexión directa con el objeto de la Cámara que buscaban conformar", ni tenían una actividad previa "que los pudiera caracterizar como influencers".

Informe: Santiago Brunetto.