Desde Lima. El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cumpliendo una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad desde 2007, se enfrenta ante un nuevo proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanos. El 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. La gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la población más empobrecida y marginada del país. A los tribunales han llegado los casos de más de mil mujeres víctimas de estas esterilizaciones forzadas.

La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También están denunciados tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado, junto al exdictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exdictador de 82 años.

El caso llega a tribunales después de más de veinte años de impunidad y una accidentada investigación fiscal, que fue archivada y reabierta varias veces. La Fiscalía abrió investigación el año 2002, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante este organismo del caso de María Mamérita Mestanza, campesina andina que fue esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso, en 2018 la Fiscalía finalmente presentó acusación, que recién más de dos años después será vista por un juez.

“Si en esta próxima audiencia el juez decide abrir proceso penal, que es lo que esperamos ocurra porque hay elementos para ello, entonces comenzará una investigación judicial dirigida por el juez de primera instancia, quien después de esa investigación definirá si se pasa o no a juicio oral. Esta investigación, por ser un caso complejo, con más de mil víctimas que viven en zonas alejadas del país, podría tomar entre dos y tres años. Recién entonces comenzaría el juicio oral, eso si el juez decide en ese sentido, que es lo que esperamos ocurra, porque también podría archivar el caso. El juicio oral podría tomar otros cinco o seis años, recién entonces tendríamos una sentencia. Las penas contra Fujimori y los otros acusados podrían ser de ocho a diez años”, le señaló a Página/12 el abogado Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa legal (IDL), que defiende a un grupo de víctimas.

La acusación de la Fiscalía establece que las esterilizaciones se hicieron sin la autorización de las víctimas o arrancándoles una autorización con engaños, sin informarles adecuadamente. Y establece que esa fue una política del gobierno de entonces. La defensa de los acusados señala que las esterilizaciones fueron autorizadas por las víctimas, pero los testimonios de esas víctimas y los documentos que se han podido rescatar desmienten este argumento.

“La información que se tiene indica que las esterilizaciones fueron forzadas. Existen los testimonios de las víctimas que señalan que fueron esterilizadas contra su voluntad. Y en los casos que se tienen las historias clínicas -la mayoría ha desaparecido, lo que es un ocultamiento de pruebas- o no existe un documento en el que se autorice la esterilización o hay una autorización firmada por la víctima pero que está escrita en español cuando las víctimas son quechuahablantes y no hablan español. Las hicieron firmar con engaños”, indica el abogado Florián.

“Enfermeras vinieron a buscarme a mi casa, me llevaron, en un cuarto me amarraron las manos y me ligaron”, le relató Norma Mori, una de las miles de mujeres esterilizadas, al diario La República. “Yo les dije que no, siempre les decía que no, pero me obligaron”, es el testimonio de otra víctima, Victoria Ccoya.

Este caso también ha sido llevado, por las víctimas y la organización Justicia y Reparación, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

Para que Fujimori pueda ser juzgado por las esterilizaciones forzadas se deberá solicitar una ampliación de la extradición otorgada por Chile, país donde fue detenido y del que fue extraditado en 2007, ya que la extradición para que sea juzgado en el Perú no incluyó este caso. El camino todavía es largo, pero ya se comienza a desmontar la larga impunidad por las masivas esterilizaciones forzadas.