El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, le adelantó a la diputada nacional Alcira Figueroa que no se autorizarán desmontes en la provincia hasta que esté aprobado el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
El compromiso se dio de manera verbal en la reunión que mantuvo el funcionario con la diputada nacional por el Frente de Todos el lunes último. La legisladora estuvo acompañada por el abogado especializado en temas ambientales y asesor legislativo Luis Segovia.
El OTBN de la provincia está vencido desde 2014. Sin embargo, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey no solo se continuó con la aprobación de la deforestación sino que además, a través de las llamadas recategorizaciones, se permitieron los desmontes en zonas que no debían ser desmontadas.
Solo en enero de este año, la Provincia convocó a audiencias públicas para autorizar desmontes de 21.452,24 hectáreas. En diciembre se convocó a otras audiencias para el desmonte de 6.858. Las 28.310 hectáreas que involucran estos procedimientos representan una superficie de desmontes mayor a la del año 2019. En ese periodo se deforestaron 20.962 hectáreas, según la comparación de imágenes satelitales realizadas por la organización ambientalista Greenpeace.
Figueroa contó que durante la reunión De los Ríos afirmó que se debía cumplimentar con las convocatorias a audiencias públicas porque “eran trámites que venían desde la época de Urtubey”. El funcionario añadió que en caso de no cumplir con la convocatoria del trámite administrativo, la Provincia podría ser llevada a la Justicia. “Ellos (la provincia) dicen que no van a autorizar los desmontes hasta que esté aprobado el nuevo ordenamiento territorial”, agregó Figueroa.
Otra idea que volcó De los Ríos es que dentro del sector amarillo en el OTBN (en donde tampoco se permite el desmonte) se pinte un “amarillo clarito”. Y fundó esta posición en que en esas zonas (sobre todo en los departamentos Rivadavia, Orán y San Martín), existen pequeños productores criollos y comunidades indígenas que deben hacer uso del monte para, por ejemplo, la cría de ganado menor. Es que la impresión del ministro de Producción (hombre PRO y referente de los ruralistas salteños), es que tal como está hoy el mapa de OTBN implicó un retraso para que los pequeños productores puedan desarrollar sus actividades.
La visión del funcionario dista de la de los propios habitantes rurales, campesinos criollos y pueblos originarios, que vienen señalando la no regularizaicón de la tenencia de las tierras y la ineficiente ayuda estatal para afrontar los períodos de sequía, como las principales causas que impiden mejoras en sus condiciones de vida.
Patrimonio de la humanidad
El OTBN debe ser consensuado entre diversos sectores de la provincia. Figueroa sostuvo que se solicitó que la idea del amarillo clarito sea volcada en esa mesa de trabajo. Reconoció no obstante que el OTBN no es garantía del cuidado de los montes que quedan.
Un ejemplo claro es la recategorización que se permitió en 2014 a través de dos decretos firmador por Urtubey para autorizar el paso de las topadoras por zonas que estaban categorizadas como rojas y amarillas (en las que el desmonte no está permitido porque se considera prioritario la conservación de esos bosques). Las autorizaciones que se otorgaron a titulares registrales de 30 fincas quedaron suspendidas por una resolución que emitió el Ministerio de Ambiente de la Nación en 2018. Pero solo a los siete meses de la resolución, esa suspensión se dio por concluida y la posibilidad de continuar con el paso de las topadoras siguió en pie.
“Necesitamos un nuevo ordenamiento, sobre todo en la zona norte donde hubo muchos desmontes ilegales”, dijo Figueroa al indicar como imprescindible que ante el cambio climático se plantee a la biodiversidad y al bosque nativo “como patrimonio de la humanidad”.
Intereses de todos o de algunos
Segovia hizo algunas apreciaciones jurídicas ante la posibilidad de los reclamos de los empresarios que ya pidieron permisos para desmontar.
El abogado señaló que una de las posibles apelaciones de los empresarios podría ser la del “derecho adquirido” al iniciar el trámite de desmonte. Segovia entendió que las leyes ambientales “intentan compatibilizar el derecho de propiedad con el derecho colectivo, que en este caso se trata del derecho al ambiente”. Aseguró que cuando chocan intereses individuales como el de propiedad, con los colectivos, como el ambiente, se debe enmarcar como posible resolución la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1884. Esta indica que “contra el interés público no hay derechos adquiridos”. Es por ello que, a entender de Segovia y con todos los instrumentos legales en pie, de actualizarse el OTBN, se puede aplicar sobre los procedimientos administrativos que incluyeron las audiencias públicas, y frenar los desmontes solicitados en aquellas zonas en donde según el nuevo OTBN no debería haber desmontes.
“Los propietarios podrían alegar que se indemnice sus intereses, siempre y cuando comprueben que actuaron de buena fe”, añadió. El tema es que en Salta, el OTBN está vencido desde hace siete años según lo establecido por la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, que impone la actualización del mapa de ordenamiento territorial cada 5 años. “Sería un ejercicio abusivo permitirle al empresario actuar así, y el Estado no estaría compatibilizando los derechos”, concluyó el especialista.
