Una jueza chaqueña, cercana al Arzobispado de Resistencia, concedió el pedido que seis activistas locales opuestos al derecho a decidir presentaron para que la Justicia habilitara la feria y ordenara “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” en todo el territorio de Chaco de la Ley nacional 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo. La resolución de Marta Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 19, dispuso notificar de la suspensión a la gobernación y los ministerios de Salud y de Educación provinciales. 

El aval a la presentación realizada por nombres conocidos del activismo local anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto, fue cuestionado por referentes de la política y el movimiento de mujeres, pero también por expertes en derecho, que en diálogo con este diario coincidieron en señalar que “la ley es de orden público y la autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Nacional”. Por ello, ni la justicia ni el Estado provinciales tienen legitimación para impedir que se aplique.

En un comunicado oficial, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial advirtió que el gobierno provincial "no ha sido notificado formalmente" de la decisión de la jueza Aucar.

El de Chaco no es el primer ataque a la ley de IVE registrado en provincias argentinas desde que el Congreso sancionó la norma, el 30 de diciembre de 2020, pero sí es el primero en lograr respuesta judicial favorable. El anterior pedido, insertado en un pedido judicial originalmente presentando en contra del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, se radicó en Salta, a instancias de la ex senadora nacional y actual diputada provincial (y presidenta de Partido Renovador local) Cristina Fiore. Como informó este diario, esa presentación en la que Fiore revistió como cofirmante y que promocionó en nombre de la “Red de Legisladores por la Vida” ante la justicia federal fue desestimada.

La presentación fue realizada por nombres de insistente accionar “anti” en territorio chaqueño, a quienes la jueza Aucar -referida por fuentes provinciales como de militancia confesional y cuyo marido, el contador Ernesto Trotti, forma parte de la comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña- avaló aunque en su resolución no indicó qué legitimidad les reconoció a cada uno de ellos, o en conjunto, para accionar en los términos de la “Ley de Protecciòn integral de los derechos de las Niñas, niños y adolescentes en concordancia con los alcances dados por la Ley 23849 (es decir, la Convención de los Derechos del Niño), en cuanto, esta última, declara que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los dieciocho años de edad”. Según la presentación, la Constitución de Chaco -en su artículo 15, inc.1- se opone a la ley 27.610, dado que dispone “el deber de garantizar a todas las personas el goce de los siguientes derechos: ‘A la vida y a la libertad, desde la concepción;…’” (sic).

El pedido de cautelar llevó seis firmas, cinco de las cuales corresponden a mujeres; la mayoría de los nombres están vinculados con distintos espacios de poder político (y confesional), en alguno de los cuales, de hecho, algunas de las personas firmantes revistaron como funcionarias públicas.

Militancia confesional celeste profundo

La primera de las firmantes fue la abogada Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), en representación de la cual llegó a participar de reuniones con autoridades locales para solicitar terrenos en los cuales erigir un complejo educativo de la entidad. En 2010, Dellamea fue expositora en la audiencia informativa que la entonces senadora Liliana Teresita Negre de Alonso organizó en Chaco, como parte de las reuniones que la Comisión de Legislación General celebró en distintas provincias antes de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. En esa ocasión, la letrada referente de Fasta -que no expuso como tal- explicó que veía “el sufrimiento de la gente que está con este problema”, en referencia a quienes no podían acceder a la protección legal que brinda la institución matrimonial, aunque no estaba a favor de la ley porque “una unión formal entre personas del mismo sexo es otra cosa, pero no un matrimonio”.

Otra de las impulsoras de la cautelar es la escribana y ex diputada provincial Clelia Ávila (UCR-Cambiemos), referente del “Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco” (MUVF), que en calidad de tal se presentó en 2018 como expositora ante el plenario de Diputados que debatía la legalización del aborto y aseguró que el proyecto implicaba la “discriminación del niño por nacer”. En 2010, junto con el presidente de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de Resistencia, Sergio Tonetti, había sido gestora del viaje de la comisión que presidía Negre de Alonso a la ciudad. Según informó entonces este diario, Ávila antes había vijado a Buenos Aires para entregar a la senadora una caja en la que, dijo, había petitorios que reclamaban la realización de una consulta popular sobre el proyecto de matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2017, Ávila fue señalada como responsable de instigar el ataque que sufrieron participantes del 32 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), celebrado en Resistencia. En esa ocasión, la escribana Ávila fue denunciada judicialmente por el gobierno provincial, representado por la Secretaría de Derechos Humanos (a cargo entonces de Juan Carlos Goya), y por integrantes de la Comisión Organizadora del ENM (que accionaron penalmente, por “amenazas” y “persecución pública”). Las participantes del Encuentro fueron agredidas por un grupo de “vándalos pagados por una facción política”, dijo en ese momento Goya, quien detalló que “las persiguieron como si fueran perro en las calles y las apalearon”. Tal como informó este diario en ese momento, el funcionario aseguró: “Una de las que participó en esta marcha y arengó a la gente a cometer estos desmanes fue precisamente Clelia Avila”. La ex diputada "arengó para "cometer desmanes", añadió.  Videos del momento la mostraron en medio de las agresiones en compañía de integrantes de la iglesia evangélica "Invasión del amor de dios", del pastor Jorge Ledesma.

En 2020, cuando promediaba el primer año de la pandemia en Argentina, la escribana y otra de las firmantes de la presentación, Claudia Medina, fueron algunas de las artífices de una manifestación de MUVF -que aseguró nuclear “a más de 20 organizaciones sociales de nuestra provincia”-, para plantear reclamos varios sobre salud. El cuarto de los ítems que reclamaban era “que el dinero que se usa para la práctica de abortos y la compra de medicamentos abortivos, sea destinado para atender y mejorar la salud de todos”.

El pedido de cautelar llevó también la firma de una médica que reviste en un hospital público importantísimo de la provincia. Gabriela Monzón, quien durante 2020 cobró cierta relevancia nacional por haberse convertido en una de las primeras personas en dar positivo a covid-19 en Chaco y haber sido considerada el primer caso autóctono en Argentina, es jefa del servicio de consultorios externos del hospital de alta complejidad de Resistencia, el “Dr. Julio C. Perrando”. La médica, que al principio de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus recurrió a sus cuentas en redes sociales para dar a conocer información sobre covid-19, también se sirvió de su presencia digital para militar en contra del derecho a decidir. En vísperas del 8 de marzo del año pasado, la fecha en que la Iglesia católica convocó a una misa en contra del tratamiento de la ley de IVE, que el presidente había anunciado una semana antes al inaugurar el año de sesiones legislativas, Monzón todavía no hablaba de coronavirus. La pandemia, el aislamiento y el distanciamiento social todavía no estaban en el paisaje, y la médica escribía en su muro de Facebook: “Argentina canta y camina por amor a la vida, desde la concepción; una vez más vamos a hacer historia”, aseguraba, en referencia a la incipiente movida de oposición a la legalización del aborto.

El grupo se completa con Fernando Enrique Guirado, el abogado, que hace veinte años supo presidir la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de la provincia, y que es el sexto firmante de la presentación. El letrado es, además, el responsable del patrocinio letrado de la movida que pidió la inconstitucionalidad.