El gobierno porteño incluyó a los trabajadores de comedores comunitarios y dispositivos territoriales en la cuarta fase de su Plan Integral de Vacunación contra el Covid-19. Se trata de los mismos trabajadores que no reconoce formalmente como tales sino como meros voluntarios, y que desde principios de la pandemia reclaman ser incorporados a planta y percibir un salario por estar en la primera línea de combate contra el coronavirus en los barrios populares.

La contradicción de la administración de Horacio Rodríguez Larreta se puso en evidencia esta semana, cuando durante el anuncio del dispositivo vacunatorio de seis etapas contra el coronavirus, se detalló quiénes integrarán el grupo de “personal estratégico” de la cuarta fase.

Así lo definió el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros: se trata de “todas las personas que trabajan en relación directa a la comunidad con mucha exposición y mayor riesgo: fuerzas de seguridad, quienes trabajan en dispositivos territoriales, en desarrollo humano, comedores comunitarios y también los docentes”, enumeró.


La decisión fue anunciada luego de que varias organizaciones sociales y gremios mantuvieran la semana pasada una reunión con el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y el subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato, Maximiliano Corach, en la que se les pidió que quienes prestan asistencia en los barrios más pobres integren la lista de personal esencial para ser vacunado.

Los funcionarios se comprometieron a hacerlo y ello quedó plasmado en la declaración del titular de la cartera sanitaria, durante una conferencia de prensa el martes último.

Las organizaciones sociales y sindicales valoraron este diálogo, pero recordaron que desde junio piden el blanqueo del ejército de personas que prestan servicios en merenderos, ollas populares, bachilleratos o son promotores sanitarios de la ciudad de Buenos Aires piden ser reconocidos formalmente como “trabajadores esenciales”.

“Los trabajadores de la economía popular somos esenciales"

Dagna Aiva tiene 49 años, es coordinadora de salud de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 y Zabaleta y opina que la decisión de los funcionarios de Juntos por el Cambio de incluir a los militantes sociales en los listados para recibir la Sputnik V no fue genuina: “Si las organizaciones sociales no se lo pedían, el gobierno porteño no nos incluían en la vacunación”, afirmó.

“Además de hacer las comidas y meriendas, acompañamos a los abuelos, alcanzamos la medicación y repartimos bolsones de alimentos, entre tantas tareas. Y con los aislados por Covid, vamos a las casas y les sacamos la basura, llevamos comida, mercadería y damos toda la ayuda que necesiten”, contó a Página/12.

“Los trabajadores de la economía popular somos esenciales, pero el gobierno porteño no nos reconoce”, lamenta. Reconocerlos formalmente implicaría la percepción de un Salario Mínimo Vital y Móvil, que en la actualidad es de 21.600 pesos y, por lo tanto, el “blanqueo” laboral de quienes lo realizan.

No obstante, el visto bueno de Battistella, Corach y Quiros a la vacunación de ese personal es un virtual reconocimiento de lo que se les viene negando: su carácter de “esenciales”.

“El gobierno porteño reconoce a los trabajadores y trabajadoras que estuvieron al frente en primera línea de la pandemia, los incluye en calendario de vacunación, pero sigue sin reconocerlos salarialmente”, cuestionó el titular de la CTA-Capital (Autónoma), Pablo Spataro.

El trabajo de Dagna es parte de lo que hace el Comité de Crisis integrado por todas las organizaciones de Zabaleta, el barrio ubicado en Barracas. “Trabajamos en la planificación desde antes que llegara la pandemia, porque cuando vimos lo que pasaba en Europa sabíamos la que se venía”, destaca.

“Fue muy difícil. Tenemos problemas de hacinamiento, cloacas rebalsadas, cortes de agua, de luz, y aún así conservamos la organización y trabajamos las 24 horas en turnos rotativos”, agregó. Por eso, porque “todo esto fue difícil al principio, lo es ahora y lo será más adelante”, es que “mantenemos nuestro pedido de ser declarados trabajadores esenciales –puntualizó-. Hay que hacer algo, es necesario tener un sueldo para poder sobrevivir y brindar lo que uno siempre brinda.”

El reclamo al gobierno porteño

Porque historias como la de Dagna se multiplican en los entre 6 y 8 mil trabajadores que sostienen experiencias como la de ella es que “seguimos planteando que es necesario ese reconocimiento para quienes desarrollan tareas esenciales en este momento histórico”, remarcó Spataro a Página/12.

El planteo fue hecho por esa organización sindical junto con Somos Barrios de Pie, el Frente Nacional Territorial (Fenat), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Federación de Organizaciones de Base (FOB).

Lo que demandan lo sustentan con cálculos y datos: el costo que tendría reconocer con un SMVM al personal con un altísimo grado de exposición al virus que se desempeña en los 700 centros comunitarios que funcionan en la Capital Federal, le demandaría al Estado porteño un 3,2 por ciento de su presupuesto de Desarrollo Social.

“Sólo en el primer semestre de 2020, el gobierno porteño tuvo un superávit de 90 mil millones de pesos. Podrían hacer algo mucho más que incluirnos en el calendario de vacunación”, concluyó el dirigente.