En plena feria judicial, en tiempos en que los esfuerzos presupuestarios se supone que deben orientarse a los sectores más demandados por la pandemia, un conjuez de Lomas de Zamora le ordenó al gobierno de Axel Kicillof que les aumente el sueldo a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en un 80 por ciento. Lo hizo, además, en base a un reclamo que se inició durante la gestión de María Eugenia Vidal, que se comprometió a analizar el esquema salarial, pero luego nada ocurrió. El argumento central del fallo es que existe una enorme diferencia que promedia el 88 por ciento entre los sueldos que se pagan en los tribunales provinciales y los de la Justicia Federal, según un peritaje ordenado en el expediente. Dice que el incremento será escalonado a lo largo de 5 años y deberá estar incluido en el presupuesto 2022. La fiscalía de Estado bonaerense ya prepara una apelación. Cerca de Kicillof, rechazaron la decisión y desacreditan los fundamentos. Invocan incluso antecedentes de la Corte Suprema que van en contra en un caso del Chaco de 2019.

La demanda fue promovida por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y los presidentes de los 19 departamentos judiciales bonaerenses. La designación de un conjuez, abogado de la matrícula, se debe a que se supone que jueces/zas no pueden decidir sobre sí mismos. En este caso intervino Juan Manuel Alvarez Echagüe, designado por la Corte bonaerense. El reclamo de origen se remonta a mayo de 2016, cuando jueces y juezas le hicieron un planteo al gobierno de Vidal y a quien era su ministro de justicia, Carlos Mahiques, hoy camarista de Casación Federal. Allí se acordó avanzar en una mesa de diálogo que, según el fallo, nunca se concretó. El reclamo judicial propiamente dicho es de mayo de 2018, cuando todavía gobernaba Cambiemos, pero el conjuez decidió resolver la cuestión de fondo ahora.

El argumento central es que la acción judicial estuvo promovida por “el incumplimiento del Estado provincial” y a que existen “inequidades” salariales y “pérdida de competitividad”. “Existe una notoria y clara diferencia entre los jueces federales y provinciales, quienes conviven en un mismo territorio, aunque con diferentes competencias, percibiendo los primeros una remuneración de casi el doble de los segundos, lo cual genera y conlleva distorsiones que indefectiblemente repercuten en el sistema de justicia, pues por la misma tarea la diferencia salarial es abismal”, sostiene Alvarez Echagüe, a quien en la provincia identifican con la corporación de Lomas de Zamora. El conjuez incluso dice que hay competencias federales que pasaron a ser compartidas con jueces provinciales, en casos chicos --por ejemplo-- de violación a la ley de drogas. El fallo exhibe una serie de cuadros que comparan en función de un análisis contable lo que ganan jueces/as y secretarios/as en la provincia y los federales.

Según informaron en tribunales bonaerenses a Página/12, un juez/a de primera instancia o garantías en la provincia gana unos 210 mil pesos y de acuerdo al fallo la diferencia con su par federal es del 99 por ciento; un camarista percibe unos 260 mil pesos y la diferencia con su par, según el conjuez, es del 113 por ciento; camaristas de Casación cobran unos 350 mil pesos y la diferencia sería del 90 por ciento. En los jueces de Corte la diferencia ronda el 72 por ciento. El promedio es 88 por ciento. Vale recordar que todos los jueces y juezas nombrados antes de 2017 no pagan Impuesto a las Ganancias.

Alvarez Echagüe también hizo un cuadro comparativo del porcentaje de aumentos recibidos en los últimos años en provincia y tribunales federales, donde los primeros siempre figuran como inferiores. La brecha promedio señalada en 2019 es 39 por ciento, 8 por ciento en 2018, 4 en 2017, 28 en 2016. Los números que invoca como aumentos para la Justicia Federal discrepan de los que registra la Unión de Empleados de la Justica de la Nación (UEJN) según consultó este diario. En 2019, por ejemplo, el conjuez señala un 69 por ciento de incremento para la Justicia Federal y el gremio señala un 53,07. En provincia, 30 por ciento. En 2018, el fallo señala 40 por ciento de aumento en la Justicia Federal y el gremio registra más todavía, 46 por ciento. En provincia ese año es 32 por ciento. Hace tiempo que en el Poder Judicial y Ministerio Público bonaerenses dicen que sus salarios aumentan por debajo de la inflación.

¿Qué dicen en el gobierno bonaerense? Un funcionario lo definió directamente como “una salvajada” en una provincia que fue recibida con un gran endeudamiento y más aún en plena feria y en un contexto de pandemia. En la administración de Kicillof no niegan que los sueldos en la Justicia bonaerense son bajos en relación a los de otros poderes judiciales provinciales. También saben que por esta razón muchos jueces/as migran a trabajar a otros destinos, como Córdoba y Rosario. El principal cuestionamiento jurídico a la sentencia de Alvarez Echagüe es que no se pueden comparar los sueldos de los/as magistrados/as provinciales con los federales. Los sistemas de por sí son distintos. La Corte bonaerense, de hecho, volvió a reflotar en diciembre un proyecto de autarquía financiera para el Poder Judicial local porque los sueldos los fija el Poder Ejecutivo provincial. En favor de sus tribunales suelen decir que concentran cerca del doble de causas que en otras provincias. Los salarios en la Justicia Federal los fija la Corte Suprema de la Nación, que tiene una cuota de autonomía, aunque depende de que las partidas las apruebe el Poder Ejecutivo nacional. Parte de este criterio fue aplicado en un fallo de la Corte nacional donde se discutía si los jueces/zas de Chaco podían cobrar igual que los federales. La respuesta fue que no.

El fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, un radical de carrera que fue decano de la Facultad de Derecho de La Plata, prepara la apelación, que deberá ser resuelta también por conjueces de la Cámara de San Martín.