La joven venezolana que denunció haber sido violada por el dueño del local Uniformes Garzón, en Once, relató cómo fue el hecho. "Tengo tristeza en todo momento. Sólo digo: Dios mío, gracias que no me acuerdo de nada. No hubiera soportado recordar algo", expresó ante las cámaras de televisión de un canal de su país, acompañada por su madre.

La chica de 18 años, había ido el sábado a su primer día de trabajo. Se trataba de una prueba. El agresor, Humberto Garzón Martínez, en un momento cerró las persianas con candado y las puertas con llave. "Inmediatamente le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo porque vi que estaba cerrando todo. En ningún momento se dio cuenta de que usé el celular. Se acercó hasta donde estaba, en la caja, y me ofreció vodka", detalló.

Ella le respondió que no tomaba alcohol y que, además, si lo hacía, tendría problemas con su madre. Minutos antes de que el hombre cerrara todo habían ingresado al comercio unas señoras. "Lo único que le dije es que iba a ver (de tomar) agua, pero que la iba a tomar de un filtro. Me levanté, las atendí (a las clientas), y cuando regresé tenía el agua allí. Hacía mucho calor. Estaba tan metida en el tema de hacerlo bien para quedar en el trabajo que no me percaté de que él ya me había servido el agua", narró la víctima.


Tras tomar agua sintió que se le dormían las manos. Marcó en su celular el último número al que se había comunicado. Era el de su hermana, quien contestó. Pero la joven no pudo hablar. Sintió que se dormía; que estaba mareada. Cuando despertó, Garzón Martínez ya estaba poniéndole el pantalón. "De allí me imagino que me volví a dormir. Desperté nuevamente y estaba con la Policía."

"La tristeza la tengo en todo momento. Sólo digo: Díos mío, gracias que no me acuerdo de nada. No hubiera soportado recordar algo", dijo entre lágrimas.

El hombre denunciado fue liberado. "No estoy de acuerdo, estoy sufriendo mucho. En Argentina he visto muchísimos casos, y he oído que el abuso tiene una tasa muy alta, el femicidio y todo ese tipo de cosas. Normalmente por miedo, temor o susto (las víctimas) no dan la cara como lo estoy haciendo yo. Tengo muchísima fe de que les voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara, para que digan y denuncien", concluyó. 

El jueves su familia convocó a una manifestación pacífica en la puerta del local, que se encuentra cerrado desde el sábado. Las persianas bajas del comercio se taparon con carteles: “los violadores no se liberan”, señalaba uno, dirigido a la jueza Karina Zucconi, del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°15, que decidió la excarcelación del agresor. Otras mujeres venezolanas contaron que vivieron situaciones similares.

Dos fiscales apelan la excarcelación

La fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 41, y Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), apelaron el fallo que el jueves dio la jueza Zucconi.

“La revocación de su libertad es el único medio útil para asegurar los fines del proceso, la integridad de la víctima y el cumplimiento de los compromisos del Estado argentino en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres”, resaltaron.

De acuerdo con lo publicado en el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, las funcionarias judiciales ya habían cuestionado y apelado la decisión de la magistrada que al comienzo de esta semana había excarcelado a Irineo Humberto Garzón Martínez.

En el fallo donde el jueves dictó el procesamiento por el "abuso sexual agravado con acceso carnal" de la joven, Zucconi mantuvo la libertad del imputado porque no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

Además, la jueza consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta.

Sin embargo, las fiscales Russi y Labozzetta recordaron que el Ministerio Público sostuvo desde el inicio de esta investigación que el imputado debe transitar el proceso en prisión preventiva ya que ninguna medida puede neutralizar los riesgos procesales.

En esa línea, destacaron que los hechos investigados constituyen situaciones de violencia contra una mujer y recordaron los tratados internacionales que la Argentina suscribió en esa materia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Bélem do Pará) y la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw).

Para la fiscalía, "es indispensable pensar la violencia sexual a partir de la asimetría de poder en tanto constituye la expresión de una construcción de la sexualidad basada en el poder masculino y en el sometimiento y cosificación de lo femenino o lo que se representa como femenino”.

Por otra parte, sostuvieron que las características de este suceso no permiten descartar la existencia de otras damnificadas, por lo que la libertad del acusado podría constituir un riesgo para ellas y podría desalentar su presentación en la causa.

Las fiscales recordaron que el acusado intentó fugarse cuando la policía estaba dentro de su local y que, cuando le preguntaron por su domicilio, dio otra dirección. En esa línea, advirtieron lo gravísimo que es el hecho por el cual fue procesado, que prevé una escala penal de entre seis y 15 años de prisión, por lo que en caso de ser condenado no le correspondería un cumplimiento en suspenso.