Cargadas por la lucha política

Desde Santa Fe

La decisión del diputado de la UCR Juan Cruz Cándido, presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, de publicar en las redes –en vez de denunciar ante la justicia- la captura del video clip de un “trapero” que se exhibió en el Monumento a la Bandera “rodeado de otras personas portando diversas armas”, generó ayer la reacción de funcionarios del Ministerio de Seguridad. “¿Nadie en el gobierno se pregunta cómo llegaron a conseguir esas armas?. ¿Cómo un grupo de personas se muestra tranquilamente en las redes exhibiendo semejante arsenal?”, interpeló el legislador. Le respondieron desde la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego (APVAF), creada por el ministro de Seguridad Marcelo Sain y hoy a cargo del abogado Lautaro Sappietro. “Sí, nosotros también nos preguntamos de dónde salieron” esas armas y “hacemos todo lo posible para reducir los índices de violencia armada” porque “ustedes” en la gestión del ex ministro Maximiliano Pullaro “nos dejaron mucho para hacer”, le contestó uno de los asistentes técnicos del área, Joel Theytaz.

Cándido integró el gabinete de Pullaro como director provincial de Programación Territorial. Y explicó que antes de publicar la foto del "trapero" consultó con "especialistas". Las armas exhibidas en el video eran "un FAL, pistolas Glock, Bersa y Taurus, una carabina g5g ak-47, y una réplica calibre 22, cargadores KCI surcoreanos de 50 tiros o 100 (que son los redondos) y trabas, estas últimas algunas réplicas y otras reales”. “Todas las evidencias indican que la mayoría de las armas de la foto son reales. Incluso una tiene borrada la numeración”, reveló.

“¿Nadie en el gobierno se pregunta cómo llegaron a conseguir esas armas?”, preguntó el legislador. “¿Cómo un grupo de personas se muestra tranquilamente en las redes exhibiendo semejante arsenal? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a grabar el videoclip en el Monumento a la Bandera? “Subí la foto, asombrado y preocupado. Asombrado porque las imágenes están en las redes, a la vista de todos”. Y “preocupado porque nadie del Gobierno parece haberla visto” o supuestamente “eligen minimizarla diciendo que son de un video clip”.

Theytaz dijo que en el control de las armas “se trabaja todos los días. Empezamos por las armas institucionales, que son las únicas sobre las que tiene jurisdicción la provincia”. Y sintetizó las “cosas” que el equipo de Sain y Sappietro concretó este año con “trabajo, gestión, voluntad y control”.

• Armas que faltan. “2020 fue el año que menos armas institucionales se perdieron o sustrajeron al personal policial”, dijo Theytaz. El más bajo en los últimos siete años: 36 armas policiales. Mientras que entre 2014 y 2019, el período que abarca los cuatro años de Pullaro y dos de su antecesor Raúl Lamberto, fueron sustraídas (o extraviadas 502 armas entre cortas y largas: 91 (en 2014), 121 (en 2015), 102 (en 2016), 74 (en 2017), 63 (en 2018), 51 (en 2019) y ahora 36 (en 2020). El número incluye los faltantes en los arsenales policiales. Según Theytaz, en la gestión de la que “formaba parte” Cándido, “se perdieron o sustrajeron” un arma policial cada cuatro días, mientras que ahora ese promedio es una cada 13 días.
• Tecnología. “Mientras se ajustan los controles de las armas –dijo Theytaz-, el gabinete de Sain avanza en otro cambio estructural: tener el “control tecnológico de los armamentos” de la Policía, que hoy se registran en papel y dependen de la voluntad de los armeros. “Un software que permita el control y trazabilidad de las armas institucionales”. “Parece mentira”, pero cuando asumió el gobierno de Omar Perotti, “el Estado no sabía cuántas armas tiene o dónde están”, dijo Sappietro. Y con el “sistema tecnológico” que se pretender incorporar permitirá “etiquetar las armas” y cerrar el agujero negro.
• Balas perdidas. “Pero como las armas sin balas no sirven para mucho –le contestó Theytaz a Cándido- también se investiga el destino de casi 900.000 municiones”, compradas durante la gestión de Pullaro, que no estaban registradas en el stock de la Policía de Santa Fe. El hecho lo denunció Sappietro el año pasado. En 2017, el Ministerio de Seguridad licitó la compra de un millón de proyectiles calibre 9 mm. que ganó Fabricaciones Militares. En abril de 2018, se acreditó la entrega del material. “Cuando llegamos al Ministerio no teníamos datos del stock”, dijo Sappietro. Y el inventario dio como resultado que quedaban 102.118 municiones 9 mm. en manos de la Policía. “En 28 meses se gastaron 897.882 proyectiles, lo que nos da un uso de 1.032 por día”. Un número alarmante”, por lo se inició la investigación.
• Desarme. “Además, se trabaja fuerte en el secuestro de armas. No me quiero adelantar a los datos finales, pero se van a llevar una sorpresa”, prometió Theytaz. El último informe del Observatorio de Seguridad Pública reveló que hasta octubre de 2020 –aún faltan los datos de noviembre y diciembre- se habían secuestrado 2.242 armas contra las 2110 que incautadas en 2019, en el último año de Pullaro. Un arsenal que estaba en poder de las bandas. El Observatorio explicó que los diez meses de 2020 se secuestraron 1198 armas cortas contra 1294 en 2019, 842 armas largas contra 613 y 202 armas caseras contra 203 en 2019.
• Armerías privadas. “En Rosario, se articuló con el Concejo Municipal una actualización normativa para mejorar el control sobre las armerías privadas y se busca trabajar con otros gobiernos locales en un mismo sentido”, explicó Theytaz. Y citó lo que Sappietro, el jefe de la Agencia, ya ha dicho varias veces: “El objetivo de los controles es evitar el posible desvío de armas y municiones a los circuitos ilegales".
• El otro arsenal. “Por último –le respondió Theytaz a Cándido- se trabajó muy duro en centralizar un arsenal que ronda los 6.000 fierros, que estaba desperdigado por toda la provincia en dependencias policiales, del que ustedes” -por la gestión de Pullaro- “no deben haber tenido tiempo de ocuparse”, ironizó. Se trata de armas cortas, largas, tumberas y municiones vinculadas a causas judiciales del sistema penal residual, que fueron concentradas en la División Central de Balística del D4, como paso previo a la destrucción avalada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). “Esto permitió liberar espacios en la Unidades Regionales, desafectar al personal que tenía la guarda o cuidado de este armamento, reorganizar esos efectivos en tareas operativas porque cumplían una función que es propia del Poder Judicial”.