El martes 19 de enero, Nicolás Placci se paró frente a la puerta de Quintana 908, San Martín, provincia de Buenos Aires, listo para sentir que algo, alguito de todo lo que la última dictadura cívico militar eclesiástica había destrozado en su vida podía ser reparado. Pero al cruzar la puerta, se llevó una sorpresa. Y no precisamente de las buenas. “Esa casa, donde dormí por última vez con mi mamá, parecía que había sido bombardeada”, resumió el hijo de una pareja de militantes montoneros desaparecidos. La vivienda que sus padres habían comprado pocos días antes de ser secuestrados fue usurpada durante 40 años por un policía retirado y su familia. Intervención judicial mediante, él la recuperó. Las fotos que tomó evidencian lo que enfrentó al ingresar: puertas y ventanas arrancadas de cuajo, al igual que canillas, caños, cables; escombros y basura por todos lados. “La despedazaron. La reventaron a mazazos. A una parte directamente le arrancaron el techo”, contó a Página/12, a horas de radicar la denuncia ante la Justicia federal.

Los jovencísimos Eduardo Daniel Placci y Alba Noemí Garófalo se habían conocido en Venado Tuerto, Santa Fe, militando en barrios pobres. A fines de 1975 se casaron. Para entonces, con 20 y 21 años respectivamente, ya eran militantes de Montoneros y Alba estaba embarazada. Vivieron un tiempo en San Nicolás y se mudaron a San Martín. En mayo de 1976 nació Nicolás. El 26 de noviembre de ese año compraron y escrituraron una casa en esa localidad al norte del Conurbano, ubicada en Quintana 908. De allí Alba salió con Nicolás en brazos el 8 de diciembre, cruzó la calle y le dejó el bebé al cuidado de la vecina. De allí se la llevaron el mismo día, tras un mega operativo. A Eduardo también.

Nicolás fue criado por sus abuelos maternos. Su abuelo fue quien, pocos años después del secuestro de la pareja, decidió iniciar una causa judicial para recuperar la vivienda de San Martín, que fue apropiada por el entonces policía Rolando Ríos y su esposa. El papá de Alba falleció en el intento. “Muchos años después me hice cargo yo, pero de eso pasaron 15 años”, contó Nicolás a este diario. 

Palabras más, palabras menos, la misma historia contó en septiembre pasado ante el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, en el marco del juicio por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos que tuvieron como escenario Campo de Mayo durante la última dictadura. Aquel testimonio, el primero que brindó en un juicio oral, le sirvió a Nicolás para destrabar algo dentro suyo, pero también algo afuera.

La fachada de la casa que Nicolás Placci recuperó. 

Mucho más que una casa

El testimonio del hijo de los desaparecidos Garófalo y Placci, apuntalado por el de sus tíos y vecinos de la época, despabiló a la Justicia. Tras aquella jornada del 2 de septiembre del año pasado, y después de 15 años de insistir, la jueza Alicia Vence avanzó en la restitución de la casa de Alba y Eduardo, que hoy es de Nicolás y de su hermano o hermana, cuando pueda ser devuelto a su verdadera historia. Es que Alba estaba embarazada cuando fue secuestrada y Nicolás busca, también, a ese o esa bebé.

Luego de que su abogado lo solicitara, sin éxito, al TOF, Vence intimó a la familia Ríos. En 15 años, el juzgado a su cargo exigió al expolicía que explique las circunstancias en las que se instaló en Quintana 908. “Nunca, nunca pudo dar ninguna explicación. No supo decir cuándo se apropió de la casa, ni presentó una escritura, un boleto de compraventa, ni siquiera un plano, a su nombre. Nada. Y tampoco se halló ninguna documentación en la casa en el allanamiento que la Justicia ordenó en 2010”, narró el profesor de escuela media que tomó las riedas de la búsqueda de Justicia para sus padres y su familia. 

El vínculo de Ríos y la vivienda que perteneció a Placci y Garófalo es sospechoso: cuando elles fueron secuestrades, el hombre aún prestaba servicio en la Jefatura de Policía de San Martín. Por allí, se sospecha, pasó el matrimonio que pasaron el papá y la mamá de Nicolás antes de ser depositados en Campo de Mayo.

Y un dato más llama la atención. En aquel allanamiento de 2010, la Justicia encontró en el sótano de la casa un baúl identificado con las siglas del Ejército Argentino repleto de armas de guerra. “Ríos tampoco supo explicar muy bien de dónde las había sacado”, indicó el hijo del matrimonio de militantes desaparecidos. “Usurpó, porque no le cabe otra palabra, la casa de mis padres durante 40 años, y finalmente le ordenaron devolverla”, completó. Debían dejar la vivienda en diciembre pasado, pero surgió algo.

Una premonición

Tras la orden de desalojo, la familia Ríos solicitó al juzgado una prórroga. “Dijeron que Ríos había tenido un acv, que estaba en silla de ruedas, que la vivienda a la que lo iban a llevar todavía no estaba lista”, contó Nicolás. A mediados de diciembre, el secretario del juzgado, Agustín Rodríguez Verdier, lo consultó para ver qué opinaba y él, tras pensarlo mucho, accedió.

Se lo comunicó al secretario mediante un mensaje de WhatsApp que contenía una premonición. Decía que había decidido “basado casi en su totalidad en una cuestión humanitaria” acceder al pedido de la familia Ríos “confiando en la buena fe” de ellos y de la Justicia. Le pedía a él, “a la jueza y al tribunal todo” que “velen por el cumplimiento efectivo de la restitución del bien”. Explicaba que para él y su familia “no es una apertura de una puerta o el acondicionamiento de un baño”, sino “una pequeña reparación de algo sumamente doloroso que llevamos 44 años esperando”. Y le aclaró su temor de que “esta decisión se me vuelva en contra y ese tiempo se utilice para ‘inventar’ algo que entorpezca el mal desarrollo de este proceso”.

La prórroga fue de veinte días. Hace unos días, a través de su abogado, la familia Ríos dejó la llave de la propiedad. El heredero de la vivienda contó que “dejaron una sola llave, de tres que deberían haber entregado”. Una sola de la puerta de entrada, que al estar cerrada con doble cerradura, no pudo ser abierta por los empleados del Juzgado. Tampoco dejaron llave del portón del garage, que también da a la calle. A ese lo dejaron abierto.

“Una casa de Beirut recién bombardeada por los yanquis”

Nicolás obtuvo las llaves de la casa familiar el martes pasado. Inmediatamente fue hasta allá. Entró. “Yo sabía que era una casa vieja así que me esperaba encontrar falta de mantenimiento Pero nada comparado a lo que vi. Esa casa, la última en la que dormí con mi mamá, parecía una casa de Beirut que había sido bombardeada por los yanquis”, comparó. “La despedazaron. No dejaron una ventana, una puerta. La reventaron a mazazos. A una parte directamente le sacaron el techo, se lo arrancaron. Le arrancaron canillas y caños, el inodoro. Cables. Azulejos”, describió.

Volvió todos los días desde entonces. Al segundo día se encontró, debajo de la puerta de entrada, una boleta del impuesto inmobiliario a nombre de Alba, su mamá. "Lo cuento y todavía se me pone la piel de gallina”, dice Nicolás. “Esta gente no sólo usurpó la casa durante 40 años. También durante 40 años, una vez por mes, vio el nombre de mi mamá en una boleta”.

Además de intentar sacar algo de toda la basura que encontró desperdigada por la vivienda, el primer hijo de la pareja dueña de la vivienda también se acercó a hablar con les vecines. “Las vecinas que viven a ambos lados de la casa coincidieron en que todos los destrozos sucedieron el último mes. Porque los escucharon: escucharon los martillazos, los vidrios rotos”, cuenta a Página/12. 

"Fue una acción de odio. No tienen más motivos más que la maldad y el odio por tener que devolverle la casa a un hijo de montoneros subversivos”. La idea no es casual: Nicolás parafrasea a la familia Ríos, siguiendo sus expresiones en las redes sociales.

Un crimen de lesa humanidad

La Justicia retoma su actividad el lunes, tras un mes de feria. Entonces, el abogado de Placci, Pablo Llonto, presentará ante el juzgado de Vence la denuncia penal por los destrozos y las deudas --70 mil pesos de electricidad, 30 mil de impuesto inmobiliario, 20 mil de agua-- que la familia del policía retirado dejó en la vivienda usurpada. “Pediremos que sean investigados como delitos de lesa humanidad”, apuntó Llonto, quien también solicitará medidas de prueba para averiguar quiénes destrozaron la casa. Con Ríos vivía su hijo mayor, que realiza trabajos de seguridad privada.