Desde el 24 de enero, para acceder a un aborto sólo debería hacer falta recurrir a un centro de salud, público o privado, y manifestar la voluntad de hacerlo. Así lo dice la ley 27.610. Para garantizar su cumplimiento, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva difunde el 0800 222 3444, número al que cualquier persona de cualquier lugar del país puede llamar para denunciar si le niegan atención, si tiene dudas o requiere información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. “El volumen de llamados creció considerablemente (más del doble) debido a la visibilidad de la ley y la enorme difusión que tuvo. Habilitamos también el correo institucional [email protected] para recibir consultas y estamos reforzando la línea 0800 Salud Sexual para la atención”, contó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. El gobierno nacional también previó la compra de más del doble de misoprostol que el año pasado, ya que inmensa mayoría de los abortos se realizan con esta droga. Trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires registran un aumento de hasta el 50 por ciento en las consultas que se reciben a partir de la ley. 

El mazazo llegó el jueves, desde Chaco. La jueza civil y comercial de esa provincia Marta Aucar de Trotti aceptó la medida cautelar presentada por una organización antiderechos y frenó la vigencia provincial de una ley nacional, yendo mucho más allá de su competencia. Mientras acciona con la Fiscalía de Estado, el gobierno de Chaco vuelve a trabajar con el marco legal anterior: aplica la Interrupción Legal del Embarazo de acuerdo con el Código Penal vigente desde 1921. “Tenemos suspendido el marco IVE y volvemos al marco ILE. No se suspendió ningún turno”, explicó a Página/12 la subsecretaria de Salud Comunitaria de Chaco, Carolina Centeno. La diferencia es que hace falta acreditar que el embarazo es producto de violación o afecta la salud de la mujer, algo innecesario con la actual ley, vigente en el resto del país.

Como el servicio de salud es competencia de los estados provinciales, cada una de las 24 jurisdicciones afina sus estrategias de implementación. La disparidad geográfica no es sólo con Chaco, donde la decisión de una jueza impide el ejercicio de este derecho, sino de acuerdo a distintas realidades de los sistemas de Salud provinciales. 

--¿Cómo están articulando con las áreas de salud sexual y reproductiva de todo el país la implementación de la ley de IVE? --preguntó este diario a Valeria Isla.

--Los programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones están en coordinación entre sí y con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en forma permanente mediante comunicaciones cotidianas a los efectos de intercambiar las experiencias, las fortalezas de cada provincia y la mejor manera de encarar los problemas que se presentan. Esta dinámica se implementó durante todo el 2020 y continúa. Además, durante el mes de enero de 2021 hemos realizado dos reuniones virtuales para coordinar estrategias para la implementación de la ley 27610.

--¿Tienen previstas mayores compras de misoprostol para atenderla?

--Para fortalecer la implementación de la política pública de acceso a la ILE durante el año 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación compró 35.000 tratamientos (12 comprimidos) de misoprostol 200 mg. De los cuales 19.000 por compra nacional y 16.000 tratamientos a UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas). Para el año 2021 se incorporó al plan anual de compras más del doble de lo previsto en 2020, a su vez las jurisdicciones provinciales también compran misoprostol desde los ministerios provinciales o mediante compras directas de hospitales. Algunos ejemplos de provincias que compran misoprostol son Buenos Aires, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires, entre otras. La provincia de Santa Fe tiene abastecimiento propio mediante su laboratorio público con sede en la ciudad de Santa Fe, el LIF.

La funcionaria puntualizó que “la medicación se distribuye mediante el programa Remediar a los programas y direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a centros de salud que requieren su envío en forma directa”. Ese programa llega a más de 8000 centros de atención primaria de todo el país, de los cuales 5800 reciben botiquines de salud sexual con métodos anticonceptivos. “Otro insumo que se ha distribuido en los servicios de salud priorizados por las/os referentes y directoras de salud sexual y reproductiva provinciales son los requeridos para realizar AMEU, a los efectos de contribuir a la calidad de atención”, puntualizó la funcionaria. AMEU significa Aspiración Manual Endouterina, y es otro método de interrupción del embarazo.

Hasta la semana 14, y si no hay complicaciones, el aborto puede hacerse de forma ambulatoria, con la provisión de las pastillas de misoprostol en los centros de atención primaria de la salud. También se puede acceder a través del AMEU. Si hay complicaciones en la práctica, o si la edad gestacional es más avanzada, es necesario recurrir al segundo nivel de atención (hospitales) y ese es un punto álgido en muchas jurisdicciones.

Medicamento prohibido

En San Juan y Mendoza, de la región de Cuyo, la venta de misoprostol está prohibida en las farmacias, lo que dificulta el acceso a la ILE a cualquier usuaria de obras sociales, ya que sólo puede obtenerse en el sistema hospitalario. “Todas las IVE y las ILE entran por el 0800 de Nación, que está explotado, de ahí lo toma el programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza y de ahí se deriva a buenas voluntades. Hay pocos equipos armados, hay zonas que no tienen equipos. Se garantiza el acceso pero con todos esos limitantes. No existe en Mendoza el pedido voluntario de IVE, no podés ir al centro de salud, a tu médico o médica a pedir la interrupción voluntaria del embarazo, todo es por 0800, debido a la ley de prohibición de venta de misoprostol que está vigente desde 2009”, explicó Gabriela Dik, psicóloga e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de esa provincia. “Entendemos desde la Campaña (Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) y desde la Red que esa ley se hizo para limitar los abortos, lo que favoreció la clandestinidad y el mercado negro. La prohibición del misoprostol en farmacias trae todas estas consecuencias y con la IVE se nota más, se hace muchísimo más evidente”, agregó. Existe un proyecto en la Legislatura provincial para derogar esa norma, y llegó a tener media sanción en Diputados “pero está cajoneado y en todo este año la comisión de Salud del Senado no se pudo reunir y entonces no hay un solo avance en esa derogación”, lamentó.

Interculturalidad pendiente

Otra provincia donde el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo genera desafíos es Jujuy. “Fuimos convocadas a la reunión con la dirección del programa de Salud Sexual provincial para ver cómo íbamos a implementar la ley. Se pidió poder trabajar una guía provincial, que todavía no tenemos. Estamos tomando de modelo la que salió en Buenos Aires y queremos poder incluir en esa guía, que es la manera de asegurar un procedimiento, algo más local como son los intérpretes que siempre necesitamos, que haya en los equipos alguien que tenga una mirada más intercultural. Hay muchas personas que hablan más el quechua que castellano”, plantea Luz Díaz, de la Red de Profesionales de Jujuy.

Una de las propuestas de la Red de Jujuy es que la guía “incluya a los espacios activistas y acompañantes”, que hacen de puente entre las personas y el sistema de salud. Justamente, el activismo feminista difunde el 0800 Salud Sexual. “Sabemos que han aumentado las llamadas y si bien hay una demora, hasta ahora el tiempo de resolución es de 48 horas”, puntualizó Díaz.

Al alcance de todes

El 0800 de Salud Sexual es una herramienta disponible en todo el país, de lunes a viernes de 9 a 21, sábados, domingos y feriados, de 9 a 18. Allí se pueden hacer consultas y también denunciar la falta de atención. 

--¿Han notado una mayor demanda al 0800 a partir de la aprobación de la ley? ¿Tienen previsto reforzar la atención? --fue otra de las preguntas para la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Valeria Isla.

--El volumen de llamados al 0800 creció considerablemente (más del doble de llamados) debido a la visibilidad de la ley 27610 y la enorme difusión que tuvo. Habilitamos también el correo institucional de la dirección nacional: [email protected] para recibir consultas y estamos reforzando la línea 0800 salud sexual para la atención. Las respuestas a las consultas realizadas a la línea 0800 en algunos casos se realiza a través de los equipos técnicos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; en otros se requiere de la participación de los programas provinciales, otros organismos o programas gubernamentales. La resolución de las situaciones que ingresan es un trabajo conjunto con cada provincia y los equipos de salud que garantizan el acceso, durante el 2020 a la interrupción del embarazo por causales ILE y a partir del 24 de enero a la interrupción del embarazo por plazo (14 semanas inclusive) sin necesidad de brindar motivos.

La más grande

Buenos Aires fue la primera provincia en difundir un protocolo de IVE, elaborado por los Ministerios de Salud y de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. “Esto significa poner a las personas que se atienden realmente como protagonistas de su salud y de su vida, y no tener que estar justificando por qué quieren o no quieren. Dejamos de ser las profesionales de salud las que decimos si un aborto es legal o no porque diagnosticamos una causal y es la persona la que decide. Realmente ahora se respeta la autonomía”, subraya Julieta Bazán, que trabaja en la Unidad Sanitaria 1° de Mayo y en el hospital Narciso López de Lanús y es integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, donde se nuclean más de 1000 trabajadorxs de todo el país que desde mucho antes de la ley venían garantizando el acceso a todos los derechos sexuales.

“El cambio en los equipos de salud que trabajamos en la Red es más que nada administrativo. Nos facilita mucho el trabajo no tener que estar justificando las causales. Pero en cuanto a la dinámica de atención es la misma. Nosotros hacemos una escucha integral”, apunta Bazán, quien considera que el protocolo de la provincia es importante. “Son necesarias las directivas para que en todos lados se resuelva de la misma manera, para empezar a hablar de qué hacemos en esta situación, porque es una ley nueva. Si bien veníamos garantizando en muchos efectores, esto inspira a que los otros efectores que no venían garantizando el acceso a la Interrupción del Embarazo tengan material para dar por lo menos una primera respuesta. Falta construir que haya más efectores que den respuesta”, apunta Bazán.

Justamente, en el conurbano bonaerense, hay una gran disparidad entre las personas que saben que pueden recurrir al sistema de salud y aquellas que, al no contar con la información, recurren a prácticas inseguras y ponen en riesgo su salud. Dos de las muertes que se conocieron por aborto clandestino durante 2020 en la Argentina fueron en la provincia de Buenos Aires (La Matanza y Junín). “Desde 2018 hasta ahora, las personas que accedían a más información, con el debate en el Congreso, ya venían a averiguar desde otro lugar, más decididas, o sabiendo que podían consultarnos y al mismo tiempo recibimos por la guardia a personas que habían realizado prácticas más inseguras. Hay personas con mucha información y personas que no, y que han tenido que recurrir a prácticas inseguras y que después dijeron si hubieran sabido, venían de entrada al hospital o al centro de salud a preguntar”, plantea Bazán sobre la necesidad de difundir que ahora se trata de un derecho. “Desde 2018 a ahora creció un montón la demanda en el sistema de salud. Y ahora estábamos viendo que con el anuncio de la ley, durante enero crecieron un montón también las consultas. Personas que se acercaron a preguntar: ‘¿todavía puedo interrumpir, porque este embarazo no lo busqué, no lo deseo? Venían a preguntar diciendo eso, o que escucharon que salió la ley. Tuvimos en enero un incremento de la demanda en relación a diciembre muy grande, incluso en algunos efectores lo evalúan en un 50%”.

Preguntas en La Capital

En la Ciudad de Buenos Aires, el lunes pasado recibieron el nuevo formulario de consentimiento informado. “Lo empezamos a usar ese mismo día. Lo que cambia sobre todo es el formato de consulta. Nosotras seguimos sosteniendo que el trabajo tiene que ser interdisciplinario porque nos parece que todo el contexto de la situación integral de salud tiene que entrar en la consulta. Lo más importante que cambió para nosotras es que frente a una persona que viene a solicitar un acompañamiento de aborto seguro, ahora simplemente con esa solicitud la podemos acompañar. No significa que entonces si hay una situación de violencia no la vamos a abordar, si tiene una situación económica muy compleja no la vamos a abordar y tratar de acompañarla. Todo eso no va a quedar afuera, no queremos que quede afuera, por eso no queremos que sea un procedimiento solamente médico”, plantea Estefanía Cioffi, también de la Red, que trabaja en CABA y en Quilmes. 

Estefanía difundió por sus redes sociales la primera consulta de IVE, que se hizo viral. “Cuando estamos en la consulta les decimos que se habrán enterado que el 30 de diciembre se legalizó la IVE, y todas vienen conociendo esa situación. Se las ve más seguras, con menos miedo, eso tiene que ver con que concurran al centro de salud en primera instancia, con que no estén dando vueltas a ver qué hacen antes de recurrir al sistema de salud. Siempre tuvimos muchos relatos de personas que hicieron varias consultas o que intentaron interrumpir su embarazo antes de llegar al sistema”, relata la profesional, quien considera que una semana “es muy poquito tiempo para tener conclusiones”. “Lo que vimos es que las mujeres vienen informadas y con menos inseguridades, que lo plantean desde el primer momento”, apuntó Cioffi.

Voces del sur

En la provincia de Río Negro, la garantía de las ILE venía por una ley provincial de 2012. “El viernes tuve cuatro entrevistas por IVE. Mi primera pregunta fue esa. Si había escuchado lo que viene pasando”, planteó María Verdugo, conocida como “Moro”, trabajadora social de un centro de salud de un barrio popular de Cipolletti, que también integra la Red nacional. 

Para las trabajadoras de la Red en la Patagonia fue “muy emocionante” lo ocurrido esta semana. “Tenemos un grupo de la regional patagónica de la Red, que somos como 100 personas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. Es muy emocionante poner IVE en el diagnóstico. Saltearse esa parte de explicar por qué ponemos causales. Ahora les decimos que nos interesa que puedas contar lo que quieras. Los motivos son tuyos y podés contarnos lo que quieras. Y ella nos dijo ‘sí, yo lo vi en la tele, qué bueno’. Estaba muy emocionada y agradecida. Es un logro y un avance colectivo. Me emociona mucho poder hablar del deseo ahí. Es una práctica en la que siempre quiero traer el deseo ahí, que importa. Ahora que legislativamente está puesta ahí la voluntad de la persona, eso es reparador”, planteó Moro.

Objeción fuera de lugar

Durante la primera semana de vigencia de la ley, el Hospital Privado de Córdoba hizo una publicación a favor de la objeción de conciencia institucional, que no está contemplada en la norma aprobada. Es decir que si incluso todas y todos los profesionales de un centro privado se niegan a hacer la práctica, deben hacer una derivación, con los costos a su cargo, a otro efector similar.

En el sistema de salud provincial de Córdoba, desde 2019 está vigente el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que se aplica en el país con anterioridad. En esa provincia estuvo frenado durante siete años por una presentación judicial del Portal de Belén que fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia en septiembre de 2019. “Nosotros tenemos una red muy grande del sistema público, que creció mucho a partir de la vigencia del protocolo”, plantea Ana Morillo, de la Red de Profesionales de Córdoba. “El gobierno provincial está mudo, en silencio, porque aparte hemos tenido el bloque completo de los cuatro diputados y diputadas por Córdoba, que tuvieron un voto negativo”, plantea la articuladora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en esa provincia. “El gobierno provincial distribuye misoprostol, esto lo viene haciendo bastante bien, desde 2019. Se recibió misoprostol de Nación, hubo una compra de la provincia y hubo distribución para el interior de la provincia”, planteó. 

Chaco, después del fallo

La Subsecretaria de Salud Comunitaria de Chaco, Carolina Centeno, lamenta la decisión de la jueza de su provincia, sobre todo por lo que implica en la organización del sistema de salud para garantizar derechos. "Nosotros veníamos haciendo Interrupciones Legales del Embarazo, en virtud del marco que tenemos desde 2012, una ley de adhesión al protocolo nacional, que es la 2038G, que nos permitía el marco por causales, y se venían haciendo las interrupciones legales en los tres efectores más grandes de la provincia, que son el hospital Perrando en Resistencia, el 4 de junio en presidencia Roque Saénz Peña y el hospital y algunos centros de salud de Castelli", plantea la funcionaria.

A partir de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, "se planteó la apertura en esos tres efectores de consultorios de demanda espontánea, para canalizar la interrupción voluntaria en virtud de que se empezó a detectar que había una mayor demanda. No llegamos a aplicar todo esto, porque el jueves a la tarde nos desayunamos con la cautelar. El viernes el Estado se notificó y empieza a accionar con Fiscalía de Estado". Centeno puntualizó: "Tenemos suspendido el marco IVE y volvemos al marco ILE que teníamos previamente. No se suspendió ningún turno, pero en vez de hacer IVE y entran por ILE". Para quienes no estén en tema, parece una cuestión de letras, pero se trata claramente de un obstáculo. La IVE no necesita razones, para hacer una ILE hay que determinar que el embarazo es producto de una violación, o afecta la vida o la salud de la persona gestante.

Para la funcionaria, la decisión de la jueza Marta Aucar de Trotti "tiene un mecanimo disciplinatorio por dos lados. Uno es los equipos que estaban garantizando, que se sienten amenazados por la cautelar. Sabemos que de las personas que presentaron el recurso, hay dos que forman parte del área hospitalario del hospital Perrando, ellas buscan el impacto del disciplinamiento a los equipos que se habían puesto en garantizar". Esas dos personas son la jefa de consultorios externos, Gabriela Monzón y Cristina Chemes, integrante del comité de ética hospitalaria del Perrando. Las dos son activas militantes antiderechos y han impulsado a médicas y médicos a firmar como objetores de conciencia. "Pero hay tres o cuatro profesionales, más el servicio de Salud Mental y el de Trabajo Social, que están dispuestos a garantizar y lo siguen haciendo. De hecho, 2020 fue el año donde más interrupciones legales se hicieron en la provincia". Para Centeno, la IVE daba "la oportunidad" de establecer un consultorio. "Estaba asignado el lugar, los horarios y los profesionales que lo iban a hacer, así como el flujorama de atención. Lo mismo en el hospital 4 de Junio de Roque Sáenz Peña, había siete profesionales, uno por guardia garantizando y además un consultorio de guardia espontánea para esta temática", relata los preparativos. "Ellos apuntan a que no sucediera eso. La cautelar viene a disciplinar claramente a los equipos y por el otro lado, a disciplinar a las mujeres, al decirles que si quieren abortar en la provincia no van a poder. Se van a tener que ir a Formosa, a Corrientes o a Santa Fe", lamenta la funcionaria.