La periodista Teresita Frías denunció que fue amenazada de muerte en al menos dos oportunidades por una pareja vecina a su vivienda en la ciudad de San José de Metán, donde reside y realiza su labor. Entre mediados de diciembre y enero últimos, la trabajadora de prensa realizó tres denuncias penales por estos hechos y otras agresiones que viene recibiendo, sin embargo, recién ordenaron una consigna policial en su domicilio luego de que la situación fuera denunciada públicamente y se reuniera con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo.
Las demandas son contra Rosana Fernández y su esposo, Leonel Infrán, a quienes la periodista vincula con el senador provincial Daniel D'Auría, del bloque Salta Tiene Futuro, y con quien viene manteniendo diferencias desde inicios de marzo de 2020, cuando hizo una publicación dando cuenta de una supuesta violación de las normas sanitarias por parte del legislador.
La primera denuncia penal de Frías data del 16 de diciembre de 2020. La periodista denunció ante la Policía que fue víctima de hostigamiento, acoso, difamaciones y amenazas proferidas en un programa de radio conducido por el periodista Adrián Quiroga, que entrevistaba a Fernández, quien días después la amenazó con que “iba a aparecer con un tiro en la frente o en la nuca”.
Además, en el programa el entrevistador inquirió públicamente sobre datos personales de Frías, hablando incluso de sus hijos, que son menores de edad, y se refirió a ella con frases despectivas hacia su condición de activista feminista. La Multisectorial de Mujeres de Salta emitió un comunicado de solidaridad con la periodista señalando que en esta emisión hubo violencia mediática en su perjuicio, y en el que hizo responsable al Estado provincial por "la vida y la seguridad" de la trabajadora de prensa.
La Multisectorial, y luego la Asociación de Periodistas de Salta (APeS), recordaron que "Estas prácticas son violatorias de las leyes y tratados internacionales con fuerza de ley en el país, que previenen y penan la violencia contra las mujeres", como la Ley Nacional 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, así como la Ley Provincial 7888, de Protección contra la violencia de género, y también Tratados Internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La segunda denuncia se presentó el 2 de enero de este año, en contra de Fernández, por amenazas y por desobediencia judicial, dado que se había dictado una medida de restricción de acercamiento, que incumplió.
La tercera denuncia es del 16 de enero, esta vez porque el esposo de Fernández insultó a Frías y atacó a ladrillazos su vivienda, con el agravante de que un pedazo de ladrillo dio en la ventana de la habitación de sus hijos. Según la denuncia, Leonel Infrán la amenazó con que “me iba a reventar la cabeza”. Las agresiones siguieron en días subsiguientes ensuciando con materia fecal la puerta de la vivienda de la periodista.
La periodista reseñó que viene sufriendo distintos actos de violencia desde marzo de 2020, luego de que publicara en la página web de Canal 7 de la ciudad de Salta, de la que es corresponsal, una nota periodística sobre una supuesta violación a la cuarentena sanitaria por parte del senador D’Auría. En el artículo se denunciaba también la inacción de la Policía frente a las denuncias de vecinos informando de esta situación. Las agresiones contra la periodista fueron entonces a través de las redes sociales.
Según consignó luego Canal 7, el mismo senador se contactó con otro periodista de ese medio reconociendo que había participado de una reunión social violatoria de las medidas sanitarias dictadas por las autoridades nacionales y provinciales en aquel momento, pero a continuación le pidió que “le advierta a nuestra compañera no hacer pública esta situación”. El medio de comunicación denunció este acto como un intento de cercenar su libertad de expresión.
Luego, a raíz de publicaciones de la misma periodista sobre supuestas irregularidades de otras personas vinculadas al legislador o al intendente José María Issa, recibió nuevas agresiones a través de las redes sociales. En una de esas publicaciones refirió acusaciones públicas que señalaban a una puntera política aliada del senador identificada como Graciela Rodríguez como quien había enviado a destruir un horno solidario, “porque la gente le pidió que no se saque fotos y las suba a las redes”, según consignaba la publicación.
La periodista indicó que hasta ahora las medidas dispuestas por las autoridades no han sido suficientes para brindarle protección y seguridad a ella y sus hijos. El viernes último, 29 de enero, el procurador general la recibió en audiencia y luego se informó que se conformará una Unidad Fiscal para investigar sus denuncias. Desde esa noche Frías cuenta con una custodia policial en su casa.
La atención de las autoridades se logró luego de que diferentes organizaciones de mujeres y sociales, y otras periodistas, se manifestaran públicamente reclamando garantías de seguridad para Frías. La Multisectorial de Mujeres denunció la persistencia de hechos "de violencia mediática y violencia institucional" en perjuicio de la trabajadora.
Frías tiene un activismo feminista reconocido que le ha provocado otros inconvenientes en una ciudad marcada por el conservadurismo. La Multisectorial de Mujeres, y otras organizaciones que acompañaron su pronunciamiento, como la CLADEM y el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta, destacó que frente a su decisión de "ejercer un periodismo valiente, sin concesiones a los poderes instituidos y poderes fácticos" Frías soporta ahora "el cuadro itinerario indeseado, la ruta crítica que deben transitar miles y miles de mujeres, quienes deciden romper el silencio y enfrentar al sistema machista y de subordinación sobre el que se cimenta el patriarcado. Las negativas a tomar las denuncias en tiempo y forma,o no tomarlas, la discrecionalidad en la redacción de las denuncias de parte de lxs efectivxs policiales, la arbitrariedad en el abordaje de los casos de violencia de género, de parte de lxs efectorxs de justicia, configuran la muralla, en esa ruta crítica, que impide el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de ciudadanía de mujeres violentadas".
Estas organizaciones hicieron responsable de la vida y seguridad de la periodista al gobernador Gustavo Sáenz; al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; al senador Héctor Daniel D’Auría, al intendente Issa, al procurador general, la Policía de Metán y al fiscal penal Gonzalo Gómez Amado, que intervino en primer lugar en sus denuncias.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de Salta exigió al Estado provincial que "garantice la seguridad de la periodista y tome las medidas necesarias para que pueda seguir ejerciendo su actividad con total libertad, como corresponde a un estado de derecho".
