La concentración de tierras en Salta tiene un capítulo casi desconocido en Rosario de Lerma con la participación de la empresa Quebrada del Gólgota SA, conformada por capitales extranjeros y dueña de una extensión de casi 180 mil hectáreas desde hace más de cuatro décadas. Ni siquiera el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad de tierras rurales sancionado por ley en 2011, logró revertir esa situación.
El inicio de esta particular historia se remonta al 24 de mayo de 1976 cuando se constituye como sociedad anónima la empresa Foxter. La fecha es llamativa, dos meses exactos después del golpe militar. Su denominación cambió el 2 de marzo de 2020, cuando pasó a llamarse Quebrada del Gólgota SA.
Las casi 180 mil hectáreas están subdivididas en cuatro catastros (512, 513, 146 y 936), todos en el departamento Rosario de Lerma en la provincia de Salta. La superficie departamental es de 5.110 kilómetros cuadrados, o su equivalente, 511 mil hectáreas. La superficie total de los cuatro catastros es de 177.873 hectáreas en manos de la sociedad anónima. Ostenta así el 34% de la superficie de un departamento salteño.
Hasta agosto de 2020 Salta ocupaba el segundo puesto del ranking de provincias argentinas con propiedades rurales en manos extranjeras. Lo curioso es que en el Registro Nacional de Tierras Rurales, Rosario de Lerma no figura.
Semejante concentración perdura probablemente por un vacío legal generado por la Ley 26.737, de extranjerización de tierra, no contemplado en sus decretos reglamentarios de 2011 y 2016. La ley establece un cupo límite por persona humana o controlante extranjera y en proporción a sus participantes en caso de control conjunto.
En 2016 la provincia de Salta reglamentó los cupos por regiones y departamentos. En el decreto 1377 estableció que, para el caso del departamento Rosario de Lerma, ese cupo es de 13.200 hectáreas. En las últimas dos décadas, Foxter SA ha variado la composición de su directorio. A veces dos, otras cuatro. Si se multiplica el cupo por los miembros, las ciento ochenta mil hectáreas que administran les queda grande.
Un derrotero anónimo
En los 44 años de Foxter como titular registral de los cuatro catastros, parte de su historia se entrelaza con modos de administrar el espacio social andino similares a aquellos desarrollados por terratenientes coloniales. Sin embargo, esas relaciones y acuerdos construidos a partir del cobro de pastaje de animales por parte de titulares registrales, han sido sustituídas por formas más opacas y violentas. Se trata de formas propias del capitalismo especulativo a quienes solo, en casos muy puntuales, realmente les interesa la existencia de comunidades originarias en la región. En general, buscan expulsarlas, ya no domesticarlas.
El cambio de época en la Quebrada aparece relatado brevemente en 2017, en un artículo publicado por la prensa local. En “Una empresa y la iglesia enfrentados en El Gólgota” del 21 de setiembre, la crónica explica que “el accionista mayoritario de Foxter es el empresario chileno Mark Ibáñez, quien adquirió a Aldo Arini las fincas de más de 180 mil hectáreas en 2004”. La historia de esas tierras desde 1750 hasta 1976 es conocida. Pero en adelante y a medida que las décadas corren, los relatos encuentran hasta 2004 a una sola persona a cargo de administrar las relaciones entre la empresa y los pastajeros, Guillermo Carlos García Barufaldi, y una misma versión: esas tierras pertenecen a un empresario venezolano del que no se sabe nada.
Mark Ronald Ibáñez Edmiston, chileno, visitó Salta a principios de 2018 y se reunió con Juan Manuel Urtubey. Justamente, el parte diario oficial online del 11 de enero de ese año titula “El gobernador se reunió con empresarios chilenos interesados en invetir en la provincia”. Sin embargo, a Mark Ibañez lo presentan como el gerente agrícola de la empresa Rassmuss Group y no como miembro del directorio de Foxter SA. Era nieto del poderoso empresaro chileno Manuel Ibáñez Ojeda. Dos de sus tíos concentraron el 25% de Wallmart Chile hasta 2008. Uno de ellos (Nicolás) nunca ocultó su admiración por el ex dictador Augusto Pinochet.
El padre de Mark Ibáñez fundó en la región de Valparaíso, más precisamente en la provincia de San Felipe, una finca dedicada a la producción de quesos premium “Los Hornos de Panquehue”, en la que él era el representante legal. Pero no hay rastros que lo vinculen a Foxter SA. Mark Ibáñez Edmiston murió en un accidente vial en abril de 2018. En diciembre de ese año, en los edictos de sociedades anónimas del Boletín Oficial argentino, aparecen cambios en el directorio de Foxter SA. Se registra que el nuevo presidente es Roberto Jorge Díaz, su vice es Stefan Peter Jochum y su director titular es Juan Enrique Rassmuss Raier. Rassmuss es uno de los grandes empresarios de Chile por sus emprendimientos mineros, particularmente en petróleo y gas. Ha sido muy cuestionado por los problemas ambientales que generan sus empresas. Algo similar ocurre con “Los Hornos de Panquehue” propiedad de la familia Ibáñez: en 2018 provocaron una intoxicación masiva en ese pueblo y sus autoridades declararon la emergencia ambiental.
Desde 2012, Foxter SA aparece en un entramado de sociedades anónimas. Solo en julio de ese año, Estancia El Gólgota Turismo SA está compuesta por Cono SA y Foxter SA. Y ese mismo día surge Companía El Toro SA compuesta también por Cono SA y Foxter SA. En mayo de 2016, el presidente del directorio de Cono SA es Juan Enrique Rassmuss Raier.
En 2017, un informe por concentración económica contra un gigante inmobiliario (Grupo Monarca) elaborado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, apunta que Cono SA maneja el 95% de Foxter SA “cuya actividad es la compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles rurales y urbanos en la ciudad de Salta”.
Detalla además que Cono SA “lleva adelante exclusivamente actividades financieras y de mera tenencia de activos inmobiliarios, sin explotación comercial. Es controlada por el señor Juan Enrique Rasmuss Raier con el 100% de las acciones, a través de Compañía Minera Pullali Limitada con el 85,90% de las acciones”.
Los paneles solares de Pampa Carachi
El último director de Foxter SA, Roberto Jorge Díaz, figura a su vez como presidente de otra sociedad anónima: El Gólgota Energías Renovables. Su director titular es Juan Enrique Rasmuss Raier. La firma gestiona la instalación de paneles solares sobre Pampa Cachari, una meseta ubicada sobre el sector oriental de los cordones montañosos de la Quebrada del Toro a la altura de Puerta de Tastil.
Ese topónimo indica el lugar donde se dividen dos caminos por corredores naturales. Uno va al norte por San Bernardo de las Zorras y otro va hacia el noroeste, por la ruta nacional 51 hacia Santa Rosa de Tastil. El estudio de impacto ambiental y social realizado por el arqueólogo Javier Pantané Aráoz por el proyecto de los paneles solares, devela la existencia de grupos humanos sobre esa meseta desde el diez mil antes de Cristo y vestigios de caminos incaicos que serían catalogados en el Qhapac Ñan.
Las comunidades protestaron en 2019 por la instalación de paneles solares sin que alguna de las firmas intervinientes (Foxter o El Gólgota Energías Renovables) organizaran una consulta previa, libre e informada a todos sus miembros. En abril de 2018 las firmas habían convocado a audiencias públicas “para expresarse sobre el estudio de impacto ambiental y social de la planta fotovoltaica”. Pero el lugar de encuentro era el centro de Salta capital, muy lejos del espacio donde se desarrollan éste y otros conflictos con las sociedades anónimas.
Un año antes, en 2017, los desalojos contra miembros de comunidades hicieron que la Iglesia Católica de Salta se metiera en la arena pública, acto que le valió cierta condena de las empresas por entender que sus dichos eran condenatorios al elegir defender al más débil, es decir, las comunidades y los desalojados. "No se puede permitir que una empresa extranjera avasalle los derechos sanguíneos de nuestra gente", dijo el vicario Dante Bernacki durante la homilía de los patronos de Salta en setiembre de 2017.
Con la salida de Bernacki de la Vicaría salteña, la posición de la Iglesia cambió. Algunos miembros de las comunidades de la Quebrada en conflicto con la ex Foxter SA, decidieron aceptar abogados sugeridos por el clero. Sin embargo, los miembros de las comunidades se quejan de la falta de acción de los letrados para gestionar sus conflictos. Por otro lado, la estrategia de las sociedades anónimas es dividir posturas entre los miembros de la comunidades y pretenden que las familias acepten en comodato unas pocas hectáreas para renunciar así a sus derechos sobre la propiedad comunitaria.