La caza de brujas ya se desató de manera brutal en el Incaa: mientras ayer el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, declaraba a una radio amiga que “a partir del lunes” va a haber más desplazamientos “en el plantel de gerentes” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), porque “algunos de los cuales vienen del kirchnerismo”, el animador televisivo Eduardo Feinmann tuiteaba alegremente los nombres y las fotos de quiénes serían despedidos. El hecho de que –tal como sucedió en su denuncia televisiva, que sirvió de excusa para el desplazamiento del ahora ex presidente del Incaa, Alejandro Cacetta– no coincidieran unos y otros (en algunos casos las fotos correspondían a críticos y cineastas, no a gerentes), sin duda le importaba poco. El objetivo, tanto del ministro como del operador mediático, que ayer parecían actuar en absoluta sintonía, es el de instalar en la sociedad la idea de que no sólo el Incaa sino todo el sector cinematográfico es un nido de corrupción K a desinfectar.

Esa, sin embargo, es la cortina de humo. Desde el miércoles pasado, cineastas, productores, técnicos y actores vienen alertando que detrás de esta operación político-mediática hay otra intención, sino más siniestra seguramente mucho más redituable que el macartismo de ocasión: la caja del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) que, por ley, administra el Incaa y que la investigadora Susana Velleggia calculó, en una nota publicada en este mismo diario (https://www.pagina12.com.ar/24559-gato-escondido-contra-el-cine-argentino), en más de 800 millones de pesos anuales.

Como señala Luis Puenzo en esta misma edición (ver opinión aparte), ese es un botín al que hace ya tiempo los funcionarios macristas le tienen echado el ojo y al que aparentemente no piensan renunciar, aun a riesgo de ponerse en contra a toda la comunidad artística, incluida aquella que le dio su apoyo.

No obstante, para poder hacerse del control de ese fondo primero es necesario intervenir al Incaa, que es un organismo autárquico, y demonizar su gestión. No sólo la anterior sino también la propia, si fuera necesario, como acaban de comprobar Cacetta y su mentor Juan José Campanella, que hasta hace quince días estaba convocando frenéticamente a marchar a Plaza de Mayo para respaldar al gobierno de Mauricio Macri y esta semana tuvo que salir a tuitear la desesperada defensa de quién él ayudó a poner en el cargo, ahora salvajemente eyectado.  

Los sectores más poderosos del cine nacional, que integran la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, se han estado moviendo todos estos días en las más altas esferas –algunos incluso dicen que se llegó al presidente Macri– para evitar que el Enacom (ex Comfer, ex Afsca), el organismo recaudador del FFC, se quede con el dinero que por ley le corresponde al cine. Y que no sale, por cierto, de los tributos de “la gente” ni del bolsillo de los jubilados, tal como también se quiere hacer creer, sino del impuesto aplicado a la facturación publicitaria pautada en radio y televisión, de aire y por cable. Facturación que, por otra parte, algunos suponen los medios dominantes (entre ellos el Grupo Clarín) ya no deben querer pagar, considerando que otros sectores de poder –desde las mineras hasta los agroexportadores– prácticamente han sido eximidos de tributar.

La estrategia de los productores cinematográficos, hasta ahora, ha sido “negociar la transición”, como señala en estricto off uno de ellos, que se ilusiona con evitar el saqueo. “Si piensan recortar los fondos, se va a armar un quilombo bárbaro”, agrega mientras admite que “todavía no nos gastamos todas las balas”, quizás en alusión a figuras muy mediáticas que hasta el momento han callado (¿Darín, Francella?).

Pero hay que ver si esas balas están dispuestas a salir del cañón. En estos días la caza de brujas es feroz y lo que muchos consideran sería un alto costo político para el gobierno, para sus estrategas de comunicación en cambio puede llegar a ser un rédito. Basta con leer los comentarios a las notas sobre el tema en la prensa oficialista para comprobar que no son pocos los lectores, seguramente del núcleo duro de los votantes del Pro, que piden no ya la intervención del Incaa (allí no abundan las sutilezas) sino lisa y llanamente su cierre.

Más allá de que el ministro Avelluto haya querido ayer a la tarde morigerar sus oscurantistas dichos radiales, emitiendo un comunicado en el que aseguraba que “el Gobierno no viene en absoluto a reducir o achicar el apoyo del Estado a la industria cinematográfica nacional”, la semana que empieza mañana será crucial. De la unidad de todo el sector –de su capacidad de movilización y comunicación– dependerá la suerte del cine argentino. Y el Bafici que comienza el miércoles puede llegar a ser la impensada plataforma de debate que convoque no sólo a los cineastas sino también a su público, que corre el riesgo de quedarse sin películas nacionales.