Los ocho rugbiers imputados bajo la carátula de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" por el asesinato de Fernando Báez Sosa renunciaron este lunes a la modalidad de juicio por jurados, que permite la normativa de la Provincia de Buenos Aires, y solicitaron la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio oral presentada por la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Villa Gesell. En el escrito, el defensor de los rugbiers pidió el cese de la prisión preventiva y apuntó contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por haberse reunido con los padres de Báez Sosa cuando se cumplía un año de su asesinato. “Está buscando nulidades donde no las hay”, señaló a Página/12 el fiscal general de Dolores, Diego Escoda.
Con el plazo interrumpido por la feria judicial, Hugo Tomei, el abogado de la defensa, tuvo un mes de ventaja para responder ante el juez a cargo de la causa, David Mancinelli, a cargo del Juzgado de Garantías de Villa Gesell, sobre la citación a juicio que en noviembre elevó la fiscal Zamboni. Con esta presentación y la respuesta del abogado Fernando Burlando, que representa a los padres de Báez Sosa, Mancinelli deberá expedirse respecto del juicio a los rugbiers, para lo cual tiene un plazo de cinco días, luego de que la fiscal responda sobre las nulidades que consideró Tomei. También deberá resolver la situación de Alejo Milanesi, para quien la fiscal solicitó el sobreseimiento mientras que la familia de Báez Sosa pidió que sea juzgado durante el juicio oral. El abogado advirtió que, si el juez no hace lugar al pedido de nulidad absoluta de la citación a juicio y del pedido de cese de la prisión preventiva de los imputados, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según el letrado, sus asistidos renuncian al derecho de contar con un Tribunal de Jurados porque sufren una “incuestionable y lapidaria condena social” que decanta en un “preconcepto negativo en perjuicio de los imputados”. Para los rugbiers “están todas las puertas cerradas”, aseguró Tomei a este diario, cuando se cumplió un año del crimen. “No podemos hacer un juicio por jurados cuando lo más suave que le dijeron a estos chicos es ‘cobardes asesinos’”, señaló el abogado defensor, que reclama que sus asistidos recibieron “todo tipo de insultos, amenazas y gestos humillantes”. Con esta decisión de la defensa, el juicio quedará a cargo de un conjunto de magistrados.
Además de los prejuicios, el abogado argumentó que la renuncia de sus defendidos al juicio por jurados también se relaciona con las "incesantes manifestaciones públicas contrarias al principio de inocencia” de los rugbiers, y con la reunión entre Alberto Fernández y los padres de Fernando Báez Sosa --a la cual dedicó más de cinco páginas de su escrito-- que consideró un obstáculo en la “igualdad de armas” del proceso judicial.
Una cuestión semántica
En el escrito, Tomei sostuvo que la descripción que la fiscal Zamboni presentó en la requisitoria de elevación a juicio es “imprecisa e insuficiente” y que no utiliza "significantes lingüísticos" como "implica" o "luego" que definen la relación entre las premisas y la conclusión. Según el abogado de los rugbiers, que invitó al juez a “ver desde otro lugar” --aunque no especifica cuál es ese “otro lugar”-- no está claro qué hecho le imputa la fiscal a cada uno de sus ocho defendidos. “La imputación que contiene el requerimiento no designa la conducta ilícita que pretende atribuir a cada uno de mis defendidos”, señaló el abogado en el documento que presentó este lunes y explicó que, según su interpretación, “todos los sujetos que se constituyen objetos de la misma imputación --en cada uno de los dos grupos-- parecen haber realizado implícitamente --cada uno dentro de su grupo-- los mismos actos”.
En la solicitud de citación a juicio, la Fiscalía señaló que los ocho imputados --Máximo Pablo Thomsen, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Michael Viollaz-- “acordaron darle muerte” a la víctima, y describió cómo participó cada imputado en la agresión, para la cual se dividieron en dos grupos. “No hay nulidades, está perfectamente descripta la razón por la que se imputa a cada uno”, aseguró el fiscal general de Dolores.
Los ocho rugbiers acusados de responsables por el asesinato de Báez Sosa se encuentran detenidos en la Alcaidía de Melchor Romero, en una celda separada de los demás presos. En marzo, cuando inició el aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia del coronavirus, el abogado que los asiste había solicitado el cese de la prisión preventiva, con el argumento de proteger la salud mental de sus asistidos, que el juez no le concedió. En esta nueva presentación, Tomei volvió a solicitar que se deje sin efecto la medida cautelar que mantiene detenidos a los responsables del crimen, ya que consideró que la acusación de la citación a juicio no se condice con la imputación en la cual se basó la solicitud de prisión preventiva.
“Recibimos una sorpresa atentatoria de la defensa eficaz”, aseguró el abogado y advirtió que “existen dos descripciones fácticas del hecho que no reúnen entre ellas condiciones de identidad”, respecto de la participación de cada uno en el crimen y de la inclusión de las víctimas de lesiones leves --amigos de Báez Sosa-- en la segunda imputación. Según el abogado, la acusación de la requisitoria deja sin efecto el hecho en el que se sustenta la prisión preventiva, sin embargo, para el fiscal Escoda “no hay falta de congruencia” ya que los ocho acusados “fueron escuchados en base a la segunda imputación, sobre la cual se funda el pedido de elevación a juicio”.
Informe: Lorena Bermejo.
