Desde Santa Fe

Un dictamen del fiscal federal Walter Rodríguez en defensa de la libertad de prensa complicó aún más a su colega del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Cristina Ferraro, a quien el magistrado ya investiga por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas” porque no se sabe dónde están un millón de dólares y tres millones de pesos que fueron fotografiados en la agencia de turismo del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero de 2019. Ayer, Rodríguez pidió el cierre de una causa que Ferraro abrió el 22 de febrero –once días después del crimen- por supuesta “violación de secreto” luego de que dos medios -el sitio digital “Zona Crítica” y un programa de TV- publicaran dos fotografías de los fajos de billetes que manejaba Oldani y fundamentó el archivo de la investigación por “inexistencia de delito”. Según Rodríguez, la decisión del MPA de poner bajo la lupa la publicación de las fotos del dinero es un desvío de poder. Y planteó que ninguna medida de investigación dirigida a los periodistas que publicaron las imágenes puede tolerarse sin poner en duda la libertad de prensa y el derecho a preservar las fuentes de información, que garantizan la Constitución Nacional.

La nota de “Zona Crítica” que comenzó a destapar la trama se publicó el 22 de febrero, con el título: “Caso Oldani: investigan si alteraron la escena por un descontrol de la custodia”, alude a la faltante de dinero y lo ilustra con las dos fotografías de los fajos de dólares y pesos. La misma crónica reveló que las imágenes habían sido difundidas antes en el programa GPS, de la señal A 24, conducido por Rolando Graña.

El mismo 22 de febrero, Ferraro abrió la causa por supuesta “violación de secreto”. El 28 de febrero, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti ordenó la intervención de la Unidad de Delitos Complejos a cargo de la fiscal Mariela Jiménez para que investigue supuestas “maniobras de lavado de activos”. Pero en la pesquisa, Jiménez se topó con que Ferraro le escamoteaba información y evidencias de la causa que se encontraban en su poder y el 3 de julio le pidió a Arietti que la separe de la investigación del asesinato de Oldani por supuestas interferencias que afectaron su tarea. Arietti tomó esa medida recién un mes después, a principios de agosto.

Ya desde el 1º de junio, el fiscal Rodríguez investigaba otra denuncia del ministro de Seguridad Marcelo Sain por supuesto “lavado de activos”, “intermediación financiera no autorizada” e “infracciones a la leyes cambiaria y tributaria” que son de competencia federal. Cuando Rodríguez avanzaba en la pesquisa, Arietti le ordenó a Jiménez que pida la inhibitoria del fiscal federal, pero el 20 de noviembre, el juez Luis Octavio Silva rechazó el planteo. La “intermediación financiera no autorizada es inseparable de las maniobras de lavado de activos”, son “actos que se complementan y responden a un plan común unitario” que no puede ser “escindido”. Por lo tanto, deben ser investigados por el fuero federal, resolvió Silva. Así, la causa por “lavado de activos” que tramitaba en el MPA -e incluía el legajo por “violación de secreto” que abrió Ferraro- pasó al despacho del fiscal Rodríguez. 

Ayer, Rodríguez le pidió al juez Marcelo Bailaque que la causa que inició Ferraro por las fotos de los dólares la cierre por “inexistencia de delito” y ordene su archivo. A juicio del fiscal federal, lo sugestivo del hallazgo en la oficina de Oldani es que el dinero no fue secuestrado por su colega del MPA, ni contabilizado, y menos aún identificado los billetes por número de serie, directamente desapareció como rastro, prueba e instrumento del delito.

La publicación de las fotos no tiene conexión con los hechos porque el dinero sacado de la agencia de Oldani no forma parte del caso, ya que ni siquiera hay constancia de su secuestro o su devolución.

El fiscal Rodríguez interpretó el intento del MPA de utilizar el Código Penal por la publicación de las fotos de los dólares como un desvío de poder. Y consideró que ninguna medida de averiguación dirigida a periodistas puede tolerarse sin poner en duda la libertad de prensa y el derecho de protección de las fuentes, garantizados por la Constitución Nacional.

Rodríguez citó fallos y jurisprudencia nacional en defensa de la libertad de prensa. Y hasta mencionó un caso histórico del New York Time y la sentencia, también emblemática, de la Corte Suprema de Estados Unidos. La “primera enmienda” le brindó a la “libertad de prensa la protección necesaria para cumplir su rol esencial en nuestra democracia. La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. El poder del gobierno para censurar la prensa fue abolido para que la prensa pudiera permanecer para siempre libre de censurar al gobierno. La prensa fue protegida al punto de poder acceder a los secretos del gobierno e informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin restricciones puede efectivamente exponer el mal funcionamiento del gobierno”.