La Coopi (Cooperativa Integral) de Carlos Paz es una de las más longevas experiencias asociativas sin fines de lucro que sobreviven en nuestro país. Nació ligada a la prestación y el cuidado de un servicio tan esencial como el agua potable, que por ese entonces era una grave carencia. 

Dio sus primeros pasos a principios de la década de 1960 y se formalizó en 1963 con la fundación de la Cooperativa de Aguas Corrientes. Tras la recuperación dela democracia en 1983 y fruto de una alianza gestada al calor de las juventudes políticas, ganó la conducción un grupo de jóvenes lleno de iniciativas que inauguró una etapa de expansión de los servicios públicos, como el agua las cloacas y el gas natural, incursionando en otros terrenos vinculados a la cultura y la educación.

A lo largo del tiempo es un verdadero modelo de cooperativismo con un fuerte arraigo comunitario. La cooperativa fue la forma colectiva de resolver el problema del agua potable durante la urbanización de Carlos Paz. Está ligada al veloz crecimiento de la Villa a lo largo de su historia.

Sobrevivió con grandes luchas y fuerte apoyo popular a los intentos privatistas de los 90 y al propio Benito Roggio, patrón y sota del agua potable en la provincia. Pero, en la era macrista, nació una nueva ofensiva de la mano del entonces intendente Esteban Avilés, hoy presidente de la agencia Córdoba Turismo. Sigue controlando la municipalidad a través del actual jefe comunal Daniel Gómez Gesteira y con propios y cómplices logró desfinanciar a la Coopi y municipalizar el servicio de agua a partir del próximo 26 de febrero. 

Esteban Avilés fue Concejal radical durante 8 años, después intendente por otros 8 años, desde el 2011 mediante una coalición llamada Carlos Paz Unido. No pudo repetir un tercer mandato porque se lo impedía la carta orgánica y dejó en su lugar a Daniel Gómez Gesteira. En la última elección a legisladores provinciales, fue en la lista con Juan Schiaretti y ganó una banca. Luego el gobernador lo designó presidente de la agencia Córdoba Turismo.

La marchas, las consultas populares y las nutridas gestiones emprendidas no han logrado menguar el ataque del gobierno local. El próximo 26 de febrero se firmará el acta de defunción de la cooperativa. 

Todas las expectativas están puestas en los reiterados reclamos que debería  escuchar el gobernador Schiaretti. Se suma la esperanza de que el propio presidente Alberto Fernández conceda una audiencia a las autoridades de la Coopi. Es la última posibilidad para evitar que una historia autogestionada por los propios trabajadores y usuarios quede en poder de los eternos privatizadores. Es la lucha de siempre entre las iniciativas populares y los negocios de los cuatro vivos de siempre. 

Todas las obras realizadas por la administración de la cooperativa, comenzando por los 14 kilómetros de acueducto, la construcción de la planta potabilizadora de agua y la instalación de medidores en todos los domicilios, sirven para medir la diferencia y establecer el margen de ganancia de los empresarios privados en la ejecución de las obras y la prestación de servicios.

Tras recorrer todas las instancias judiciales desembocaron en la Suprema Corte de la Nación y obtuvieron la misma respuesta que el expresidente Amado Boudou. Un artículo 280 que dio por concluido el reclamo. Están ahora, de la mano del CELS y otros patrocinadores recorriendo el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin dudas fue la fuerza de esta cooperativa la que también motivó las agresiones municipales. Esta potencia se vio patentizada a partir de la crisis del 2001, cuando los ciclos de los negocios privatizadores tocaron fondo. 

La Coopi recuperó la prestación del servicio de gas, que se encontraba en manos de Roggio desde los años 90, construyendo más de 100.000 metros de cañería de gas en la periferia y fue adjudicataria de la realización de la obra y del servicio de cloacas. El primer ataque fue la no renovación del contrato de concesión en 2.007, el quite del rubro de obras con el cual se realizaban las extensiones de agua y cloacas, el desfinanciamiento de las prestaciones por la no autorización a aumentar los servicios por dos años consecutivos, lo que obligó a la institución a cobrar capitalización para poder subsistir.

Pero la más grave de las agresiones comenzó con la expropiación de las acciones de la empresa de gas en 2012 y la liquidación de la misma este año, continuando con la municipalización por decreto de los servicios de agua y cloacas, que de concretarse arrojarán a las filas del desempleo a más de 260 trabajadores directos con regímenes de empleo seguro en blanco y de calidad, y 100 empleos indirectos ligados a otras cooperativas de trabajo.

Pese a contar con un enorme apoyo de la comunidad de Carlos Paz, la municipalidad continua su proyecto de destrucción de la Cooperativa para municipalizar los servicios y luego privatizarlos, porque la legislación vigente construida a lo largo de los años le prohíbe su privatización directa. 

Ya no se trata solamente de negocios económicos sino de instaurar en la docta la vanguardia neoliberal que compita con CABA. Varias movilizaciones se realizaron en la Villa a pesar de la cuarentena, no solamente de sus centenares de trabajadores y cooperativistas asociados sino también de usuarios y militantes de organizaciones sociales y políticas. 

Nada hasta aquí les alcanzó, ni las más de 10.000 firmas de apoyo juntadas a través de Change.org, ni las hasta ahora 1600 firmas certificadas ante escribano público, ni los más de 1100 participantes inscriptos en las Asambleas Públicas Participativas, que se realizarán durante esta semana, ni las adhesiones de organizaciones de todo tipo de la comunidad organizada.

En la apertura de las sesiones legislativas el lunes 1 de febrero, los trabajadores hicieron llegar al gobernador Juan Schiaretti y a la totalidad de los legisladores provinciales, una nota solicitando, una vez más, su intervención en el conflicto. Asimismo tanto desde el gremio SIPOS como desde la dirección de la Cooperativa se sigue intentado mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández con la expectativa de conseguir una mediación en esta problemática.

Sin duda lo que está en juego en esta población cordobesa, es la posibilidad cierta de subsistencia y desarrollo de experiencias autogestionarias exitosas que puedan demostrar, como lo hace la Coopi, que los proyectos solidarios y populares no solo son posibles y necesarios, sino que existen y que deben ser defendidos cuando son atacados de esta manera. Lo único que hace falta es voluntad política.

Secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores