En una reunión en la Casa Rosada, el Gobierno puso el foco ayer en el conflicto abierto en la provincia de Formosa, tras las denuncias por las condiciones de los centros de aisalmiento en esa provincia y el informe que realizó allí el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la reunión sumó a autoridades nacionales y provinciales, entre ellos la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Abel González, y Pietragalla.
En el encuentro se resaltó que los Estados “deben asegurar que toda restricción de derechos de las personas en el contexto de la pandemia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y se ajuste al fin de proteger la salud y la vida”.
También se analizó el informe de la Defensoría del Niño, a cargo de Marisa Graham, que fue enviado por ese organismo autárquico a Nación y a la provincia. Allí se recomienda disminuir la “alta presencia de fuerzas de seguridad tanto en la búsqueda y traslado, como en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes”, y se aconseja que sólo se requiera la presencia de personal policial “en aquellos casos que sea estrictamente necesario y habiéndose agotado toda otra alternativa domiciliaria y garantizando la presencia de personal especializado en el cuidado de los mismos”.
En declaraciones a los medios Cafiero había asegurado que “no hay en Formosa centros clandestinos de detención ni violación de los derechos humanos", aunque aclaró que "hay casos de violencia institucional de la policía que se están estudiando".
