Este jueves 4 de febrero en los Tribunales de San Martín empieza el juicio contra el ex cura Carlos Eduardo José, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por su cargo eclesiástico en el Instituto San José Obrero, de la localidad bonaerense de Caseros. La denuncia, que radicó en abril del 2017 Mailín Gobbo, ex alumna de la institución que el párroco tenía a cargo, relata una serie de hechos que ocurrieron entre 1999 y 2008. La Justicia investiga otras tres denuncias contra José, realizadas por alumnas de la misma institución. “Lo único que espera es que el fallo ayude a las demás”, señaló a Página/12 Héctor Silveira, abogado de la denunciante, y advirtió que, como querellantes, “pedimos la sentencia máxima”, de 20 años de prisión. El juicio seguirá el viernes 5, jueves 11 y viernes 12 de febrero, con más de ochenta declaraciones, propuestas por la fiscalía y por la defensa del imputado.
Las situaciones por las cuales la denunciante, que hoy tiene 33 años, recurrió a la Justicia, ocurrieron mientras ella cursaba en el Instituto San José Obrero, en el año 1999, pero también después, cuando se cambió de escuela, porque el ex cura era amigo de sus padres y seguía visitando su casa con frecuencia. “Cuando él venía a cenar yo me iba. Me daba asco y no sabía por qué”, señaló Gobbo en una entrevista televisiva. Su primer recuerdo de la situación de abuso fue en una pileta, cuando ella tenía diez años, “él me agarraba de abajo y me tocaba”, relató la mujer. Según explicó Silveira, que junto a su socio Alejandro Stipancic representa a la denunciante, el ex cura José “la sacaba a Mailín de clases todos los días. La llevaba a un sótano, a una oficinita. Tenía la autoridad para entrar a la clase y decir: tal y tal vienen conmigo”.
A los 12 años, la madre de Gobbo encontró en un diario íntimo de su hija mensajes que hablaban de “no sufrir más”. En ese momento empezó a ir a un psicólogo, pero le llevó casi diez años reconstruir lo sucedido. “Como el sacerdote iba muy seguido a su casa, ella seguía de alguna forma bajo esa influencia de poder”, explicó el abogado.
Si bien Gobbo presentó la denuncia ante la Justicia en 2017, ella ya había denunciado a José ante el Obispado de San Martín en 2009, cuando pudo contarle a sus padres lo que le había pasado. Como respuesta, las autoridades del clero, a cargo del Monseñor Guillermo Rodríguez Melgarejo -fallecido el 4 de enero de este año-, intentaron silenciar a la familia y trasladaron al sacerdote a la parroquia San José Obrero de Tandil, a cargo de la diócesis de Azul, una estrategia que la Iglesia Católica suele aplicar para proteger a los curas. Cuando la denunciante formalizó en la Justicia las causas contra el ex párroco, el vicario general de San Martín, Eduardo González, señaló que se enteró de los cargos contra José recién cuando se hicieron públicos, es decir, en 2017.
El año pasado, en el marco del aislamiento social por la pandemia del coronavirus, la defensa del ex cura pidió la excarcelación, que la Justicia bonaerense le negó, por lo que espera el juicio en la cárcel de José León Suárez, donde está detenido desde julio del 2017, cuando luego de permanecer una semana prófugo el tribunal consideró necesaria la prisión preventiva. Ese mismo año, el párroco presentó la renuncia clerical a su cargo, mediante la cual “dejó de ser cura”.
Según el abogado de la denunciante, el agresor “elegía a sus presas”, niñas que eran más calladas, retraídas, de familias vulnerables. “Si ves a las víctimas hay una serie de características en común. Él utilizaba una metodología, una forma de operar”, señaló Silveira. Jazmín Detez, quien radicó la denuncia junto a Gobbo, hace tres años, espera que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dicte el veredicto para que su causa pueda llegar a juicio. En la misma situación están Cecilia Burgos y Karen Maydana, dos ex alumnas del mismo Instituto de Caseros que también denunciaron al ex cura José. “Hay cientos de víctimas, pero muchas no se animan a denunciar”, aseguró el abogado y relató que, para Gobbo, “fue muy dolorosa la exposición. Se tuvo que separar, dejar la facultad, perdió su empleo. Tuvo que empezar de cero”. Actualmente la mujer lleva adelante una ONG para ayudar a víctimas de abuso sexual.
Durante el juicio declararán las otras tres denunciantes, no sólo como testigos de la causa por la que se lleva adelante el proceso, sino para reclamar ante el Tribunal la no prescripción de sus denuncias. “Toda la defensa del acusado pasa por el argumento de la prescripción de los hechos. Ahora la Corte tiene que anunciar su decisión”, explicó Silveira. Según la normativa vigente desde el 2015, los plazos para la vigencia de los delitos contra la integridad sexual cometidos contra víctimas menores de 18 años comienzan a correr cuando se presenta la denuncia, sin ser un condicionante el tiempo transcurrido desde la fecha del delito. En Argentina, según la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, hay radicadas más de 70 denuncias por abusos sexuales en la Iglesia.
Con un pedido de elevación a juicio de más de 140 hojas donde se detallan testimonios, resultados periciales y prueba documental de los hechos, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14, a cargo del fiscal Ricardo Romero, calificó los delitos cometidos por el ex cura como “abuso sexual gravemente ultrajante” agravado por su condición de sacerdote, por lo cual le corresponde una pena de entre 8 y 20 años, según determine el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Martín, a cargo de Raúl Luchelli Ramos, Mónica María Carreira y Carolina Martínez. “Para la querella existen tres agravantes: la condición de sacerdote, la guarda de la menor por ser el ex cura la máxima autoridad dentro del Instituto donde ella concurría, y el daño que le provocó a la víctima en su salud mental”, detalló Silveira y aclaró que “la pena debe ser severa para un delito que es de lo más aberrante del Código Penal. Además, un fallo ejemplar con este caso sirve como precedente para los juicios que faltan”.
Informe: Lorena Bermejo.
