El juez Carlos Leiva denegó ayer la libertad y la prisión domiciliaria del exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien seguirá preso otros 70 días en la causa por el cobro de coimas y protección al juego ilegal. En la audiencia de revisión de medida cautelar por incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado, asociación ilícita y transmisión de datos reservados, la defensa intentó que se libere o --subsidiariamente-- se modifique la modalidad de detención de Ponce, preso desde agosto pasado, pero una vez más se prorrogó la prisión preventiva, como solicitó el fiscal Matías Edery. A la misma instancia llegaría también el exfiscal regional Patricio Serjal, pero en su caso se postergó para dentro de 15 días, a la espera de un informe de junta médica que pidió su defensa.
Ponce, quien en diciembre pasado reconoció algunas de las acusaciones, volvió a audiencia en la causa que lo tiene imputado por ser parte de una "asociación ilícita con el objeto de usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, sin contar con autorización de la autoridad competente", para lo que "los integrantes, con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal”.
Se trata de una red se desplegó tanto en Rosario y Villa Gobernador Galvez como en las ciudades de Gálvez y Rafaela. La imputación sostiene que los organizadores fueron Leandro Peiti --el capitalista de juego ilegal que pagaba las coimas-- y Patricio Serjal, mientras que al resto de las personas se les atribuye haber participado en carácter de integrantes, cada uno con un rol asignado. "Ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada (del Ministerio Público de la Acusación) a personas con el objetivo de hacer fracasar investigaciones", expresa el expediente.
Para los fiscales de la Agencia de Crimen Organizado la asociación tuvo una duración temporal que va, al menos, desde mediados de diciembre de 2018, fecha en la que Peiti dijo haberse encontrado por primera vez con Ponce Asahad para ofrecerle información sobre sus causas; hasta el 24 de julio de 2020, cuando se reunió en la cochera de Jujuy al 2300 con el abogado de Peiti.
En ese contexto, el rol atribuido a Ponce Asahad consistió en "haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto, aprovechando ese lugar para recibir dinero a cambio de transmitir directa o indirectamente información relativa a las investigaciones que pudieran tener a Peiti como sospechoso, o por aquellas que él le solicite o las referidas a juego ilegal".
Justamente, a mediados de diciembre de 2018 el exfiscal se comunicó con el capitalista para informarle que existían investigaciones penales en su contra y que él lo podría ayudar a eludirlas. Así, junto a su empleado, Nelson Ugolini --también imputado--, "obstaculizó la investigación penal por juego clandestino a cargo del fiscal de Melincué Matías Merlo". Además, realizaron medidas para interferir en los allanamientos que estaba por realizar ese fiscal. Entre las imputaciones se le atribuye haber ido con Serjal al Organismo de Investigaciones a ver una investigación y luego darle información a Peiti.
Entre los imputados en la causa aparecen también el comisario retirado Alejandro Torrisi --ya condenado-- y el fallecido David Perona; además de los ya nombrados como parte del Ministerio Público de la Acusación. En diciembre pasado, los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo en el mismo expediente; sin embargo, la cámara alta no hizo lugar al pedido de quitarle los fueros.
