El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, intentó un poco demasiado tarde despegarse del escándalo por la irrupción ilegal de la policía en un predio de la universidad y la detención y los apremios a dos estudiantes. Veinticuatro horas después de que estallara el escándalo, y luego de que su gobierno negara los hechos denunciados a través de un comunicado de la secretaría de Seguridad que fue rápidamente desmentido, el mandatario radical condenó los sucesos en una breve serie de tuits en los que desligó responsabilidades por encontrarse fuera del país. “Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno”, escribió Morales. Sin embargo el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias volvió a dejarlo en evidencia en una entrevista radial en la que dijo que es la cuarta vez en el último año que las fuerzas de seguridad intrusan el predio universitario.
Según informó a través de las redes sociales, Morales habría separado de sus cargos a los responsables del operativo policial que el jueves en la madrugada, con la excusa de quejas de vecinos por la música alta durante un asado de recepción a nuevos estudiantes, terminó con agentes ingresando de forma ilegal al predio de la facultad y deteniendo sin motivo ni sustento en las normas a un alumno y al presidente del Centro de Estudiantes. “Repudio la incursión de la Policía en Facultad de Agrarias. Dispuse la separación de los responsables. Llegaré al fondo del tema”, tuiteó el mandatario provincial. En otro mensaje agregó que llegará “hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía”.
La respuesta fue contundente. “Señor gobernador: hubiese sido mejor que twitteara el número de decreto por el cual separa de sus cargos a todos los funcionarios y efectivos de la fuerza que han avalado, ordenado y ejecutado las acciones que usted dice condenar”, comienza el texto que difundió ayer la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy. En ese documento, además, exigen “el esclarecimiento total de los delitos e irregularidades cometidos por el accionar policial”, la “inmediata renuncia del ministro Ekel Meyer y la cúpula del ministerio de Seguridad”, de “el jefe de Policía y el director del Departamento de Contravenciones” y “la separación de todos los efectivos implicados en el hecho”.
Morales, que se encuentra en la ciudad boliviana de Tarija participando de un encuentro de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (ZICOSUR) quiso deslindar responsabilidades sugiriendo que fue su ausencia la causa de un exceso en la labor de la policía y no que acciones así son norma en esa provincia desde que inauguró su gobernación en diciembre de 2015 metiendo presa a la dirigente social Milagro Sala. Sin embargo, en una entrevista radial, el decano de Ciencias Agrarias, Mario Bonilla, echó por tierra esa excusa al informar que no es la primera vez que la policía ingresa al predio universitario durante este gobierno. “Hace 25 años que estoy, nunca había pasado pero hace más de un año empezó a pasar. Esta es la cuarta vez y fue la más grave”, dijo.
Justamente la titular de la organización Tupac Amaru dio ayer una entrevista telefónica desde la cárcel en la que habló de este episodio policial y dijo que en Jujuy “no hay democracia” sino un gobierno de “la represión, la extorsión y el apriete”. Para Sala, cuya detención arbitraria hace más de un año fue condenada por organismos internacionales, “lamentablemente es así como actúa la policía de Gerardo Morales” y “se avasallan los derechos de los que menos tienen” a través de la fuerza. “La represión paso a ser algo normal. La persecución, que entren a las casas, que avienten a los compañeros, que les prohíban andar con las remeras de la Tupac” se transformó en la nueva norma en la Jujuy gobernada por el radicalismo, concluyó.
Otras voces se sumaron al repudio: el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios de la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de La Plata, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Jujuy; entre otros organismos.
