La catarata de desatinos que provocó la decisión del gobierno de avanzar en las negociaciones con Rusia para obtener una vacuna contra el covid 19 llegó a su climax con la denuncia penal por envenamiento de la ex diputada Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Salud Ginés González García y la viceminista Carla Vizzotti. El 23 de diciembre pasado pidió a la Justicia que se los investigue por "atentado contra la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de deberes de funcionario público". La validación internacional a la Sputnik V que implica la publicación en la revista científica The Lancet aparece como argumento más que suficiente para que la justicia federal archive la presentación por "inexistencia de delito". Una decisión de todos modos insuficiente si se tiene en cuenta la criminalidad implícita en la denuncia liderada por la socia de Juntos por el Cambio.