Más de 400 comunidades originarias de los pueblos Toba, Wichí, Guaraní, Chane, Chorote, Chulupi, Kolla, Diaguita y Tapietes están registradas para votar a sus representantes para el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), el 3 de abril de este año entre las 9 y las 14.
Así surge del anexo publicado en la resolución 1 de la Secretaría de Asuntos Indígenas el 26 de enero pasado. Según un conteo propio habría registradas 441 comunidades. Pero Asuntos Indígenas afirmó que son 445. La disposición indica que las comunidades tienen hasta 10 días corridos tras su publicación para realizar los reclamos pertinentes (tachas e impugnaciones) ante la Subsecretaría de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas. Ese plazo vence el 12 de febrero.
La del 3 de abril es la primera instancia del proceso eleccionario en la que cada una de estas comunidades elegirán a un representante para participar de la otra instancia electoral.
Estos más de 400 representantes serán convocados a votar el 8 de mayo, también entre las 9 y las 14, para elegir a un vocal por cada uno de los nueve pueblos reconocidos oficialmente que pueden participar de los comicios. En un plenario posterior, los 9 vocales electos el 8 de mayo deberán elegir al presidente del IPPIS, que debe salir de los vocales que representan a los pueblos Chané o Diaguita Calchaquí, que hasta el momento nunca estuvieron en la presidencia del organismo y les corresponde porque la ley prevé que los pueblos vayan rotando en ese cargo.
Mientras, continúa la intervención financiera administrativa del IPPIS. Su actual presidente, Héctor Fabián, que es interino, dijo a Salta/12 que ya solicitó los informes pertinentes a los interventores con el fin de conocer cuáles serán los pasos a seguir. Fabián ingresó al cargo en mayo del año pasado tras la suspensión del vocal chulupí, Alejo Gallardo.
Fabián entendió, por otra parte, que uno de los puntos a resolver entre las comunidades tiene que ver con la necesidad de contar con el reconocimiento oficial de la provincia de cinco pueblos más. Los pueblos Atacama, Tastil, Lule, Iogys y Weenhayek, aún esperan que la Legislatura provincial sancione la ley por la cual se les otorga ese reconocimiento. De ser así, el IPPIS pasaría a contar con 14 pueblos reconocidos y una vez ingresados, también se los deberá considerar para la rotación de la presidencia.
David Torres, vocero del Pueblo Lule, contó que en la última reunión mantenida en la Cámara de Diputados se manifestó el compromiso de tratar la incorporación definitiva de estos cinco pueblos originarios en el reconocimiento oficial de la provincia. “La Ley tiene media sanción en el Senado de la provincia”, añadió el referente.
Lamentó que hubo demoras pese al pedido de pronto despacho que se había elevado, precisamente, ante la cercanía de las elecciones del IPPIS. “Pero vinieron a nuestra Comunidad y nos dijeron que la tratarían” durante la primera quincena de abril, contó. “No nos gusta mucho. Pero sabemos que para presidir el IPPIS solo restan dos pueblos”. Cada presidente queda en el cargo por dos años. En caso de regularizarse la situación de los pueblos que aún esperan ser reconocidos, tendrían que ingresar en las elecciones que deberían realizarse en 2023, y también tener derecho a las próximas presidencias.
El IPPIS se creó hace 20 años por la ley 7121, llamada "de Desarrollo de los Pueblos Indígenas", publicada en enero de de 2001. Es el organismo de aplicación de esta ley y tiene a su cargo la puesta en práctica de las políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional. Sin embargo, hasta ahora viene con dificultades para llevar adelante el objetivo de su existencia.
Por ejemplo, la misma ley prevé en su artículo 13, referido a la "adjudicación de tierras", establece: "El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta deberá realizar un relevamiento de los asentamientos indígenas actuales precisando su ubicación geográfica con la indicación de sus integrantes" y debe realizar también "todos los trámites necesarios para la adjudicación, explotación y entrega definitiva en propiedad de las tierras públicas y/o privadas, que se expropien para tal fin", así como ocuparse de la "entrega en propiedad de los inmuebles".
Si bien el relevamiento territorial viene avanzando, aunque con muchos contratiempos, la presión de empresarios y finqueros sobre los territorios indígenas sigue siendo una problemática de rigurosa actualidad, sostenida en la no regularización de la posesión territorial.
El 22 de enero el Gobierno informó la constitución del Tribunal Electoral de Garantías que estará a cargo de controlar y coordinar el desarrollo del proceso eleccionario. Lo preside el secretario de Gobierno, Rodrigo Monzo, y lo integran al menos otros once funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial y la Legislatura. Por los pueblos originarios hay un solo representante, uno de los actuales vocales del IPPIS.
