El fallo del mes pasado de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Mariscotti”, que rechazó el ajuste solicitado por un poseedor de bonos atados al coeficiente CER, no implica validar la carga de datos de hace diez años. Sólo dice que el litigante no pudo probar “de qué manera se habría elaborado en forma errónea el IPC, puesto que la información primaria empleada en su cálculo no ha sido objeto de análisis”, ni fue auditada por la Sindicatura General ni por la Auditoría General de la Nación. Que la metodología aplicada contemplara “su actualización y la modificación de productos, variedades y ponderaciones”, no absuelve la forma en que se procedió a la carga de los datos. Redactado por el camarista Sergio Fernández, ese fallo tiene además un alto costo político, que debe ponerse en la misma cuenta abierta en 2007 con la vandalización del INDEC: la aprobación del Frente para la Victoria a la reelección como auditor por la oposición de su hermano Javier, el principal operador de Antonio Horacio Stiuso en la pantanosa justicia federal.