Desde Quito

El próximo domingo siete de febrero serán las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador. De los dieciséis candidatos, tres encabezan las encuestas: Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana -liderada por el ex presidente Rafael Correa- en coalición con otras fuerzas, Guillermo Lasso, conocido como el candidato banquero, y Yaku Pérez, por el partido Pachakutik.

En Ecuador, como en Argentina o Bolivia, la victoria en primera vuelta se consigue con más de 40% de votos y 10 puntos de diferencia. Arauz, según la mayoría de las encuestas, tiene posibilidad de lograrlo, en el marco de una campaña que se ha enfrentado a obstáculos e irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) que comenzaron desde la hora cero de su inscripción y siguen hasta estos días.

El CNE, por ejemplo, prohibió que Correa aparezca en los spots de campaña de Arauz, y recientemente anunció que no se realizará la elección de parlamentarios andinos que estaba prevista dentro de la elección del próximo domingo. Correa, así como Evo Morales, han denunciado posibles maniobras de último momento del CNE.

Las candidaturas se encuentran actualmente en los cierres de campaña. En el caso de Arauz tendrá lugar el jueves en Quito. Carlos Rabascall, candidato a vicepresidente en la fórmula, realizó el cierre en la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, uno de los puntos centrales a ganar para poder acceder al Palacio de Carondelet.

El país llega a la contienda golpeado por la pandemia, ahora con epicentro en la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito, y la recesión económica. La capital, ofrece una imagen de movimiento reducido de personas, negocios con persianas bajas producto de la crisis, y un clima apenas electoral con pocos afiches y colores de campaña.

Los años de gobierno de Lenín Moreno dejan un legado neoliberal, agravado en el 2020 a partir de la llegada de la pandemia que mostró imágenes trágicas de cadáveres en las calles de Guayaquil, un mayor deterioro económico, profundizó el achicamiento estatal y el endeudamiento, primero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y luego, en enero, con la Corporación para el Financiamiento del Desarrollo (CFD) estadounidense.

Moreno, quien dejará la presidencia en mayo, realizó una visita en Washington en días pasados, donde se reunió con representantes claves en lo político y económico, como Juan González, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Kristalina Georgieva, directora del FMI, Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El actual presidente busca, en sus últimos pasos, condicionar las posibilidades futuras del país. El préstamo, por ejemplo, con la CFD, un instrumento creado en el 2018 bajo la Ley de Mejor Utilización de las Inversiones que Conducen al Desarrollo -Ley Build, bipartidista-, está condicionado a la entrada de inversiones privadas en empresas públicas en los sectores de petróleo, electricidad, transporte y telecomunicaciones, a la vez que exige cortar lazos con inversiones chinas de cara, por ejemplo, al desarrollo de la tecnología 5G.

En mayo comenzará entonces un nuevo gobierno que, en el caso de Lasso, representaría una profundización del modelo neoliberal -ya sin la pieza de transición que significó Moreno-, y, en el caso de Arauz, traería un giro progresista a lo interno, con una agenda de integración latinoamericana en política exterior, algo que ha comenzado a expresarse, por ejemplo, en el acercamiento con el presidente Alberto Fernández para una colaboración en materia de vacunas contra la covid-19.

La contienda en Ecuador sucede en el contexto de una América Latina que, en los últimos años ha estado marcada por fuertes disputas, con una profundización de los mecanismos de lawfare -siendo Ecuador un caso paradigmático-, golpes de Estado, como en Bolivia, bloqueos económicos, como en Venezuela, a la vez que fuertes impugnaciones al orden neoliberal con levantamientos, movilizaciones, y acceso de gobiernos progresistas a las presidencias de México, en el 2018, Argentina, en el 2019, y Bolivia en el 2020.

Una victoria de Arauz sería, en ese contexto, un nuevo paso en el mapa progresista latinoamericano, que permitiría avanzar en la reconstrucción de instrumentos de integración, como la Unasur, un objetivo que ya fue anunciado por el candidato de la revolución ciudadana, o fortalecer la Celac, actualmente bajo presidencia de México. Esto significaría, en simultáneo, volver a quitarle centralidad a la OEA, un organismo que ha tenido un rol central para reconocer la institucionalidad paralela creada en Venezuela en el 2019, y legitimar el golpe de Estado en Bolivia ese mismo año. 

La implicancia continental de la elección ecuatoriana ha tenido su reflejo en la publicación de noticias falsas en redes sociales y en varios medios, como Clarín, que difundió una comprobada mentira que afirmaba que Arauz ofrecía entregar 250 dólares para que lo votaran, o la revista Semana, de Colombia, que afirmó que Arauz había recibido financiamiento por parte del Ejército de Liberación Nacional colombiano. Una periodista de Semana confesó luego que la información no era “absolutamente cierta”. 

Existen entonces muchas variables en juego en la contienda del domingo, dentro del país, para la región, su unidad y posicionamiento geopolítico, y para la nueva administración estadounidense de Joe Biden. La apuesta de Arauz es lograr ganar en primera vuelta, mientras que la de la derecha es llegar al ballottage a través de Lasso. Éste último afirmó que brindaría su apoyo a Pérez en caso de que el candidato de Pachakutik llegara a segunda vuelta. Por el momento las encuestas indican que Arauz podría lograr la hazaña, una posibilidad que explica el redoble de ataques contra su candidatura.