Mientras la causa penal por el Correo parece avanzar ahora, la fiscala Gabriela Boquin, que desnudó desde un comienzo las maniobras del Grupo Macri para minimizar su deuda millonaria con el Estado y luego destapó operaciones de vaciamiento por 35 millones de pesos, es atacada desde todos los rincones. La empresa de la familia del expresidente insiste en recusarla en el expediente concursal donde debe pagar sus acreencias, el procurador interino Eduardo Casal mantiene abierto y activo un absurdo sumario en su contra por supuesto maltrato laboral. Y la Cámara Federal de Comodoro Py obligó al juez Sebastián Casanello a reabrir una denuncia en su contra, que en un comienzo estaba dirigida a la interventora Flor Inés Farber y a funcionarios, pese a que el fiscal Carlos Rívolo había pedido cerrar el caso, porque no le pareció que hubiera ningún delito que investigar. 

Sobre el sumario que tramita en la Procuración, a raíz de las denuncias de dos empleadas, Boquin habló el año pasado ante la Comisión Bicameral de Ministerio Público y explicó con lujo de detalles por qué le parecía trucho, armado y parte de un "hostigamiento". La denunciaron dos empleadas, una de las cuales está casada con uno de los candidatos a ocupar una vacante en la Sala B de la Cámara Comercial --Sebastián Sánchez Cannabó, que de hecho fue ternado a fin de año-- que interviene en el caso Correo, y que le había explicitado su incomodidad por el trámite de la causa y lo que los medios decían de ella. 

La empresa del Grupo Macri intentó varias veces apartar a Boquin, que se cansó de responder que no se puede recusar a fiscales.

Ahora que el sumario está en pleno trámite, al fiscal que lo instruye, Fabián Celiz, le habrían asigndo un teléfono específico para ocuparse de esta pesquisa. Una de las próximas testigos citadas para que declare en su contra es una mujer que fue denunciada por la propia Boquin en la Bicameral por sacar información de la causa Correo de la fiscalía, para pasársela al diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, quien no sólo pertenece al riñón macrista sino que está implicado en los movimientos de vaciamiento que denunció Boquin. Mantener esta investigación interna abierta es un modo evidente de presionar a la fiscala. El procurador Casal, además, lo ha usado para retrucar cuando se vio cuestionado por el oficialismo. 

Otro de los  frentes que resiste la fiscala es una denuncia que hizo Correo en Comodoro Py dirigida a la interventora de la empresa, Farber, a Boquin, al procurador del Tesoro, Carlos Zaninni y al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Les atribuyen el supuesto direccionamiento de la causa y su uso político. Casanello la había cerrado por inexistencia de delito, pero los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens ordenaron reabrirla. Le dijeron al juez y al fiscal que debían ordenar las medidas pedidas por Socma, como análisis de llamadas telefónicas de los denunciados, o la inspección de sus correos electrónicos y sus computadoras. 

Por último, en el expediente concursal la empresa del Grupo Macri intentó varias veces apartar a Boquin, que se cansó de responder que no se puede  recusar a los/as fiscales. Igual insisten, y ahora le volvieron a pedir a la Cámara que la saque del camino con un recurso que puede llegar a la Corte. 

El tribunal de alzada tiene un gran manejo de los tiempos que han hecho que este expediente lleve 19 años abierto sin resultados, con lo cual parece actuar cada tanto como parte del mismo juego. A la recusación de la jueza Marta Cirulli, por ejemplo, la tienen sin resolver desde octubre.