Un informe contable clave ordenado por el juez federal Ariel Lijo confirma que el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, firmado durante el gobierno de Cambiemos, resultaba “abusivo” y perjudicial para el Estado. El estudio respalda lo que siempre sostuvo la fiscala comercial Gabriela Boquin, atacada por todos los frentes desde que logró frenar aquel pacto que beneficiaba a la familia del expresidente Mauricio Macri, ubicado de los dos lados del mostrador. A ella la acusaban de direccionar y politizar la causa, que ahora tiene un aval que el juzgado aguardaba. El propio Correo buscó imprimir al expediente una pátina política al ofrecer como testigos al exministro de Justicia, Germán Garavano, al excandidato a vicepresidente y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y al diputado Pablo Tonelli.

El informe contable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) podría sacar a esta causa penal de su letargo. Allí aparece refrendada la principal hipótesis que denunció en febrero de 2017 Boquin: que el pacto que hicieron en junio de 2016 el gobierno de Mauricio Macri y la empresa postal que pertenece a su propio grupo empresario, licuaba en un 98,87 por ciento su deuda multimillonaria con el Estado. Las conclusiones arrojan un número muy aproximado y dan cuenta --según pudo saber Página/12 a través de los investigadores-- de que se trató de un convenio "abusivo", como sostuvo Boquin, para las arcas públicas.  

Aquella revelación fue la que llevó a que el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su director de asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y dos hombres del Correo fueran imputados e indagados en un expediente penal en Comodoro Py. En marzo se cumplirán dos años desde que fueron a dar explicaciones ante el juez federal Ariel Lijo --la causa tiene dos años más-- y finalmente se definiría su situación procesal. Tampoco está descartado que se amplíen las responsabilidades y que lleguen al expresidente, durante cuyo gobierno fue una práctica habitual la de estar de los dos lados del mostrador. 

Mientras tanto, y pese a la denuncia de Boquin en su momento, el Correo sigue sin pagar su deuda con el Estado, que ya superaría holgadamente los 4500 millones de pesos. La empresa lleva un récord de 19 años en concurso de acreedores. El Grupo Macri se las ha ingeniado para seguir dilantando el cumplimiento de sus obligaciones y ahora todos los esfuerzos apuntan a eludir una declaración de quiebra, que arrastraría a su controlante SOCMA. 

Hoy el Correo está intervenido y el expediente comercial se encuentra en un punto insólito: desde el 23 de diciembre Boquin espera --con respaldo de una orden de la Cámara Comercial-- que el juez que actualmente está a cargo del caso, Fernando D'Alessandro, le envíe los informes de la interventora Flor Inés Farber. Algunos de los que se conocieron hasta ahora complican a la empresa porque se detectaron maniobras de vaciamiento, algo que también la fiscalía había denunciado con anterioridad.  

El Correo sigue intentando el apartamiento de la fiscala Boquin y apeló el rechazo a su recusación con un recurso extraordinario. Otra vez quieren llegar hasta la Corte Suprema con la expectativa de sacarla de la causa comercial (ver denuncias aparte). La jueza original, Marta Cirulli, está recusada y de ahí que tenga un suplente por ahora. El interino D'Alessandro está ternado para una vacante en la sala B de la Cámara que interviene en este mismo caso, lo que podría explicar su pasividad. Se había abierto el proceso de salvataje o "cramdown" pero está todo en punto muerto por los distintos artilugios de la empresa. Se habían llegado a presentar oferentes para hacerse cargo de la firma y sus acreencias, entre ellas el propio Correo.

"Un acuerdo espuriamente concebido"

El eje de la investigación penal a cargo del juez Lijo quedó definido a fines de 2018 en un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, que sostuvo que existió un acuerdo “espuriamente concebido”, que resultó "ruinoso" y "abusivo" para el Estado, urdido de manera paralela al expediente comerical con el objetivo “beneficiar a la empresa” de la familia Macri. 

En esa teoría Aguad había dado instrucciones a su director de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, para lograr un pacto ante la Cámara Comercial que diluyera la deuda del Correo. Los delitos en juego son negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Del lado de la compañía fueron indagados quien era su titular, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado Jaime Kleidermacher. Todos objetaron que se haya favorecido al Correo y afectado a la Estado. Pero además atacaron también en los tribunales de Retiro a la fiscala Boquin y alegaron que la causa era un armado político. 

Por eso adquiere suma relevancia el análisis contable que la DAJuDeCO le entregó a Lijo sobre el final de 2020 y del que estuvo a cargo el propio titular del organismo, Juan Rodríguez Ponte, un exsecretario del juez. Según pudo constatar este diario con dos funcionarios que conocen el informe en cuestión, el trabajo consistió en generar distintos tipos de cálculo sobre la deuda del Correo y lo que realmente terminaría abonando de acuerdo a un plan de pagos que se había pactado hasta 2033. Diseñaron una aplicación (una herramienta digital) para poder hacer todas las estimaciones posibles de acuerdo a las tasas de interés de diferentes bancos. Probaron 214 fórmulas, y todas resultaban perjudiciales para el Estado. Una de las calves del "aspecto abusivo" estaba en el plan de pagos acordado: la empresa recién empezaría a pagar algunos pesos en el año 2030. 

Con el pliego de preguntas

Cuando se veían venir este resultado, los hombres del Correo se presentaron en el juzgado de Lijo y le pidieron que citara como testigos a Garavano, Pichetto y Tonelli, quien fue denunciado por Boquin como parte del circuito de desvíos y movimientos de vaciamiento del Correo, junto con otros exfuncionarios del gobierno de Macri. El planteo de los imputados para pedir estos testimonios era que ellos podrían dar cuenta de que la causa está direccionada con intencionalidad política. Hasta llevaron un pliego de preguntas. El juez les devolvió un rotundo "no". 

Un paréntesis necesario sobre la DAJuDeCO debe aclarar que se trata de un organismo que fue cuestionado a fin de año en un informe la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades y organismos de inteligencia. Es la misma dependencia que tiene a cargo las escuchas telefónicas bajo la órbita de la Corte Suprema, pero que fue ampliando sus facultades con el correr del tiempo, y se convirtió en una especie de mega órgano de investigación que en los tiempos más álgidos del lawfare, y cuando su titular era el camarista Martín Irurzun unía al máximo tribunal y a Comodoro Py. 

La Bicameral le apunta por las filtraciones de escuchas telefónicas de Cristina Fernández de Kirchner, entre otras, que se usaron con objetivos políticos, y que el organismo adjudicó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros estudios recientes de la DAJuDeCO resultan relevantes: además del que atañe a la deuda del Correo, está el que pidió la jueza María Servini en una causa donde investiga la incidencia de la llamada "mesa judicial" macrista en los aprietes a los dueños del Grupo Indalo. Es un entrecruzamiento telefónico que podría comprometer a Macri, a exfuncionarios y también a jueces y que el expresidente insiste en querer evitar.  

Ahora hay que ver cómo usan esta información, que parecería penalmente valiosa, los jueces a cargo de las investigaciones en cuestión. El cruce de llamadas, por lo pronto, está capturado por un juez de Casación, Eduardo Riggi, que paralizó la pesquisa al pedir el expediente completo a Servini. La causa penal del Correo no parece exhibir mayores obstáculos ahora para que Lijo defina las situaciones procesales de los exfuncionarios que indagó hace casi dos años y de los representantes de la empresa. Lo que está claro es que lo que haga, probablemente tenga peso también sobre el resto de los expedientes vinculados, tanto el comercial como otras causas donde se ha denunciado a la fiscal y a actuales funcionarios.