El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, de ex funcionarios de esa cartera y de un grupo de empresarios por la compra de alimentos por parte de esa cartera al comienzo de la pandemia, que provocó la renuncia de 16 funcionarios por supuestos sobreprecios. Aunque la denuncia original apuntaba a supuestos sobreprecios, el fiscal sostuvo que en la mayoría de las contrataciones, los valores ofrecidos fueron semejantes a los precios testigos fijados por la SIGEN. Consultadas por PáginaI12, de momento las fuentes cercanas al ministro dijeron a este diario que el funcionario no va a hacer comentarios.
“No se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN”, dice el dictamen de Marijuán. Y menciona el caso de los fideos, donde el precio testigo era de $84.39 y el precio adjudicado fue de $84.77 y $85.76.. En otros casos, asegura el dictamen, los incrementos no superaban el 10%.
La denuncia había sido impulsada, en abril del año pasado, por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, quien alertaba además sobre un grupo reducido de empresas que estaban “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.
Sobre ese punto, Marijuán sostuvo que “no se logró verificar vinculaciones entre esos grupos empresariales”, aunque se detectaron “algunas relaciones familiares en ciertos casos”.