Mientras Chile debate un proyecto para despenalizar el aborto, discusión que se vio impulsada por su legalización en la Argentina, 111 mujeres de aquel país se vieron afectadas por una negligencia que no está contemplada en ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en la nación vecina.

Entre marzo y septiembre de 2020, el Instituto de Salud Pública (ISP), la máxima autoridad farmacológica en el país, alertó que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas, administrados en centros de salud públicos, estaban defectuosos y ordenó su retiro del mercado.

Sin embargo, la institución volvió a permitir la distribución de una de las marcas, Anulette CD, tan solo una semana después de haberla retirado, esgrimiendo que las fallas eran visiblemente detectables. 

Más de 100 mujeres denunciaron embarazos no deseados por culpa de aquel medicamento, algunas de ellas adolescentes, según datos de Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo (Miles). 

El ISP, mientras tanto, todavía "está estudiando su posición y responsabilidad en el caso", según las autoridades.

"Un día me llamaron de mi centro médico para avisarme que había unos lotes en mal estado, pero mis píldoras no correspondían a esas cajas y me quedé tranquila", explicó en diálogo con EFE, Estefany Cavieres, una joven de 28 años que llevaba tres meses sometida a este tratamiento de planificación familiar administrado en los hospitales públicos.

Cuando Cavieres comenzó a sentir náuseas, cansancio y dolor en sus pechos no dudó que estaba embarazada. Una error en la fabricación del anticonceptivo había truncado sus planes de vida: conseguir estabilizarse laboralmente como estilista y dedicarse a atender a su segunda hija, de tres años, que tiene problemas de salud.

"El mundo ya está demasiado complicado como para traer más hijos. Y ahora me pregunto: ¿en quién confío? A una le da rabia porque el sistema la deja tirada", denunció la joven que, tras tres meses de embarazo no deseado y una depresión, sufrió un aborto involuntario.

La maternidad será deseada o no será

"Mirarme al espejo es duro, me veo la panza y me recuerda esta pesadilla. Hay días que me levanto bien y quiero tenerla, pero la mayoría no", contó Valentina Donoso, quien a sus 21 años ha tenido que interrumpir sus planes de estudiar en la universidad.

La joven, que cuenta con el apoyo económico de sus padres y vive en una comuna vulnerable del sur de la capital chilena, dejó en claro que la maternidad debe ser deseada: "Yo quería ser madre, pero más adelante. Quería tener un trabajo y una casa antes de esto. Quería tener un futuro".

Los lotes defectuosos se distribuyeron por todo el país y las afectadas residen en distintas regiones. 

Bárbara Vásquez, de 20 años, que reside en Ñuble, una región del centro de Chile, también vio peligrar sus estudios como técnica en educación infantil cuando se enteró del embarazo. "Yo no tengo trabajo ni nada estable que ofrecerle a mi bebé, necesitamos una compensación económica. Para mi familia este gasto es demasiado", recalcó la estudiante, .

Por su parte, Soledad Castillo, una trabajadora municipal de 35 años que también se encuentra en su quinto mes de una gestación no deseada, compartió su experiencia: "A mí me llamó mi matrona para decirme que dejara de tomar Anulette y me advirtió que me comprara por mi cuenta otros anticonceptivos. No supimos nada más".

Para Laura Dragnic, abogada del Miles, en este caso hay dos responsables: el laboratorio que fabricó los medicamentos y el Estado, por no llevar a cabo un seguimiento de su calidad y por no atender las necesidades de las afectadas. "Esto constituye una falta de servicio. No hubo ningún acompañamiento real, fue algo que el Estado trató de mantener por debajo", denunció la abogada.

La Corporación Miles Chile y la organización internacional Women’s Link Worldwide hicieron un llamado urgente a la Relatoría sobre el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que ordenen a Chile tomar medidas urgentes para resolver las problemas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva.

La imposibilidad de acceder al aborto

Al igual que a otras mujeres afectadas, a Donoso le fue denegado el derecho al aborto puesto que esta negligencia farmacológica no entra estrictamente dentro de ninguna de las tres causales por las que está permitido el aborto en Chile: violación, inviabilidad del feto o riesgo vital de la madre.

Según Estefanny Molina, abogada de Women's Link Worlwide, plataforma que elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta situación representa "una cadena completa de violación a los derechos sexuales de las mujeres chilenas".

La especialista opinó que no se proporcionaron métodos seguros y eficaces de planificación familiar, no se permitió a estas mujeres abortar y finalmente tampoco se les ofreció protección a quienes no tienen recursos. "Chile tiene un reto por delante. Es necesario que se amplíe el concepto de salud sexual y que, por tanto, se revise la despenalización del aborto", sentenció.

El aborto legal es una reivindicación histórica de los colectivos feministas de América latina, en donde solo Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana, además de Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca, han permitido la interrupción libre y voluntaria del embarazo.

Pese a que en Chile el veto total contra el aborto fue levantado en 2017, cada vez más organizaciones reclaman que se despenalice más allá de las tres causales permitidas, algo que actualmente está en discusión en el Parlamento.

"No puede ser -concluyó Molina- que la mitad de la población en Chile quede desprotegida porque al Estado no le importe la garantía de los derechos sexuales y reproductivos".