Después de un año muy difícil, este domingo 7 de febrero tendrá lugar las elecciones generales en Ecuador. En un contexto de alta fragmentación partidaria -tanto del oficialismo como de la oposición-, 16 listas presentan candidatos presidenciales.

Según los datos de las encuestas previas, el candidato apoyado por el ex Presidente Rafael Correa, Andrés Arauz (Unión por la Esperanza) aventajaría al empresario neoliberal Guillermo Lasso (Partido Creando Oportunidades), y más detrás le seguirían el dirigente indigenista Yaku Pérez (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik) con una agenda ambiental y social que recoge varias de las demandas de las Asambleas que tuvieron lugar en las movilizaciones de 2019. La candidata oficialista Ximena Peña (Alianza País) corre por fuera.

Después de casi cuatro años de gobierno, Lenin Moreno abandonará la presidencia con una imagen negativa de casi el 90 por ciento. Tras asumir con la venia de su antecesor Correa, traicionó a sus bases con un giro conservador.

Con él volvieron las políticas de ajuste y austeridad, el empobrecimiento de la población, la conflictividad social, la persecución judicial a antiguos aliados, el endeudamiento externo con el regreso del Fondo Monetario Internacional y una aguda crisis económica y sanitaria agravada por la pandemia del Covid-19 y por la propia incompetencia de la gestión gubernamental.

Todo parecería indicar que este domingo se presentan dos modelos en pugna para el país ecuatoriano: por un lado, un retorno a la senda propuesta por el Correismo de crecimiento con inclusión y políticas sociales para combatir los efectos de la pandemia que estaría representada por Arauz; y por otro, la continuidad del proyecto neoliberal de Lenin Moreno maquillado con la postura empresaria de Lasso.

Por otra parte, hay un punto que merece destacar: Rafael Correa iba a ser integrante de la fórmula presidencial como vicepresidente de Arauz, pero en el mes de septiembre de 2020 la Justicia Electoral ecuatoriana le prohibió presentarse con el argumento de no estar físicamente en el país para inscribirse. Y recordemos que, anteriormente, había sido condenado junto con dieciocho ex funcionarios por el “supuesto” delito de cohecho activo agravado en la causa “Sobornos 2012-2016”.

Lo más llamativo del caso es que la pena impuesta originalmente a una de las acusadas fue reducida ya que presentó un ‘’cuaderno’’ manuscrito en el cual relataba estos aparentes hechos de corrupción durante el Correísmo (a buen entendedor…).

Además, luego se descubrió que en la misma causa, se le indicaba al juez qué modificación debía llevar a cabo a fin de cambiar la carátula de los delitos atribuidos para agravar la pena de los imputados. Todo esto, obviamente, con la venia del gobierno de Lenin Moreno.

El único delito probado es el de fraude procesal, todo en el marco de una guerra Judicial para disciplinar a los opositores, ciertamente bastante sucia pero no novedosa para nuestra América Latina (como bien se han consumado en Argentina y en Brasil).

Como si esto fuera poco, se suma el Caso Balda, donde Correa fue vinculado con la tentativa de secuestro del ex legislador Fernando Balda en Bogotá (año 2012). En esta oportunidad, casualmente, un ex agente de policía (asilado en la Argentina) confesó haber recibido presiones del gobierno de Lenin Moreno para involucrar a Correa en este hecho a cambio de una condena leve y nombramientos en cargos públicos para sus familiares, desbaratando de esa forma la operación montada.

Así las cosas, queda más que claro que el Lawfare opera con el mismo libreto, sólo cambiando actores según el lugar.

Entonces, podemos concluir -aún más tras las recientes revelaciones en Brasil de los diálogos del ex juez Moro con los fiscales para facilitar la condena contra Lula sin pruebas fehacientes- que estas elecciones son una gran oportunidad para asestarle un nuevo golpe y sacar a la luz estas estrategias de manipulación llevadas a cabo por determinados actores y grupos de interés, que mencionan en sus discursos a la República como slogan para cazar desprevenidos y ocultar comportamientos que distan mucho del Estado de Derecho que dicen defender…

*Parlamentaria del Mercosur