El fiscal Luis Schiappa Pietra, titular de la Agencia de Criminalidad Organizada, adelantó ayer que va a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia provincial para que se explique con claridad el motivo del cambio de la jueza que entiende en el expediente de juego clandestino, que tiene entre otro de los investigados al senador Armando Traferri. En rigor la primera reacción de los investigadores de la polémica causa fue la sorpresa: es que el martes último se encontraron con que la jueza Eleonora Verón habia sido cambiada por el juez Carlos Leiva, sin previo aviso. Los fiscales que investigan la red de  por la que están imputados el ex fiscal regional Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad manifestaron su “sorpresa” por el repentino cambio de juez en la Instrucción Penal Preparatoria de la que consideran una de las causas más importantes que se tramitan en la Justicia santafesina.

En ese sentido, solicitaron a la Oficina de Gestión Judicial que les informe por qué la jueza no seguirá participando de esta causa.

Resulta que el pasado martes, minutos antes de la audiencia en la que se debía revisar la prisión preventiva de Ponce Asahad, se enteraron que a diferencia de todas las audiencias anteriores; no se realizaría ante la jueza Verón sino que en este caso el juez de garantías era Carlos Leiva. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron explicaciones.

En diálogo con LT8, Luis Schiappa Pietra dijo que “aquí hay una cuestión muy importante que es preservar la garantía constitucional que es la de la imparcialidad de los tribunales; es una garantía que tienen los ciudadanos; y en este caso mucho mas por la trascendencia institucional que tiene el asunto, es un caso donde hay muchas personas involucradas y tiene una trascendencia institucional tan evidente que modificar la composición de un tribunal, merece un apoyamiento legal muy fuerte”

En tanto, apuntó que “la respuesta que tuvimos del director de la Oficina de Gestión Judicial no nos resulto satisfactoria” y adelantó que realizarán una presentación ante la Corte. “No estamos recusando el tribunal, queremos dejar en claro que no hay una explicación razonable de porque han modificado la estructura del tribunal que entiende en esta causa”, dijo.

Durante la audiencia la fiscalía pidió prorrogar la prisión preventiva efectiva del ex fiscal por otros 90 días y la defensa volvió a requerir una morigeración bajo la modalidad domiciliaria. Finalmente Leiva accedió al pedido de los fiscales, pero por 70 días. Más allá de esa diferencia, los acusadores se fueron con “cierta alarma” acerca del procedimiento de la OGJ que, aseguraron, no fue comunicado previamente.

“Desconocemos de qué manera la OGJ desplazó a la jueza que estaba interviniendo sin una explicación previa a los litigantes e imputados, a las víctimas y la sociedad en general. La informalidad con la que se designó al juez para la audiencia de prórroga de la medida cautelar nos causó cierta alarma y eso motiva la presente nota”, señalaron los fiscales en un escrito enviado a la OGJ firmado también por la fiscal regional María Eugenia Iribarren.