Corría el álgido año 2001 cuando Alejo Ramos Padilla, que se había recibido de abogado el año anterior, acompañó a su padre, Juan Ramos Padilla, al departamento donde vivía Miguel Etchecolatz en la avenida Pueyrredón. Iban con una oficial de justicia a concretar un embargo, porque el genocida no había pagados los honorarios de un juicio que le había ganado Alfredo Bravo, a quien había calumniado en el programa Hora Clave, que conducía Mariano Grondona. El excomisario no los quería dejar entrar. Una vez que logran pasar, la oficial comienza a preguntar sobre los bienes. El piano, “de mi suegra”. La mesa, “de mi esposa”. ¿Y estas charreteras, también son de su esposa?, preguntó la funcionaria. Etchecolatz se dio vuelta en silencio, fue hasta el fondo y sacó un arma. “Tengo fuego, ¿dónde quiere, en las piernas o en el pecho?” se mofó apuntándole a Ramos Padilla padre, que como juez de San Isidro había ordenado su detención. Alejo se abalanzó sin dudar sobre el represor, forcejearon y logró sacarle la pistola Browning. Con esa prueba de que poseía armamento, lograron revocarle la prisión domiciliaria cuando comenzó el primer juicio oral en su contra en 2006, donde representaba a Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de mayo.

La escena y la sucesión de hechos pintan a Alejo Ramos Padilla, que hoy tiene 45 años y pronto asumirá como juez federal penal con competencia electoral de La Plata, que está vacante desde 2014, porque el Senado acaba de darle acuerdo. Es un juzgado clave, el del distrito más grande del país. Al estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Ramos Padilla hijo siguió la tradición familiar, su abuelo Cipriano también había sido abogado. Con su papá, que hoy integra el Tribunal Oral 29 porteño, tienen estilos distintos pero un ideario común. 

Alejo es desde 2011 juez federal de Dolores, donde acumuló notoriedad por la investigación conocida como el D’Alessio Gate, donde desarticuló una organización a gran escala de espionaje estatal y paraestatal, donde no sólo procesó al falso abogado Marcelo D’Alessio, también al fiscal Carlos Stornelli (a quien declaró rebelde), al periodista Daniel Santoro y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre muchos otros. Al día de hoy hay 28 procesados, y habrá más. La investigación puso al descubierto un sistema de inteligencia ilegal que caracterizó al período de gobierno de Mauricio Macri, donde colaboraban mutuamente la dirigencia política, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, así como espías orgánicos e inorgánicos.

Todo eso explica la célebre frase con la que el expresidente se refirió a él en los inicios de aquella causa que, indefectiblemente, salpicaba a su administración, y por la que promovió su destitución: “A este juez hay que sacarlo porque ya hizo varias”. Se refería a que Ramos Padilla había declarado la inconstitucionalidad de las designaciones por decreto como jueces de la Corte Suprema de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que luego tuvieron que pasar por el Senado. Y aludía a otros fallos incómodos para su gestión como el que suspendió el aumento de la tarifa del gas.

Juntos por el Cambio se opuso en el Senado a prestar acuerdo a Ramos Padilla y eso se explica no sólo en aquellas cuestiones pasadas sino en otras futuras. El juzgado federal de La Plata tiene en sus manos, por ejemplo, gran parte de la investigación sobre aportantes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017. Algunos otros expedientes que tramitan allí son, por ejemplo, la judicialización de una gran toma en Los Hornos y la investigación sobre la desaparición y femicidio de Johana Ramallo, cuyos restos fueron hallados en 2018 y se cree que fue captada por una red de trata. A esto hay que sumar todas las cuestiones electorales, en un año en que se eligen diputados y senadores. Sus competencias abarcan desde la organización de las elecciones generales y PASO, la revisión de candidaturas hasta la intervención de partidos políticos.

En los 90', Alejo Ramos Padilla tuvo militancia política universitaria en Franja Morada. Fue radical alfonsinista y como consejero directivo en facultad de Derecho asumió por la Alianza. Entró a trabajar a los tribunales de Comodoro Py a los 18 años en el juzgado que por entonces tenía a cargo Martín Irurzun, ahora presidente de la Cámara Federal, luego sucedido por Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo. 

El día que se graduó, el 30 de junio de 2000, dejó los tribunales se fue a trabajar con Alfredo Bravo, tanto en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como representándolo en juicios que el dirigente socialista tenía. Durante la época en que se desarrollaban los juicios por la verdad comenzó a ir a las audiencias en La Plata con Chicha Mariani (María Isabel Chorobik de Mariani), que buscó incansablemente a su nieta Clara Anahí. También la representó en el primer juicio contra Etchecolatz –el que primer juicio por crímenes de lesa humanidad luego de la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida– y en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, causa por la que fue detenido el genocida Jorge Rafael Videla. A Chicha la conocía desde los 10 años. Ella decía que era su “nieto del alma”.

Fue abogado de Héctor y Javier Timerman por el secuestro de su padre Jacobo y la apropiación del diario La Opinión. Las torturas a Jacobo Timerman estuvieron incluidas en el juicio contra el excapellán Christian Von Wernich. Hizo escuela, además, con las primeras acusaciones contra civiles en las causas por crímenes dictatoriales, como el exministro de gobierno Jaime Lamont Smart y el ex gobernador Ibérico Saint Jean. Acompañó en sus demandas a los excombatientes de Malvinas nucleados en el CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) de La Plata, participó del proceso de identificación de las tumbas y acompañó las denuncias por torturas durante la guerra.

Como juez de Dolores le tocó subrogar el juzgado federal de Bahía Blanca, donde investigó y fue el primero en dictar procesamientos por los crímenes cometidos por la Triple A por homicidios a militantes de la Universidad Nacional del Sur. Entre otros, llamó a indagatoria al ex juez Néstor Montezanti, que fue presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Lo citó tres veces y lo declaró en rebeldía. El Consejo de la Magistratura lo suspendió y Montezanti renunció antes de veredicto. En la causa sobre crímenes cometidos en la Base Naval de Bahía Blanca y el V Cuerpo de Ejército dictó un centenar de procesamientos. Habrá un megajuicio por esta causa. Escribió, entre otros trabajos, un libro llamado Crímenes de lesa humanidad, con prólogo de Baltasar Garzón.

Ahora Ramos Padilla deja casi lista para ir a juicio oral la causa del D’Alessio Gate. Falta que la Cámara de Mar del Plata, que suele tomarse su tiempo, analice sus dos últimas resoluciones, lo que incluye todo un tramo de la investigación sobre las llamadas bases AMBA que operaron en la provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político y los procesamientos de la ex cúpula de la AFI macrista. 

Habrá que ver quién queda a cargo del juzgado de Dolores, y si sostiene la impresionante investigación por la que a Ramos Padilla quiso echarlo la actual oposición política, pero no pudo.