"La fecha de inicio de clases es el 17 de febrero." Esa fue la respuesta, terminante, desde el Ministerio de Educación porteño ante la consulta de este diario, luego de que madres, padres, cooperadoras, centros de estudiantes y sindicatos docentes le reclamaran a la ministra Soledad Acuña que postergue el inicio de clases y que dé garantías sanitarias para el retorno a las clases presenciales. Pese a las observaciones que hicieron al estado de las escuelas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto seguir adelante con el comienzo de clases en su totalidad. Y no solo eso: también reabrirán los Centros de Primera Infancia (CPI), que albergan a más de ocho mil niños y movilizarán a otros 1300 trabajadores. Pese a que Acuña y el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijeron que no tenían problemas en explicar todo en una audencia judicial, el Gobierno porteño hizo una presentación ante la nueva jueza -luego de que recusaron al juez Andrés Gallardo- para que esa audiencia no se haga.

Un grupo de familias, cooperadoras, centros de estudiantes y gremios docentes reclamaron a la ministra Acuña que retrase el comienzo de clases hasta que haya condiciones edilicias y sanitarias para retomar las clases presenciales de forma segura. Le advirtieron que el protocolo que presentó, si bien es vago e impreciso, deja suficientemente en claro que no está contemplando la realidad de cómo están las escuelas. "Su cumplimiento es imposible", le avisaron. Y dieron ejemplos como el del Normal 2, donde hay tres inodoros para 400 estudiantes. En particular, el gremio UTE-Ctera hizo un informe en base a un relevamiento de 611 escuelas, en el que destaca que el 66 por ciento de las escuelas no tiene ventilación suficiente. También advirtieron que más de la mitad de los estudiantes debe utilizar un medio de transporte público para llegar a la escuela.

Pideron, además, que se organice un sistema de transporte escolar gratuito y que sume más docentes para abarcar a más grupos reducidos. Ajeno a estos planteos, el Gobierno porteño sigue con su estrategia de publicitar el regreso a clases: el jefe de Gobierno envío una carta a las casillas de correos de las familias para informarles qué día les corresponde volver, según el diseño escalonado que hicieron.

Consultados por este diario, ante el reclamo de distintos colectivos de la comunidad educativa, desde el Ministerio de Educación porteño aseguraron que no hay cambio de fecha y que "están garantizadas todas las condiciones sanitarias. Trabajamos durante meses en un proceso de diálogo con más de 2 mil familias, 7 mil docentes, 15 ONGs y los 17 gremios para acordar las pautas y los protocolos para un inicio de clases seguro". Sobre las medidas que tomarán si los docentes se rehúsan a volver en las condiciones que se plantearon, respondieron que "los docentes que estén exceptuados por ser grupo de riesgo podrán trabajar desde su casa. A los que no se presenten sin justificativo se les descontará el día".

A la movilización que implicará el retorno de todo el sistema educativo porteño (se calcula, grosso modo, un millón de personas que impactarán en buena medida sobre el transporte público), hay que sumarle un nuevo anuncio que hizo el Gobierno porteño: también reabrirán los Centros de Primera Infancia (CPI) porteños con actividades presenciales en la misma fecha: 17 de febrero. Según informó el Ministerio de Desarrollo Humano porteño, "hay 75 CPIs en la Ciudad con 8.456 inscriptos para este año y más de 1.300 trabajadores y trabajadoras que retomarán las actividades presenciales". Advirtieron que funcionarán con un formato reducido de cuatro horas "utilizando salas y espacios comunes dentro de los CPI que cumplan ventilación adecuada y con todas las recomendaciones del Ministerio de Salud".

En tanto, el Gobierno porteño intentó frenar el frente judicial. La ministra Acuña había dicho: "Nuestra intención es que empiecen las clases. Si eso implica que nos cite a 100 audiencias, iremos a 100 audiencias".  El ministro Quiros aseguró que "estamos dispuestos a explicarle a la Justicia en detalle la información técnica". Luego, hicieron todo lo contrario.  Además de recusar al juez Gallardo utilizando como parte de los argumentos una fake news, presentaron un nuevo escrito en el que pidieron suspender la audiencia judicial. Se lo presentó a la jueza Paola Cabezas Cescato, que quedó a cargo del expediente mientras se resuelve la recusación. 

¿Cuál fue la razón para pedir que no se haga la audiencia? El escrito indica que "Gallardo citó con carácter personal e indelegable, a la Sra. Ministra de Educación y el Sr. Ministro de Salud, en vísperas del comienzo del ciclo lectivo 2021 y en plena pandemia. Su citación a la audiencia designada importa suspender compromisos ya asumidos con anterioridad a la designación de dicha audiencia". Es decir, que tienen problemas de agenda y no pueden ir. En caso de que la nueva jueza decida seguir adelante con la audiencia, pidieron que "se autorice a concurrir a la misma a los funcionarios que los Ministros a tal efecto designen y que la misma se desarrolle solo con la presencia de las partes, esto es, actor y demandando". O sea, sin los gremios docentes.

También sostuvieron que le aportaron a la jueza "los informes que dan cuenta de las acciones implementadas para desarrollar los testeos al personal docente y no docente", razón por lo cual consideraron que "la causa se ha tornado abstracta". A su vez, indicaron en el escrito judicial que "debe destacarse que no existe ninguna norma o reglamentación que exija a mi mandante realizar los testeos en cuestión".

No obstante, a la prensa entregaron un comunicado desde el Ministerio en el cual sostuvieron que "se ha elaborado procedimientos para el testeo de docentes y no docentes. Desde el 8 de febrero se realizarán testeos rápidos y sistemáticos a todos los trabajadores del sistema educativo, tanto privado como público, independientemente de su tarea. Para llevarlos adelante, la Ciudad contará con tres dispositivos que estarán ubicados en La Rural, la Usina del Arte y la Sede de la Comuna 7. Con el objetivo de que los testeos se desarrollen de manera ordenada, serán implementados por medio de un sistema de turnos". No dieron mayores precisiones sobre cómo se hará para testear a la totalidad de los trabajadores de la educación porteña -son más de 50 mil- una vez cada 15 días.