En octubre de 2017, sobre el cierre del 32° Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries en Chaco, grupos de varones de la derecha ultracatólica atacaron con palos, piedras y cuchillos a las que comenzaban a retirarse. Fue una cacería que continuó en la terminal de ómnibus y en las puertas de los hospitales donde recibieron a las heridas. El nombre de la jueza de feria que suspendió la vigencia de la Ley de IVE en la provincia, Marta Aucar de Trotti, y los de quienes presentaron la cautelar de no innovar, resonaron en esa jornada, sea por mirar con simpatía el odio machista desplegado, sea por considerárseles a algunos de ellos instigadores directos, como la escribana y ex diputada antiderechos Clelia Ávila. Cosas de la vida o de un sistema penal en loop, hacia la misma época la jueza Karina Zucconi descollaba en los tribunales, quizá por la vidriera que da la Ciudad o quizá porque le tocó asomar la testa en procesos mediáticos como los de Lucila Yaconis y de Marianela Rago, o por esa emergente obstinación en no investigar con la debida diligencia delitos graves, como el abuso sexual en Balvanera de una migrante venezolana, que intenta recuperarse de las lesiones y el pánico que le metieron en el cuerpo su violador, increíblemente libre, y la mismísima Zucconi, que lo excarceló. La magistrada es experta en desestimar obligaciones jurídicas que implican las violencias de género y en descompensar a las madres de las víctimas. Isabel Yaconis recuerda que se negó a sus ruegos para que les tomara muestras de ADN a diferentes sospechosos por el intento de violación y asesinato de Lucila. Se encaprichó con no incriminar a Francisco Amador, el ex novio de Marianela, por su femicidio, y lo sobreseyó cinco veces entre 2013 y 2018, hasta que la fiscal Marcela Sánchez logró que la Sala VI de la Cámara del Crimen lo procesara por el crimen. Quebró de dolor a Thais, la madre de la joven venezolana, cuando aquélla se enteró de que Irineo Garzón Martínez, el imputado por el abuso sexual agravado por acceso carnal, obtuvo una libertad con destino incierto, porque para Zucconi no hay peligro procesal ni riesgo de fuga. La intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Ufem) y de la fiscal Silvana Russi intentan reparar los daños acumulados. En sus exposiciones, la titular de ese organismo, Mariela Labozzetta, suele remarcar que les magistrades no pueden vivir escindides de este mundo, que deberían reflexionar sobre cuál es su propia función y sobre qué mensajes dan a la sociedad. “Se debe incorporar perspectiva de género y tratar de construir un sentido que no está dispuesto a sostener las violencias ni a un sistema conservador de Justicia”.

Las cartas de estos atentados teñidos de legalidad fueron echadas para obturar y vulnerar toda posibilidad de futuro. Aucar de Trotti es insumo vitalicio, crucifijo incluido, de una Justicia patriarcal y misógina, que toma con astucia cualquier párrafo difuso de la Constitución para tutelar el derecho a decidir. Tampoco hay que ser ingenues, están próximas las elecciones legislativas y los sectores anti con personería jurídica buscan tener presencia parlamentaria. “El Gobierno debería cortar de raíz esos ataques a la Ley de IVE”, dice una fuente judicial que sólo les augura fracasos y que traduce las alarmantes intervenciones de Aucar de Trotti y Zucconi, cada una en su especificidad, como ejemplos de un engranaje que genera zonas de discriminación, retrasa a conciencia principios de supremacía constitucional y desprecia las subjetividades. “Tienen como denominador común el procedimiento restrictivo de un sector muy identificable del Poder Judicial”, sostiene la diputada nacional Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujer y Diversidad de la Cámara Baja. “La autonomía y los privilegios de ese sector, con sus comportamientos y manejos, hace que ciertos aspectos de una democracia plena se vean impugnados de modo arbitrario por un juez o una jueza.” Macha habla de un poder residual, “con restos monárquicos, que una y otra vez en distintos temas que amplían derechos buscan ser quienes vuelven a poner los límites de una sociedad conservadora, clasista y machista”. El lunes, grupos antiderechos llenaron de cintas celestes las rejas del hospital Perrando, en Resistencia, para confinar los registros de indicadores graves del embarazo en niñas de entre 10 y 14 años. “Estos comportamientos del sector judicial contra la autonomía de mujeres y diversidades buscan restablecer su voz de mando, su voz normativa. No soportan que hayamos logrado la libertad de decir por nosotras mismas”, subraya.

Si es “un comportamiento típico de las corporaciones, insistir en su tutelaje”, que infiere la diputada, ¿cuánto falta para comprender qué significa juzgar con perspectiva de género? “No es solamente que haya juezas mujeres. Por el contrario, mujeres y varones en la Justicia en todos los cargos tienen la obligación de aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia”, explica la abogada feminista Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “¿Y cómo se construye? Se trata de interpretar los hechos, las pruebas, de buscar material probatorio y de aplicar el derecho de una manera libre de estereotipos, de prejuicios y de sesgos por razones de género. Sin duda esto implica escuchar a las víctimas, a las protagonistas de las acciones judiciales, libres de diferentes expresiones de discriminación”, advierte. “Hay muchos ejemplos, como éstos y otros, donde todavía se mira a las víctimas con desconfianza o se ignora el impacto que las decisiones tienen en diferentes grupos de mujeres, niñas, adolescentes, personas con diversas identidades de género que van a ser alcanzadas por esas decisiones, y cuyas vidas pueden ser transformadas de manera definitiva.”

Aplicar la perspectiva de género en el acto de juzgar, asume Gherardi, no es una concesión a mujeres y diversidades ni es opción. Es una de las obligaciones que el Estado argentino tomó ante la comunidad internacional y en base al principio de igualdad que contempla la Constitución. “Es tratar a todas las personas con la misma dignidad y respeto. Para eso hace falta aplicar la perspectiva de género en la administración de justicia, y no hacerlo no debe pasar inadvertido. Es parte de la rendición de cuentas que la Justicia le debe a la sociedad. Y que también haya una rendición de cuentas respecto de esas actuaciones que están todavía plagadas de estereotipos o de discriminación, o de ignorancia del derecho.”

No hay que tener horas cátedra para observar el desdén, las respuestas tardías, el fastidio que les provoca escuchar a las víctimas en razón de su género, el autoritarismo de decidir por las elecciones de otres, los argumentos heteropatriarcales deplorables, las discriminaciones por pobres o negres, la criminalización o revictimización de las mujeres por el sólo hecho de serlo. Es el pisoteo de los derechos en el mismo lodo, todos manoseados, se trate de una señoría blanca chaqueña en contra del aborto o de una citadina indulgente con las dominaciones machistas que someten y lastiman. El “punto grueso”, como señala Raquel Gutiérrez Aguilar, es que “les dominades saben más del dominador que al contrario” y que, al cabo, la opresión como ejercicio de poder no está principalmente en la fuerza del no, sino en esa “múltiple, difusa, continua e intangible serie de prescripciones de aquello que socialmente es una mujer”.