En el marco de un recurso de amparo de trabajadores del call center Hey Latam por sueldos adeudados, la Justicia laboral dispuso un embargo preventivo de 3,6 millones de pesos sobre cuentas de las empresas Contact Center y Key Markets. Para la abogada Celina Tidoni se trata de "una respuesta judicial importante" en la lucha de unos 300 trabajadores que lograron "un resguardo sobre los derechos por los sueldos de diciembre y el aguinaldo adeudados". Además, destacó que la medida es "sobre las dos empresas", ya que "están vaciando una para hacer otra". Según indicó, ahora "la clave es seguir peleando para que los y las trabajadoras cobren", y por los puestos laborales.

El conflicto involucra a trabajadores jóvenes, estudiantes y hasta madres jefas de hogar. "No nos resignamos a perder la fuente laboral, donde actualmente nos encontramos imposibilitados de cubrir gastos básicos como alimentación o vivienda porque no nos pagan y nos deben el sueldo desde diciembre", dijeron en un comunicado. Lucía, una de las trabajadoras, lamentó la postura de la empresa que puso condiciones para pagar en cuotas lo adeudado. "La empresa tiene la plata para pagar, así que no hicimos caso a esa negociación para que levantemos los reclamos por los puestos de trabajo. Hay madres con hijos que no saben cómo hacer para darles de comer. Nos vamos amuchando en departamentos, porque no podemos pagar un alquiler. La situación es insostenible", aseguró.

La jornada comenzó con una concentración en las escalinatas del Tribunal, donde se realizó la audiencia tras la presentación para que la empresa abone el aguinaldo y el sueldo de diciembre. "Las y los trabajadores, junto a representantes del empresario Martín Stauffer fuimos citados al juzgado. Al igual que lo que hicieron en el Ministerio de Trabajo, donde desoyeron los pedidos, las intimaciones y desacataron las multas, la empresa no pagará lo adeudado, a pesar de que la plata está y quieren darla solo si bajamos nuestro reclamo por los puestos de trabajo: un verdadero chiste que busca extorsionar nuevamente a los trabajadores", expresaron al término del encuentro sobre lo que consideraron "inadmisible".

En ese sentido, reprocharon que "el empresario, habiendo recibido todo tipo de ayuda estatal como el ATP, hoy no paga los meses que ya trabajamos y desde Miami se sigue mofando de que 301 familias seguimos en la calle. Denunciamos una política de fraude y vaciamiento ya que bajo la empresa Hey Latam operan dos firmas, Contact Center, de la cual somos empleados, y Key Market, que sigue funcionando en el mismo edificio", dijeron sobre el lugar frente al cual sostienen un acampe hace más de 60 días. 

Según la presentación judicial, desde el 30 de noviembre pasado, el grupo de trabajadores tiene los usuarios bloqueados para prestar servicio. La situación de la deuda, generada desde diciembre, derivó primero en la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, pero ante los incumplimientos de la empresa, se inició el recurso judicial que fue presentado la semana pasada, por el que ayer se hizo la audiencia en el juzgado laboral a cargo de Paula Calace, con una movilización en los Tribunales Provinciales. "Contac dice que hizo un pedido de quiebra, que no puede pagar, pero la realidad es otra", aseguró Tidoni.

Al hacer un resumen, la abogada recordó que la firma "Contac Center, durante la pandemia, suspendió trabajadores, un sector siguió en teletrabajo y se organizaron. Se despidió a dos trabajadores --en plena vigencia del decreto nacional contra los despidos--, de los cuales uno de los casos se resolvió favorablemente y otro está en trámite. Ante el planteo actual por lo adeudado, la respuesta judicial es importante", dijo tras la audiencia de ayer.

En cuanto al pedido de que se baje el reclamo por parte de la empresa recordaron "que, como determinó la jueza Silvia Castelli --días atrás cuando la empresa denunció penalmente el acampe--, nuestras medidas de lucha son parte de un conflicto laboral, no son un delito, y son nuestro único camino para volver a trabajar y tener un plato de comida sobre la mesa". En el comunicado, agregaron: "Con maniobras fraudulentas intentan quebrar una firma para no pagar aportes jubilatorios, sindicales y salarios a las y los trabajadores que nunca dejamos de trabajar durante la pandemia, dejarnos en la calle y flexibilizar en la otra firma del mismo grupo. El Ministerio durante el 2020 le rechazó un Preventivo de Crisis, lo cual demuestra la inexistencia de la crisis que alude la empresa para atacar de manera ilegal nuestros derechos. Las y los trabajadores, más que nunca sumamos fuerzas, seguimos reclamando por los 300 puestos laborales; exigiendo respuestas, que se tomen cartas en el asunto contra el intento de quiebra fraudulenta que impulsa la patronal con un lock out hace dos meses; y que los distintos niveles del Estado den respuesta para la continuidad laboral", expresaron.