El crecimiento de la economía este año superará con comodidad la proyección oficial de 5,5 por ciento que figura en el presupuesto. La recuperación del PIB será del 6, el 7 y hay funcionarios en el gabinete económico que estiman que podría llegar al 8 por ciento con un poco de viento a favor y un buen acuerdo con el FMI. El optimismo parte de un dato que se conoce ahora y que era una incógnita cuando se elaboró el Presupuesto: cuánto cayó la economía el año pasado. La proyección era de una baja del 12,1 por ciento, pero finalmente la contracción se ubicará entre 9,6 y 9,8 por ciento, lo que sigue siendo una cifra impactante, aunque menor al 10,9 por ciento que retrocedió el PIB en 2002, año que conservará el record de ser el peor de la historia económica reciente.

La diferencia entre lo presupuestado y lo que finalmente será el resultado de 2020 deja un mejor arrastre estadístico para este año. Sin hacer nada, solo manteniendo el nivel de actividad de diciembre, la economía crecería 5,3 por ciento en 2021. La expectativa en el Palacio de Hacienda es que las cosas irán mejor que eso, como ya se observa en los primeros indicadores de enero, y por eso toma cuerpo la idea de que la economía se subirá a la escalera del 6, 7, 8.

El rebote es en forma de V sobre todo para la industria y la construcción. Eso tiene ventajas en materia de empleo y, en consecuencia, de suba de la masa salarial, lo que a su vez traccionará al consumo interno y el comercio, el otro gran generador de puestos de trabajo, prácticamente a la par de la actividad fabril. Esparcimiento, turismo y gastronomía siguen dependiendo de la evolución de la pandemia y la posibilidad de abrir actividades. La aguda crisis en esos rubros le agrega a la V una flecha hacia abajo, para transformarla en una K. De todos modos, el balance final del PIB seguirá siendo positivo en el rango mencionado anteriormente.

El mayor riesgo para ese cuadro de situación es que la segunda ola de contagios de coronavirus que se anticipa para abril sea muy superior a lo esperado y obligue al cierre masivo de actividades. No es la hipótesis principal en el Gobierno, sino que hay confianza en que los avances en la campaña de vacunación permitirán mantener en funcionamiento los sectores que ya están activos.

El otro elemento clave que marcará el resultado del año es la negociación con el FMI. Dentro del organismo hay miembros del staff y directores de países europeos que consideran que la Argentina debería reducir el desequilibrio fiscal de manera más acelerada de lo que está proponiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Las conversaciones que viene manteniendo Alberto Fernández con presidentes de distintas naciones buscan vencer esas resistencias. El Presidente expone cuál es el plan del gobierno para rescatar la economía y generar condiciones de pago al organismo y a los acreedores internacionales dentro de cuatro años.

El desembarco de David Lipton como asesor de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, generó cierta preocupación en los negociadores argentinos, dado que Lipton, como ex número dos del FMI, fue uno de los gestores del acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno de Cambiemos y se lo considera un duro en materia fiscal. De todos modos, el gabinete económico ve posible concluir las negociaciones antes de mayo y supone que, con el acuerdo cerrado, se terminará de despejar el panorama financiero y cambiario para este año y se consolidará la reacción de la economía.

En ese escenario, el dólar empezará a utilizarse como ancla para contener la inflación. Hasta entonces el ritmo de aumento en la cotización de la divisa será el que se viene observando desde comienzos de año, con una suba hasta el momento del 3,7 por ciento y un alza de la inflación que sería levemente superior. El objetivo del gabinete económico es que el tipo de cambio acompañe la suba de precios en el balance anual, pero el ritmo será más intenso en el primer cuatrimestre y retomará impulso en los últimos meses del 2021, una vez que pasen las cruciales elecciones de octubre (o noviembre, como resta definir en las próximas semanas). En el período más intenso de la campaña y la disputa electoral, el billete verde se movería más lentamente y ayudaría a disminuir las presiones inflacionarias.

Igualmente, la meta de un alza del IPC de 29 por ciento en el año parece difícil de alcanzar, según admiten los propios funcionarios. Pero sí manifiestan confianza en que se logrará una baja respecto del 36,1 por ciento de 2020. En ese caso, será clave que las paritarias establezcan cláusulas de revisión a fin de lograr el promocionado objetivo de que los salarios le ganen a los precios. Es lo que ocurrió con el acuerdo de los trabajadores bancarios. Este viernes había satisfacción en el Gobierno por el gesto de confianza de ese gremio, que suele conseguir aumentos por arriba de la inflación. Aceptó cerrar en 29 por ciento, con cláusula de revisión, y le dio crédito a la estrategia oficial de acomodar la economía en torno a ese parámetro.

Una economía en crecimiento, con el dólar bajo control y el riesgo país debajo de los 1000 puntos –actualmente se ubica en 1445-, luego de haber cerrado con el FMI, mejoraría las posibilidades electorales del oficialismo.

Esta semana se pudo observar que la posibilidad de concretar transformaciones estructurales no solo depende de la voluntad política. La cautelar que concedió el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, un magistrado con antecedentes de fallos a favor de sectores concentrados, como el del famoso rebalanceo telefónico en 1997 o el que benefició a Fibertel en 2010 en otra pulseada clave con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora con una decisión contraria a la regulación de tarifas en telecomunicaciones por parte del Estado, puso en evidencia la necesidad del Frente de Todos de ampliar su fortaleza política con un triunfo claro en las próximas elecciones. La economía, se esperanzan en el Gobierno, esta vez jugaría a favor.