Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina expresamos nuestro repudio a la sucesión de hechos represivos que se vienen dando en los últimos días contra los trabajadores y el pueblo en creciente cantidad, arbitrariedad y violencia. Más allá de las argumentaciones con las que los funcionarios de turno intentan justificar cada agresión, amplificadas por sus voceros mediáticos, señalamos que se trata de una política general impulsada y ejecutada por el gobierno nacional, incompatible con la plena vigencia de un estado de derecho.
En el último mes podemos señalar la salvaje razzia en la Ciudad de Buenos Aires contra distintas mujeres que habían permanecido cenando o circulando en las inmediaciones una vez terminada la gran manifestación del 8 de marzo; el ataque policial en Lanús contra el merendero del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE); la detención arbitraria de la militante de La Garganta Poderosa, Micaela Brambilla, por cuestionar la detención de un menor de edad; el violento operativo en la ciudad de Rosario del Comando Radioeléctrico contra un barrio de la comunidad indígena Qom; las represiones contra los manifestantes en Panamericana y Puente Pueyrredón en el marco del Paro General del 6 de abril; el operativo de desalojo en el barrio porteño de Pompeya de los obreros de AGR‑Clarín y la represión en Congreso contra los docentes que montaban la Escuela Itinerante, la nueva Carpa Blanca.
Esto se suma a las denuncias de organismos de derechos humanos en relación al incremento desde el inicio del gobierno macrista de detenciones arbitrarias en la vía pública, entre otras prácticas autoritarias ejercidas contra pobres y jóvenes en particular; y la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala.
Demandamos a todos los niveles y poderes del Estado ‑en particular al ejecutivo nacional‑ que cesen inmediatamente con esta política represiva y nos pronunciamos por la defensa de los derechos democráticos de libertad de expresión, huelga y protesta reconocidos en la Constitución Nacional.
