La directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, María José Castillo propone la creación de una Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional en Salta que esté integrada por los tres poderes del Estado.

Castillo explicó a Salta/12 que busca instalar dicha mesa, para que pueda estar integrada por organismos nacionales y provinciales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las áreas gubernamentales de derechos humanos y de ambiente, legisladores nacionales, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, la Procuración y la Secretaría de Asuntos Indígenas. Aclaró que esa mesa es algo a conformar todavía, por ahora hay un acuerdo con la Procuración y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

La funcionaria se reunió con el procurador Abel Cornejo para impulsar la implementación de un protocolo que tienda a evitar la criminalización de las familias campesinas e indígenas ante conflictos territoriales y capacitar a fiscales y jueces en los derechos que amparan a estos colectivos.

El Ministerio Público Fiscal informó que en la reunión se habló de que la Mesa sea el canal de generación de políticas públicas a través de la cual se atenderán conflictos campesinos, con comunidades originarias y también urbanas. Mediante el diálogo entre instituciones, los pueblos, comunidades y posibles titulares registrales en conflictos se pretende alcanzar "un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes". 

La finalidad de estas iniciativas es que “no se criminalice, que no se desaloje cautelarmente, que se tienda a garantizar la posesión y propiedad comunitaria indígena y la posesión y propiedad tradicional de los pueblos campesinos” explicó Castillo.

Desde la Mesa de concertación se pretende que surja “la capacitación en derechos territoriales de los pueblos indígenas y campesinos, en el marco legal vigente a nivel internacional, nacional y local” y que los destinatarios de esta formación sean operadores judiciales, fiscales penales, jueces y juezas, que intervienen en procesos vinculados a conflictos territoriales.

“Una vez que terminen estas capacitaciones, se busca establecer un protocolo de actuación que evite que se agudice el conflicto a partir de la intervención penal y que ese protocolo establezca cuáles son los pasos a seguir en caso de que haya denuncias o acciones que vinculen a los pueblos indígenas campesinos en sus territorios”, sostuvo Castillo.

La directora de Arraigo Rural y Tierras destacó que en el caso de los pueblos indígenas están suspendidos los desalojos y en los que respecta a los pueblos campesinos de Salta, también.

La Ley 26.160 declara la emergencia territorial de las comunidades originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas. 

Mientras que la Ley 27.118 declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

“En las conversaciones que se vienen realizando con el procurador, como con otras instituciones y poderes del Estado tanto provincial como nacional se viene acordando esta idea de la mesa y de la elaboración del protocolo”, detalló Castillo.

En el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, Castillo explicó que ya están implementando un protocolo de actuación ante conflictos territoriales. Pretenden realizar “una intervención coordinada de las instituciones con pertinencia en la materia y que las intervenciones puedan acercar soluciones alternativas a la penalización, la criminalización de familias campesino-indígenas”